El 5 de febrero pasado, el centro de Concepción amaneció revolucionado. A más de 100 metros de altura, cuatro contratistas del Mall del Centro (MCC), propiedad de Ripley, exigían, parapetados en una de las grúas que construía el centro comercial, el pago de sus sueldos. El conflicto no dejó indiferente a las autoridades, que luego […]

  • 6 septiembre, 2013

Socovesa

El 5 de febrero pasado, el centro de Concepción amaneció revolucionado. A más de 100 metros de altura, cuatro contratistas del Mall del Centro (MCC), propiedad de Ripley, exigían, parapetados en una de las grúas que construía el centro comercial, el pago de sus sueldos.

El conflicto no dejó indiferente a las autoridades, que luego de intervenir como mediadores, lograron que los trabajadores bajaran de la grúa. No fue el fin del conflicto. En marzo pasado volvieron a escalar para reclamar sus pagos y el pasado 13 de agosto subieron por cuarta vez, exigiendo que se cumplieran los acuerdos para saldar las deudas. Hasta el cierre de esta edición, los trabajadores llevaban más de 20 días instalados en la estructura de metal. Esto, pese a que el consorcio asegura que todo está en regla.

Pero las protestas de los trabajadores son sólo la punta del iceberg de un conflicto que tiene enfrentados a Ripley –que controla el Mall del Centro de Concepción– con el consorcio CS –la empresa constructora ligada a Socovesa, a través de su filial Socoicsa y a la firma Cuevas y Purcell–, contratada para levantar el centro comercial. ¿La razón? Se acusan mutuamente de incumplir un acuerdo pactado en 2011 para levantar el mall. La disputa es millonaria e indemnizaciones cercanas a los 80 millones de dólares están en juego.

La primera piedra

En 2005, varios medios reprodujeron una noticia del retail: Ripley levantaría un mall en el centro de Concepción, todo en el marco de su plan de expansión a tres años. El terreno, ubicado en pleno centro de la ciudad, era un paño adquirido a la Universidad de Concepción y en el proyecto, que partiría desarrollándose dos años después, invertirían 100 millones de dólares.
En 2007 hicieron las gestiones para licitar su construcción, pero dicho proceso –realizado en septiembre de ese año y en el cual participaron Salfa y Echeverría Izquierdo– se declaró desierto. Mientras tanto, la firma optó por realizar una serie de obras preliminares en el terreno. Pero, a inicios de 2008 llegaron las primeras alertas de una crisis económica y, como parte de su plan de cautela, Ripley decidió congelar el proyecto a la espera de mejores condiciones económicas.

[box num=”1″]

Estuvo en stand by durante otros dos años, hasta que el retailer decidió relanzarlo y optimizarlo. Así fue como en julio de 2010, la empresa de los Calderón licitó nuevamente la iniciativa con algunos cambios, entre ellos, una torre de 23 pisos que coronaría el mall.

En un proceso sin contratiempos, la obra se adjudicó a fines de ese año al consorcio CS, un grupo compuesto por Socovesa Ingeniería y Construcción (Socoicsa) y la constructora Cuevas y Purcell (Cypco). El contrato era millonario: 583.149 UF (unos 27 millones de dólares) por la obra gruesa y 749.804 UF (cerca de 34 millones de dólares) por las terminaciones del recinto.
Hasta ahí todo bien. Ambas empresas acordaron la entrega de la obra gruesa en 281 días, es decir, el 22 de octubre de ese año. Mientras, la torre estaría lista el 29 de mayo de 2012. Pero los problemas entre el consorcio y los dueños del centro comercial comenzaron mucho antes de que el edificio, el más alto de Chile fuera de Santiago, alcanzara los 88 metros de altura que prometía.

Dos caras de una misma moneda

El conflicto entre Ripley y el consorcio CS descansa hoy en un arbitraje supervisado por Roberto Guerrero. El juicio, que comenzó en diciembre pasado, se encuentra en etapa de discusión. En el proceso, cada parte ha hecho sus descargos y contado su versión de los hechos.

A través de los abogados de CorreaGubbins, CS explica que los malos entendidos partieron a la par de los primeros trabajos en terreno. El problema –argumentan– es que el proyecto que inicialmente se les presentó, sufrió cambios radicales en el camino y que parte importante de la información sobre el diseño y detalles arquitectónicos les fue entregada de manera desagregada y en forma posterior a la firma del contrato.

CS no habla de cambios cosméticos, sino de reformas profundas que habría sufrido la obra, lo que hizo imposible cumplir con los plazos de entrega y que, además, les generaron costos adicionales considerables.

Según consta en la demanda arbitral, una vez licitado, MCC le habría entregado al consorcio 133 planos, pero semanas después se sumaron otros 590 planos con diversas revisiones, lo que hizo que el trabajo se pusiera cuesta arriba. Ésa –dicen– fue la raíz del problema, pues las modificaciones hicieron inviable cumplir con los plazos establecidos.

[box num=”2″]

Los constantes ajustes de criterio tensaron la relación entre ambas partes. Tan evidente fue el tira y afloja, que incluso se optó por cambiar al gerente de construcción del mall, Patricio González, por Roberto Luengo, un ejecutivo de perfil más “diplomático y dialogante”, según describe el consorcio. La idea era que ambas partes se entendieran mejor. Todo –añade CS– con miras a adelantar la apertura del mall para mediados de julio de 2012.

Así fue como a fines de 2011, MCC y el consorcio reprogramaron los plazos de entrega mediante la firma de un aditivo de contrato. Pero, a juicio de CS, las cosas no mejoraron y tras la firma del nuevo acuerdo, los mandantes les entregaron otras 224 modificaciones al proyecto. Los constantes cambios les implicaron incurrir en un “significativo costo adicional, no contemplado en su oferta” y así se lo hicieron saber a los dueños del shopping center meses después.

En una carta enviada a MCC el 26 de septiembre de 2012, la constructora solicitó compensaciones por los supuestos gastos inesperados. En la misiva pedían el pago adicional de 349.411,94 UF por la obra gruesa del centro comercial y otras 251.166,60 UF por las terminaciones del proyecto. En total, cerca de 27 millones de dólares por los costos extra que le habrían significado los cambios a la iniciativa.

Sin embargo, los representantes de Ripley fueron categóricos y cerraron la puerta a cualquier negociación. A su juicio, el contrato adicional firmado en 2011 no sólo estableció nuevos plazos para la entrega del mall, sino que condonó toda multa por los retrasos hasta ese entonces experimentados. Falta de “coherencia” y “rigurosidad”, fueron las palabras que citaron para negarle los pagos adicionales.

El 26 de noviembre del año pasado rechazaron oficialmente la petición y sólo días después cobraron las boletas que el consorcio había entregado como garantía de la licitación. Las salidas amistosas al conflicto se hicieron inviables. Tanto así, que el 19 de diciembre MCC le informó a CS que daba por terminado el contrato por graves incumplimientos.

Con las relaciones quebradas, ambas empresas, con sólo días de diferencia, acudieron a la Cámara de Comercio de Santiago solicitando un arbitraje y pidiendo compensaciones millonarias por diferentes perjuicios.

La versión de Ripley

Para los dueños del mall, la historia es diferente. Asesorados por los abogados Octavio Boffil y Rodrigo Quintana, argumentan que la relación con el consorcio partió con el pie izquierdo: falta de celeridad, dificultades en la aplicación del método constructivo, falta de personal y conflictos laborales, son algunos de sus argumentos para explicar el porqué del fin del contrato.

Lo primero, dicen, es que el trabajo de CS careció siempre de “celeridad” y “fluidez”. Acusan que constantemente cometieron errores técnicos, entorpeciendo la marcha de las obras y que ello generó “graves retrasos” en la entrega del proyecto.

Uno de los puntos en los que hacen hincapié, es que a lo largo de toda la obra presentaron deficiencias en la asignación de mano de obra calificada lo que, según su presentación ante el Centro de Arbitraje y Mediación, les fue “advertido en reiteradas ocasiones” y quedó de manifiesto en diferentes minutas y visitas a terreno.

De acuerdo a su relato, no fue la única negligencia. En octubre de 2011, añaden, se hicieron realidad los rumores que desde hace un rato circulaban por Concepción: los contratistas del proyecto paralizaban las faenas acusando el no pago de sueldos.
El escándalo, que tenía lugar en el frontis del mall, hizo insostenible la situación y dejó en evidencia los problemas de caja del consorcio.

En noviembre de ese año, las relaciones entre ambos se deterioran aún más. El retraso en la entrega de las obras –según consta en el escrito– alcanzó las 16 semanas y ambas partes firmaron el mencionado aditivo de contrato, con el fin de aclarar los plazos de entrega: julio de 2012 era la fecha clave. Pero las cosas siguieron empeorando.

Ya en agosto, varias visitas de Ripley a la obra evidenciaban que el avance era mínimo y en octubre se habría confirmado que las deudas a pequeñas empresas que habían prestado servicios a CS sumaban, al menos, 15 mil UF.

Según la versión de los abogados de Ripley, se hizo imposible estimar la fecha de entrega del mall. Ello contrasta con los dichos de la constructora, que asegura que el 22 de septiembre de 2012, la primera parte de la obra que permitía la apertura del mall estaba terminada. Sin embargo, añaden, no se inauguró de inmediato, pues sus dueños no contaban con el permiso de la Dirección de Obras Municipales. Así las cosas, el centro comercial abrió sus puertas el 3 de octubre de 2012.

Posterior a la apertura, se desató la tormenta. Tras recibir la carta de CS solicitando las compensaciones anteriormente señaladas, MCC les informa que, debido a que las multas por sus atrasos excedían el 15% del total del contrato, darían término al pacto y que el 28 de diciembre tomarían posesión de las obras. El costo financiero y social los hizo precipitar la decisión.

El daño a su imagen, agregan, fue profundo. Las huelgas de los contratistas en las alturas de la grúa no han cesado y el acuerdo entre la constructora y los trabajadores parece no tener solución cierta.

Por los perjuicios ocasionados y las multas originadas por el atraso en la entrega de las obras, MCC solicita sobre 50 millones de dólares, casi la mitad del costo total del mall, sin considerar que el proyecto aún no se termina de construir y que debieron reclutar a la constructora Ebco para finalizar las obras.

Con todo, el proceso que definirá quién tiene la razón y quién finalmente recibirá la millonaria indemnización, está recién comenzando.•••