¿Cuánto vale el medioambiente chileno? Una pregunta difícil de contestar. Más todavía si se considera que no existe una valoración económica de los diferentes ecosistemas del país. Con esa pregunta en mente, expertos e instituciones han intentado ponerle un precio al territorio nacional. Ya existen algunas aproximaciones. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile sitúa el aporte a la economía de los 14 millones de hectáreas de áreas protegidas chilenas en 2.048 millones de dólares al año. Por Antonieta de la Fuente.

 

  • 9 agosto, 2011

 

¿Cuánto vale el medioambiente chileno? Una pregunta difícil de contestar. Más todavía si se considera que no existe una valoración económica de los diferentes ecosistemas del país. Con esa pregunta en mente, expertos e instituciones han intentado ponerle un precio al territorio nacional. Ya existen algunas aproximaciones. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile sitúa el aporte a la economía de los 14 millones de hectáreas de áreas protegidas chilenas en 2.048 millones de dólares al año. Por Antonieta de la Fuente.

 

Como uno de los países que albergan la mayor cantidad de agua dulce después de la Antártica y vastas hectáreas de bosques nativos de más de mil años de antigüedad, Chile posee un valor económico innegable en su naturaleza. Pero, ¿cómo se cuantifica eso en dinero? ¿Cuántos millones de dólares pierde el país cuando se intervienen sus ecosistemas? ¿Cuáles son los números detrás de un glaciar, un bosque de alerces o del cauce de un río? Hasta ahora, la respuesta a muchas de esas preguntas parece quedar en el aire. La valorización del territorio nacional desde el punto de vista de la biodiversidad es un tema pendiente para la economía chilena.

Aunque ha habido intentos por ponerle un precio a los diversos ecosistemas que subsisten en el país, hasta ahora no existen un criterio o una metodología única para determinar el aporte de éstos a la economía nacional. El director ejecutivo del Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa, está trabajando en eso. Junto a un equipo de doce personas acaba de editar un libro que es una primera aproximación a la valorización económica de los recursos naturales chilenos. El estudio clasifica los ecosistemas que existen en las áreas protegidas nacionales y los bienes y servicios que éstos entregan a los habitantes del país, de manera de poder otorgarles un valor. Los resultados del documento arrojan que el aporte del medioambiente de las áreas protegidas de Chile a la economía nacional es de 2.048 millones de dólares al año. Sin duda, un avance importante en la tarea de lograr que los temas medioambientales entren en los análisis de los grandes proyectos de inversión.

Figueroa explica que, al no transarse en el mercado, los activos medio ambientales que posee el país no tienen un precio conocido, lo que implica que muchas veces no sean considerados en los análisis económicos de los proyectos que intervienen esos sistemas. “Lo más sencillo es no tomarlo en cuenta, que es lo mismo que decir que su valor es igual a cero. Y eso lleva a malgastarlo y destruirlo. El resultado es que, a todas luces, estamos haciendo un mal uso de estos recursos”, afirma el académico.

El libro se enmarca en un proyecto desarrollado por el ministerio de Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), para diseñar e implementar un Sistema Nacional Integral de Areas Protegidas para Chile que sea financieramente sustentable.

Cálculos naturales

Ponerle precio a la naturaleza es un proceso complejo. Por eso, Figueroa y su equipo se basaron en el estudio realizado por el Millenium Ecosystem Assessment, que en 2005 clasificó los servicios que diferentes ecosistemas entregan para el bienestar humano. El Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile asignó valores a esos servicios de acuerdo al uso que los seres humanos hacen de éstos, y luego identificó cuáles se encontraban en las áreas protegidas chilenas para asignarles un valor económico. Por ejemplo, para medir el aporte económico de un bosque se tomó en consideración el servicio de purificación y absorción de aguas que producen y luego se proyectó cuánto es el ahorro que una empresa sanitaria que abastece de agua potable a un pueblo tiene por el hecho de recibir agua filtrada y menos turbia, por la acción de este bosque.

Otra metodología para valorizar, por ejemplo, los humedales fue tomar como referencia las variaciones en las primas de los seguros climáticos que contratan los agricultores. Los humedales producen regulación del clima y, por lo general, las zonas geográficas que los tienen presentan eventos climáticos mucho más estables, consiguiendo que –a fin de cuentas– los precios de los seguros en esas áreas tiendan a ser inferiores.

Figueroa explica que se observaron las primas de 200 comunas y, con esa información, se realizó una regresión econométrica para estimar el coeficiente del cambio en el valor del seguro por efecto de la biodiversidad atribuido al cambio climático.

Otro ejemplo, ahora para medir el servicio turístico que aportan los ecosistemas nacionales, se hizo considerando la cantidad de turistas que llegan a Chile o que viajan desde otros sectores del país y que visitan las áreas protegidas. Y se estimó un valor de lo que gastan los turistas en esas áreas.

Así, entre sumas y restas lograron estimar el valor total del aporte económico de los recursos naturales del país. Por ejemplo, que el valor del total de las 2.012 hectáreas de desierto absoluto que poseen las áreas protegidas de Chile alcanza a 22 mil dólares, mientras que las nieves, glaciares y campos de hielo agrupados en el total de 3.213.334 hectáreas de las áreas protegidas nacionales aportan 270,3 millones de dólares a la economía chilena. Sin embargo, Figueroa reconoce que todavía se podrían afinar mucho más las estimaciones… si se contara con mejor información.

No obstante, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, afirma que este estudio es un primer paso muy importante y destaca las conclusiones del documento que apuntan a la necesidad de invertir en información primaria de mejor calidad para afinar las mediciones en las próximas actualizaciones que se hagan de la valorización. Para eso, la ministra dice que incluso se evalúa la posibilidad de tener asesoría técnica de la Cepal para delinear de mejor forma su estrategia a futuro en estos temas. “El documentar el valor que aporta la naturaleza a nuestra calidad de vida implica un cambio de paradigma y eso es un bien para el país. Estamos seguros de que una mejor comprensión y valoración de los servicios ecosistémicos de la naturaleza nos conducirá a fomentar con mayor vigor la importancia de la protección del medio ambiente y de nuestro capital natural”, afirma la secretaria de Estado.

Cuentas pendientes

El estudio de la Universidad de Chile es un primer avance para uno de los temas pendientes del ámbito ecológico que tiene el país: las cuentas ambientales. Y La ministra Benítez admite que su cartera tiene como una de sus prioridades avanzar en el desarrollo de este tipo de medición.

Se trata de un problema que se viene pateando desde hace varios años, luego de que en 1993 el Banco Central decidiera tomar cartas en el asunto y contratar al economista Marcel Claude para que llevara adelante un proyecto de Cuentas Ambientales que cuantificara los efectos de la actividad económica sobre los recursos naturales y el medio ambiente; especialmente, en los sectores minero, forestal y pesquero. Pero la labor del economista fue interrumpida cuando se dio a conocer un preinforme de la industria forestal con resultados que indicaban que la intervención del bosque nativo significaba una pérdida de renta para la economía nacional y que, en un escenario pesimista, al 2020 el país quedaría sin superficie productiva suficiente. Inmediatamente, la industria forestal rechazó el documento y tanto Conama como Conaf restaron peso a las conclusiones. Luego vendría el preinforme de la industria pesquera, que volvió a poner los pelos de punta a los privados, lo que terminó con la intervención del departamento de Cuentas Ambientales del Banco Central y en la renuncia de Claude.

Desde entonces, no se había vuelto sobre el tema hasta que en 2004 reflotó esta necesidad de medir los activos ambientales luego de que estallara el escándalo de la muerte de los cisnes de cuello negro en el humedal Carlos Andwanter, caso por el cual se involucró a la planta Valdivia de Celulosa Arauco. Pero sólo se trató de voladores de luces, porque el tema volvió a entrar en el congelador.

Sin embargo, la ministra Benítez afirma que su cartera está trabajando en la materia. Para eso, dice, el ministerio cuenta con un departamento de Economía Ambiental que tiene como parte de sus tareas el desarrollo de cuentas ambientales y que dará a conocer durante el segundo semestre de este año el primer Reporte Consolidado del Estado del Medio Ambiente, que incluye indicadores y estadísticas ambientales. Así, la idea es ir sentando las bases para lo que más adelante podría llegar a ser una especie de FECU ambiental de Chile, que refleje cómo se mueven los activos y pasivos medioambientales del país.

Se viene el mapa: entregará información, pero no impondrá zonas
El episodio Barrancones de agosto del año pasado, en el cual el presidente Piñera realizó gestiones para pedir la relocalización del proyecto eléctrico a la empresa franco-belga Suez Energy, tuvo sus consecuencias. Una de ellas fue el planteamiento de la necesidad de zonificar el país de manera de conocer las áreas potenciales para futuros proyectos.

El presidente encomendó esa misión al ministerio de Bienes Nacionales, que desde esa fecha viene trabajando en un mapa detallado de Chile que, según adelantaron a Capital, estará terminado en septiembre.

Pero a diferencia de lo que se planteó en un principio, por lo menos en una primera etapa, aclara el subsecretario de esa cartera, Juan Carlos Bulnes, se tratará de un mapa que entregará información para futuros proyectos, pero que no impondrá zonas prohibidas para desarrollos futuros.

“Es una herramienta que no pretende normar todavía el territorio en esta etapa, sino simplemente reflejar en un mapa toda la información territorial. No pretendemos que sea, por lo menos en esta fase, una guía que diga qué zonas pueden tocarse y cuáles no”, explica Bulnes.

A través de este mapa, bautizado como Promap, será posible saber dónde se encuentran ubicadas las áreas de desarrollo indígena, dónde están los recursos hídricos, dónde están la red caminera y los centros poblados, a qué distancia de un determinado punto hay un área silvestre protegida y qué pasa con la zonificación del borde costero, además de toda la normativa asociada a las diferentes áreas.

De esta manera, afirma Bulnes, tanto el sector privado como el público podrán acceder a información actualizada del territorio nacional para, así, tomar mejor sus decisiones a la hora de invertir y levantar grandes proyectos. “Si uno quiere, por ejemplo, construir una carretera eléctrica, es muy útil saber por dónde tengo que trazarla de manera de afectar lo menos posible los parques nacionales, o donde está la mayor cantidad de bienes fiscales para tener que expropiar menos”, expone el subsecretario a modo de ejemplo. Esto no quita, de todas maneras, que hacia adelante se trabaje en una zonificación que imponga restricciones en ciertos territorios.