Quién iba a decir que el sistema binominal consagrado en la constitución de Pinochet iba a ser el camino que pusiera a los comunistas rumbo a la Moneda, justo cuando ese partido cumple 100 años de vida. La necesidad de construir pactos instrumentales y de conseguir votos para la definición presidencial de segunda vuelta, ha definido la política chilena en torno a dos grandes bloques. Todos los incentivos están concebidos para armar estas grandes configuraciones. Fuera de estas coaliciones, nada crece en materia de poder parlamentario, presidencial o municipal.

En ese esquema el Partido Comunista, que en las últimas elecciones municipales obtuvo el 6,4%, se ha transformado en un actor relevante de la política chilena por su capacidad de inclinar resultados. Militan además en sus filas importantes figuras como la actual presidenta de la CUT, Bárbara Pizarro, el dirigente minero Cristián Cuevas y Camila Vallejo, la principal líder juvenil del país. Los comunistas han estado activos en los movimientos sociales estos últimos años poniendo temas acuciantes en la agenda. En otra realidad institucional el PC podría planear su futuro desde una lógica de camino propio, pero esa conducta en vigencia de la dura regla binominal significa condenarse a la total marginalidad.

Tal como ocurrió con el camino de la violencia aguda, que se constituyó en política oficial comunista luego de grandes debates en los años 80, al PC le fue difícil adaptarse al nuevo estadio democrático, dentro del cual ha vivido los últimos veintidós años pese a considerarlo manifiestamente insuficiente. El PC no es un partido de movimientos oscilantes.

Y hoy está en una hora de definiciones. Se busca un amplio acuerdo parlamentario y existe la decisión de incorporar a todas las fuerzas opositoras en una primaria para la definición de la candidatura presidencial. Si aquello ocurre, las orientaciones programáticas se ajustarán a los límites de fuerzas, y a los recursos económicos e institucionales disponibles en el país, continuando la tendencia socialdemócrata de los cuatro gobiernos de centro izquierda anteriores, poniendo el acento en materias de igualitarismo social, derechos ciudadanos y reformas políticas en la búsqueda de una nueva constitución. Razonablemente el programa de gobierno, es decir el modo específico en que estas tareas tendrán lugar, será responsabilidad del candidato o candidata que triunfe en las primarias.

Lo que está en discusión es si el PC debe o no ser parte de un futuro gobierno de la oposición. Los críticos plantean dos dudas: la primera tiene que ver con su capacidad de aceptar los compromisos y deberes de Estado versus las demandas y acciones de la movilización social. Pero la verdad es que ese es un falso dilema porque todo el sistema político está rodeado por corporaciones que representan grupos de interés que se movilizan de distintas maneras. Unos a través de acciones callejeras (las ha habido también de grupos empresariales agrícolas de derecha), mediante el control de medios de comunicación, o de iniciativas de presión gremial de la naturaleza más diversa. Es simple, todo el mundo presiona todo el tiempo. Pero ya sea por la vía de la negociación, de la persuasión, del control del orden público, de medidas regulatorias, el sistema intenta proteger el bien común. Y en general lo logra. Por tanto no es difícil imaginar que, en esta disyuntiva, la actitud del PC vaya a ser resuelta más bien en favor del estado de derecho que de un hipotético caos revolucionario.

El segundo punto es doctrinario. Tiene que ver con temas tales como la aceptación del PC respecto del valor universal de los derechos humanos y del mercado. Pero el silencio nacional respecto del estatus de los derechos humanos y la economía en China, en un país chinodependiente como el nuestro, transforma esta discusión en un tema de plausible consideración teórica pero de difícil tratamiento práctico. En la Concertación existe un evidente acuerdo respecto a la necesidad de reformas democráticas en Cuba, pero es indudable que no son los temas de la relación de nuestra nación con la isla los que impedirán un nuevo pacto electoral con el PC. En especial si éste replica al exitoso acuerdo municipal reciente y los arreglos parlamentarios anteriores.

El problema no es la vocación de gobierno del PC o que las consideraciones doctrinarias de los incumbentes, independientemente de que éstas se discutan profundamente, sean lo que trabe un acuerdo. Sus dificultades están en los escasos beneficios que un sistema de tan pocos premios como el binominal, en una realidad de gobiernos de breve duración, pueda entregar a todos los concernidos en estos pactos. Allí está el verdadero dilema. Aquel que puede terminar, todo lo demás constante, con el PC dentro o fuera del palacio de gobierno.