Con la rebelión política oficialista, La Moneda enfrenta sus horas más complejas desde el 18-O.
Por: Rocío Montes

  • 10 julio, 2020
El gobierno enfrenta su momento más complejo desde el estallido social del 18 de octubre con la aprobación, el miércoles, de la idea de legislar una reforma constitucional que permitiría a las personas el retiro del 10% de sus ahorros previsionales. Esta vez, se trata de una revuelta política, pero desde el interior de sus propias filas. Son horas de extrema sensibilidad para una administración debilitada desde las protestas de hace nueve meses y cuyos resultados en el control de la pandemia no fueron los esperados por las autoridades. Es un gobierno frágil. Con una seguidilla de elecciones por delante en lo que queda de 2020 y 2021, Chile Vamos no parece dispuesto a inmolarse por un Ejecutivo que en cosa de días se fue quedando solo en la escena sin que lo arrope ni su coalición.
No es menor que haya sido el propio presidente de RN, Mario Desbordes, el que haya abierto la discusión sobre el retiro del 10% luego del acuerdo económico alcanzado por todas las fuerzas políticas, que no consideraba esa medida. El diputado preside un partido que dio 9 de los 13 votos del oficialismo este miércoles y que, desde esta semana, tiene una colectividad quebrada: los diputados que se inclinaron por la línea del gobierno renunciaron casi de inmediato a la bancada de RN en la Cámara. Tampoco Desbordes pudo contener a sus propias fuerzas antes, cuando los parlamentarios Marcela Sabat, Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida promovieron el posnatal de emergencia, una medida que ciertamente complicaba al Ejecutivo.
En lo simbólico, no fue menor el episodio del presidente Sebastián Piñera comprando en la Vinoteca en medio de la pandemia, porque no solo provocó la crítica pública del flamante ministro de Salud, Enrique Paris, sino que una suerte de pérdida de paciencia en los dirigentes oficialistas y en su propia base electoral. El incidente lo dejó, nuevamente, expuesto y como primer blanco a la pregunta sobre los orígenes de los problemas.
Pero lo que terminó incendiando la pradera fue la decisión del gobierno de no vetar la ley que limita la reelección. Provocó la fuerte molestia de la UDI, pero, sobre todo, transversalmente la ira de los alcaldes, porque alrededor de 90 no podrán volver a postularse. Que varios ediles oficialistas se hayan retirado de un grupo de WhatsApp donde participaba el presidente Piñera –un presidente demasiado expuesto, evidentemente–, grafica en parte lo que está ocurriendo con el mandatario, el gobierno y las que se supone que son sus filas que lo deberían respaldar.
Lo que tenemos sobre la mesa es la evidente desafección de las colectividades oficialistas –probablemente por responsabilidades compartidas– y, finalmente, una suerte de abandono. Sobre todo la UDI parece pensar que, si en La Moneda no se cuidó a sus partidos, en este momento no es una obligación que los partidos cuiden a su gobierno. La declaración emitida por el gremialismo donde se critica ferozmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), no tiene prácticamente precedentes en el pasado reciente. Lo responsabilizan por un actuar “errático” y por la incapacidad que ha tenido para manejar adecuadamente determinadas materias, como el control de la seguridad y el orden público.
¿Cuánto espacio le queda a este comité político amenazado? ¿Se decidirá el Presidente a rediseñar un gobierno que se le hace cuesta arriba dirigir los procesos políticos a los que está encomendado en medio de la grave coyuntura?
Al grueso de los parlamentarios oficialistas que aprobó la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de pensiones no solo no les convencieron las nuevas medidas para la clase media que el gobierno puso sobre la mesa a horas de la votación. Se les hizo imposible, sobre todo, olvidar que la propuesta de reforma constitucional tiene un alto apoyo ciudadano (un 83%, de acuerdo a la última Cadem). La oposición, en tanto, busca dar un paso decisivo para que se desmorone el sistema actual a través de una medida que –de acuerdo a expertos de la propia centroizquierda–, es regresiva, no es solidaria y, sobre todo, afectará las futuras pensiones al margen de los cambios que finalmente se lleven adelante en esta materia.
El gobierno enfrentará un duro camino para revertir el apoyo a los retiros de fondos de pensiones en el Senado y, de prosperar, evidentemente superará por mucho los 12.000 millones de dólares previstos por el ministro Ignacio Briones en el plan de emergencia económico alcanzado a mediados de junio con buena parte de la clase política. Se tratará de un acuerdo echado por la borda y cuyo espíritu –el entendimiento y la conversación– apenas fue un suspiro en medio de meses convulsionados donde prima la polarización y donde no ayuda en nada la incapacidad que ha mostrado el Ejecutivo para conducir.