Viendo lo debilitado que quedó el gobierno de Cristina Fernández en Argentina tras la disputa con el campo, cuesta creer que la mandataria sólo lleva ocho meses en el poder y que todavía le quedan más de tres años… Lo cierto es que el episodio marcó un antes y un después, y que en el tablero del poder argentino son varios los que están conquistando casilleros.

  • 6 agosto, 2008

Viendo lo debilitado que quedó el gobierno de Cristina Fernández en Argentina tras la disputa con el campo, cuesta creer que la mandataria sólo lleva ocho meses en el poder y que todavía le quedan más de tres años… Lo cierto es que el episodio marcó un antes y un después, y que en el tablero del poder argentino son varios los que están conquistando casilleros.

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El cuadro que vive Argentina es paradojal. Sí, porque la sensación ambiente es de crisis, pese a que el país está lejos de una situación como la hiperinflación de 1989 o el corralito de 2001, y a que –ya sea por efecto rebote o lo que sea– la economía está creciendo con rapidez.

Hablamos por cierto de una crisis política, la que entre otros antecedentes exhibe como gran evidencia que la popularidad de Cristina apenas ronda el 20%, pese a que ganó las elecciones hace diez meses con 45% de los votos y a que la oposición no ha logrado reagruparse. Todo indica que los argentinos finalmente se cansaron del estilo autoritario de los Kirchner.

La derrota parlamentaria del proyecto de ley con el que se pretendía legitimar un impuestazo al agro sumió al gobierno en el caos. El ex presidente Néstor Kirchner hasta habló de una renuncia: “los que gobiernan son los que ganan y nosotros perdimos. Tenemos que irnos”, habría dicho tras la votación en un Senado donde se supone que tiene mayoría.

¿Cómo es posible? Explicaciones hay muchas, desde complicadas teorías de la conspiración como la planteada por el líder piquetero kirchnerista Luis D’Elía –quien acusó al ex presidente Eduardo Duhalde de querer desestabilizar al gobierno con un golpe económico– hasta otras lecturas más simples: los argentinos se cansaron del estilo autoritario de los Kirchner.

Como sea, lo cierto es que en el tablero del poder trasandino son varios los que están avanzando casilleros.

 

Los errores

Después de la maratónica jornada en el Senado el 17 de julio, cuando el voto del vicepresidente Julio Cobos echó por tierra el proyecto de retenciones móviles, el consenso es que algo tiene que cambiar. Y ese algo –dicen en distintos foros– es el estilo arrogante con que gobierna la pareja presidencial, posiblemente con un menor protagonismo del ex presidente Kirchner. Pero se ve difícil que cambie un modelo de conducción que le ha servido por más de 20 años.

El analista político Manuel Mora y Araujo plantea que el gobierno de Kirchner encontró problemas desde el comienzo en su relación con el agro, los que empezaron con los impuestos a las exportaciones decretados en 2002. No olvidemos que Kirchner asumió en medio del caos institucional, en un país que tuvo tres presidentes entre Navidad y Año Nuevo y cinco en once días. En ese contexto se dieron poderes extraordinarios al presidente a través de una ley de emergencia económica, aún vigente, que permite que el Ejecutivo gobierne a punta de decretos. Así, ni siquiera el presupuesto nacional requiere un debate parlamentario.

Puesto el caso en perspectiva, habría que decir que usando esos mismos “superpoderes” fue que Cristina pretendió imponer las retenciones móviles, que en la práctica aseguraban al fisco cualquier ganancia que generaran los aumentos de precios internacionales de los bienes exportables, y con las que quería hacer caja para sostener el actual nivel de gasto. Las retenciones tienen la particularidad de que no son “coparticipables”; esto es, no entran dentro de los ingresos tributarios que el gobierno federal argentino debe compartir con las provincias: pocos gobernadores se habrían jugado por apoyarlas.

Claro que, entre las retenciones del 2002 y las de este año, Kirchner se las arregló para echar a perder seriamente su relación con el campo mediante controles de precios y otras medidas supuestamente orientadas a garantizar el consumo interno. Por ejemplo, el “encaje productivo”. Se peleó sucesivamente con los productores de carne, los de leche y los de granos. Se había escapado la soya, ya que la demanda interna es relativamente menor. Cristina heredó estas relaciones deterioradas. Y al final la soya también entró al saco y eso fue la gota que rebalsó el vaso.

El sector agrícola sorprendió con una protesta muy activa, bloqueando caminos y movilizando a la población rural. Pensando en que el público no toleraría el desabastecimiento y recurriendo a su manido discurso contra la “oligarquía”, los Kirchner se plantaron como el Robin Hood que obligaría a los ricos a compartir sus ganancias. Nunca imaginaron que la imagen de un puñado de terratenientes descontentos daría paso a la de un sector clave para la economía argentina, que da empleo a casi 30% de la población activa. Se difundió la idea de un sector productivo moderno, eficiente y organizado y con una percepción mucho mejor que la que el gobierno creía en la opinión pública. Y el movimiento no sólo prendió en el campo: también la clase media urbana se subió al carro.

 

 

¿Existe la oligarquía agrícola?

Néstor Kirchner celebró el triunfo sobre la oligarquía cuando la Cámara de Diputados aprobó las retenciones en un primer trámite. La idea alude a la distribución de la riqueza con equidad, un concepto básico del peronismo.
El gobierno intentó revivir la imagen de un patrón de fundo que da órdenes desde lejos, incluso desde el extranjero, y se enriquece mientras el resto de la sociedad no comparte la bonanza.

En Argentina hay propietarios de grandes extensiones. Según la prensa transandina, que cita un estudio de Eduardo Azcuy Ameghino, director del Centro de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el grupo Cresud, de la familia Elsztain, tiene 400.000 hectáreas propias; Adecoagro, de George Soros, tiene 200.000 hectáreas; el Grupo Bemberg, 143.000; el Grupo Werthein, 100.000, y el empresario Gustavo Grobocopatel, aunque sólo es dueño de 17.700 hectáreas, explota otras 100.000 a través de arrendamientos y grupos de productores. Estos grandes actores se dedican, sobre todo a la producción de soya.

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También controlan grandes extensiones Amalia Lacroze de Fortabat (140.000 hectáreas, la mayor parte en la provincia de Buenos Aires), el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas (26.000 hectáreas), familias tradicionales y el líder de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, que posee 2.200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires.

Pero no eran ellos los que estaban cortando las rutas. Es decir, no eran sólo ellos.

Datos

• Argentina es el principal exportador mundial de harina y aceite de soya y el tercero de granos de la oleaginosa. También es el segundo proveedor global de maíz y el cuarto exportador de trigo y de carne.

• Las exportaciones agropecuarias, que en 2007 ascendieron a 29.132 millones de dólares, equivalen a casi 52% de las ventas externas de Argentina. El mismo año, el sector de producción de soya tuvo exportaciones por US$ 13.465 millones.

• El gobierno argentino comenzó en 2002 a aplicar impuestos a las exportaciones agrícolas, conocidas como retenciones, cuya tasa ha ido subiendo de forma escalonada en los últimos años. En marzo de este año, se buscó reemplazar la tasa fija de las retenciones por una variable, vinculada a los precios internacionales y castigando las exportaciones de granos con un factor más alto que el de los productos procesados.

• Antes de iniciarse el sistema de retenciones móviles, la tasa sobre la exportación de soya era de 35%. Un mes después, había subido a cerca de 40%.

• Se estima que los gravámenes a las exportaciones de materias primas (como combustibles y minerales) equivalen a casi 10% de la recaudación tributaria total.

Argentina tiene cuatro grandes asociaciones patronales agrícolas: la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866 y que agrupaba alos grandes hacendados y terratenientes de la época; la Federación Agrícola Argentina, una organización de arrendatarios y pequeños productores rurales creada en 1912 para denunciar los abusos de los terratenientes; las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que desde 1943 reúnen a más de 300 sociedades rurales locales de todo el país, organizadas en 13 confederaciones y federaciones que representan a 109.000 productores agropecuarios, y Coninagro, fundada en 1958 y compuesta por diez federaciones que a su vez reúnen a 120.000 empresas cooperativas agrarias.

Y si bien los intereses de estos grandes suelen ser dispares, la actitud del gobierno galvanizó un frente común, bautizado como Mesa de Enlace. Los líderes agrícolas más visibles en el conflicto fueron Eduardo Buzzi, de la Federación Agrícola Argentina, y Alfredo de Angeli, de la Federación Agrícola de Entre Ríos. Hasta ahora, los agricultores insisten en reunirse como grupo con el gobierno en lugar de hacerlo por asociación.

 

 

¿Y ahora?

Ha pasado algún tiempo desde la votación y el gobierno aún no ha logrado rearmarse. La presidenta se reunió recién el 30 de julio con el vicepresidente Cobos, después de que éste pidiera una audiencia por carta. No hubo una versión oficial del encuentro, pero trascendió que fue fría y que a Cobos le habría quedado claro que no fue un gesto hacia él, sino un esfuerzo del gobierno por transmitir una imagen de normalidad institucional hacia la sociedad argentina, aún desorientada por la magnitud de la crisis. ¿Qué tan frías están las relaciones? Cristina no dejó que le tomaran una foto con su vicepresidente.

Basta recordar que Cobos no es peronista. Llegó al gobierno como parte de una “Concertación Pluralista”, en la que participa un grupo de radicales conocidos como radicales K, al que pertenece Cobos. Tras la votación, es probable que la Concertación siga con los K (peronistas partidarios de los Kirchner), el Frepaso, los socialistas K y algunos independientes.

Las señales de acercamiento del gobierno al campo son escasas. El nuevo ministro de Agricultura, Carlos Cheppi, partió mal: no invitó a las sociedades agropecuarias a su asunción, fue el primer secretario de agricultura en décadas que se negó a inaugurar la muestra anual de la Sociedad Rural e insiste en desconocer la Mesa de Enlace. Su planteamiento es que al derogarse la resolución 125, la que establecía las retenciones, la Mesa de Enlace ya no tiene razón de ser.

Los gobernadores han tratado de desmarcarse del gobierno. El diario argentino La Nación consignaba que el gobernador peronista Juan Schiaretti ventiló sus críticas en público, lo que nunca antes en la era kirchnerista había pasado. Como consecuencia, dice el diario, recogiendo una denuncia del mismo Schiaretti, la provincia de Córdoba fue “castigada” con el no envío de recursos federales, privándola hasta de los fondos necesarios para mantener abiertos los comedores populares.

El nuevo jefe de gabinete, Sergio Massa, comenzó con buenas intenciones, reuniéndose con los gobernadores Daniel Scioli de Buenos Aires, Mario Das Neves de Chubut y Hermes Binner, de Santa Fe. Pero llamó también al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien optó por exigir primero una agenda de temas. No estamos para fotos sociales, fue su postura.

El conteo de los soldados que quedan en las filas debe ser rápido. El gobierno tiene que conseguir ahora la aprobación en el Congreso de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Y ya saben que la cifra que se pague puede causar controversia.

 

 

Los anti-K

En medio del caos, ha comenzado a tomar cuerpo un peronismo anti-K, aglutinado en torno a la preocupación por las elecciones parlamentarias de 2009 y que no quiere que el partido justicialista termine como los radicales en 2001. Bajo el nombre “el peronismo que viene”, Jorge Busti, José Manuel de la Sota, Ramón Puerta y otros desencantados con el proyecto oficial discutirán en un foro cuestiones relacionadas con la Argentina actual y el futuro que viene.

“En la reunión habrá un debate ideológico, se abordará la unidad entre el peronismo y el campo, porque el nuevo actor estratégico del peronismo está ligado a los trabajadores agroindustriales, así como Juan Perón se basó en los obreros industriales”, explicó a El Cronista el dirigente cordobés Julio César Araoz, uno de los organizadores del encuentro.

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Eduardo Duhalde, en tanto, comenzará en estos días un recorrido por el país para brindar una serie de conferencias en las que planteará uno de sus temas predilectos: la implementación de una renta básica solidaria para las personas sin ingresos. Esto, desde el Movimiento Productivo Argentino, que en el papel busca difundir su modelo económico y que en la práctica opera como base para una facción peronista que quiere dar pelea al kirchnerismo. Aunque tiene coincidencias básicas con De la Sota y Busti, en el entorno de Duhalde se dice que no asistirá a la reunión “anti-K” porque no quiere ser tildado de “golpista” por la Casa Rosada.

Pese al temor que todavía inspiran, el mundo para los K ya no será lo que era.

 

 

 

Señales de alerta

El extenso conflicto con el agro le pasará una elevada cuenta a la economía argentina. Los bancos de inversión han recortado sus pronósticos para el crecimiento del PIB en 2008 y el mismo Banco Central redujo la semana pasada sus metas de expansión a 6,5% de 7%, argumentando un menor consumo. El sector privado apuesta a que estará entre 5% y 6%.

Argentina había crecido en torno al 8,5% anual desde 2003. Pero la disputa con el campo no sólo afectó al sector agrícola, sino también llevó la confianza del consumidor a un mínimo de cinco años en junio. Esto, combinado con una inflación elevada y un sistema eléctrico al límite, está socavando el modelo de crecimiento del gobierno, que ha recurrido a controles de precios y suspensión de exportaciones para frenar la escalada.

Además, aunque Argentina aún no sufre un problema fiscal o de financiamiento (tiene superávit primario), los analistas advierten que si el gobierno comete nuevos errores o mantiene su extendida red de subsidios, las cosas pueden complicarse. Cristina batalló por las retenciones con las que esperaba captar unos 2.000 millones de dólares anuales y al mismo tiempo profundizó el sistema de subsidios que permite que los argentinos tengan los menores precios de gas, electricidad y transporte de la región. Cifras de Reuters apuntan a que los subsidios en el área de energía, transporte y alimentos crecieron 65% en el primer semestre a unos 20.341 millones de pesos argentinos (unos 6.650 millones de dólares): una carga pesada para el presupuesto. Los observadores creen que hay que desactivar el sistema antes de que sea demasiado tarde pero, salvo el aumento en las tarifas eléctricas dispuesto en los últimos días de julio, no parece que eso vaya a pasar. De hecho, la decisión de reestatizar Aerolíneas Argentinas, que pierde unos 30 millones de dólares al mes, apunta en la dirección opuesta.

¿Donde esta Macri?

Contra todas las expectativas que generó durante su campaña política, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no ha aprovechado la crisis del gobierno federal para posicionarse como una figura de alto perfil. Pese a ser una figura política fresca y opuesta ideológicamente a los Kirchner, ha pasado inadvertido para la opinión pública en los cuatro meses de conflicto.

Rodrigo Mallea, analista del Centro de Estudios Nueva Mayoría, plantea en una columna reciente que Macri simplemente “se olvidó de la política”.

Macri habría elaborado una estrategia de no enfrentarse directamente a Kirchner, de modo de poder dedicarse a la gestión municipal y presentar sus logros ante el electorado para las elecciones parlamentarias de 2009 y las presidenciales de 2011.

Y no sacó partido de una situación claramente favorable para sus aspiraciones. “Macri era el político que contaba con más ventaja para posicionarse ante un nuevo electorado que en gran medida abandonó decididamente el kirchnerismo: no sólo es una figura que no participó en ningún gobierno anterior sino que a su vez es el único que ocupa –en términos ideológicos– el polo opuesto del gobierno nacional, como hicieron en su momento Alsogaray, Menem, Cavallo, y últimamente López Murphy”, señala Mallea.

Agrega que es poco probable que se le presente otra oportunidad como esta, que no supo capitalizar. “haberse obstinado en su estrategia de bajo perfil y municipalización de campaña cuando la opinión pública clamaba otra cosa fue un gran error”.