Por Jorge Canals de La Fuente, Socio director área medio ambiente y regulación de Moraga & CIA.

  • 25 abril, 2019

Ya hace un tiempo que el Gobierno ingresó con urgencia simple al Congreso, el Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien sus objetivos declarados prometían una gran reforma, para garantizar el desarrollo sustentable, promover la participación ciudadana y entregar confianza a los actores que participan en los procesos de evaluación, es indudable que no ha podido articular los consensos para su aprobación.

En efecto, a la fecha no se ha votado ningún artículo, y su discusión en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara carece de acuerdos. Así, el proyecto ha quedado prácticamente huérfano de apoyos, concentrando los reparos de diversos sectores.

La propuesta se articuló considerando tres objetivos, que daban cuenta de las metas propuestas en el Mensaje por el que se ingresó. A efectos de reducir el componente político del SEIA, propuso la creación de tres Comisiones de Evaluación Macrozonales, en reemplazo de las actuales Comisiones Regionales, eliminando además el Comité de Ministros como instancia recursiva (cuestionado post revisión del proyecto Dominga).

Buscando ampliar la participación ciudadana, contempló un proceso de participación ciudadana anticipada, obligatoria en los Estudios de Impacto Ambiental, y voluntaria para las Declaraciones (salvo si es solicitada), con el propósito de tener diálogos tempranos y disminuir los plazos de tramitación. Respecto al acceso igualitario a la justicia ambiental, limitó los recursos administrativos e incorporó el “interés legítimo ambiental”.

Estas propuestas generaron cuestionamientos transversales. Se criticó el establecimiento de Comisiones Macrozonales por no responder a lógica territorial alguna, acentuar el centralismo, y dificultar los espacios de participación regional y comunal.

En cuanto a la participación anticipada, se reprochó su escasa regulación y la falta de garantía del Estado en el proceso, por eventualmente incrementar la asimetría entre titulares y comunidad, y aumentar la conflictividad en los proyectos “estratégicos”.

Frente a la propuesta de mayor justicia ambiental, el que los actos sean recurribles directamente ante los Tribunales Ambientales (sin la instancia del Comité de Ministros) reproduciría, se dijo, las barreras de acceso a esta jurisdicción especializada.

La reciente presentación al Presidente Piñera por el diputado Torrealba, de un proyecto de perfeccionamiento de la reforma (y que apunta a perfeccionar la participación anticipada en la dirección señalada por las críticas), permite volver a enfocar su discusión.

Es de esperar que en esta oportunidad se incorporen a la iniciativa los cambios que requiere, especialmente respecto a la presencia que el Estado debe tener en los diálogos tempranos, reduciendo las asimetrías entre titulares y comunidades, y minimizando los conflictos y la judicialización de los proyectos.

 

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