• 17 junio, 2011



Empezó con Barrancones. Después vino la primera huelga de hambre de los mapuches… y cuando todo parecía relativamente controlado, comenzó a conocerse la caída, gradual pero sostenida, en la adhesión al presidente. Entonces, se instaló paulatinamente la idea de que algo no anda bien. Pero tanto el gobierno como la oposición se equivocan al interpretar la trama de este descontento.

El creciente desarrollo de los conflictos sociales en el país se está intentado frenar con un llamado a reflotar la política de los acuerdos. Pero este llamado puede ser visto como una operación para restablecer un orden que favorece la relación entre los políticos, y no la de los políticos con la ciudadanía. Nadie entiende mucho de qué va esta nueva conflictividad social, proveniente de sectores medios ilustrados, con un per cápita cada vez más alto y, evidentemente, con nuevas demandas.


Es la paradoja que se instaló: la economía crece y la gente sale a la calle a protestar. La primera va con piloto automático y la segunda se mueve a pura adrenalina; algo chirriante está fuera de control: lo más parecido a un sismo 8,8 social. Es el lado B de nuestra realidad; una sin guión y en la que sólo hay incertidumbre.


Empezó con Barrancones. Después vino la primera huelga de hambre de los mapuches… y cuando todo parecía relativamente controlado, comenzó a conocerse la caída, gradual pero sostenida, en la adhesión al presidente. Entonces, se instaló paulatinamente la idea de que algo no anda bien. Sin saber qué, como un mal presagio, se fue perfilando la convicción de un malestar latente, ignorándose por dónde podía estallar.


Y reventó sin más. Así, la realidad del lado B del país nos inmovilizó, como cuando se apaga la luz y se abre el telón de una obra de teatro.


En la escena principal, HidroAysén: un río de gente corriendo por las calles e inundando con su murmullo la atmósfera del Congreso. Es el día del discurso del 21 de mayo, que tiene un momento pintoresco cuando un personaje que representa a un senador gritonea al presidente, rompiendo el protocolo republicano. A continuación, como un flashback, aparece un grupo de mapuches que vuelve a romper el tablero de los 50 días de huelga de hambre. Y de allí en adelante la tensión va in crescendo. Hay una parte, redundante e innecesaria, que confunde y debilita el guión: las peleas públicas de los partidos oficialistas y sus roscas con el gobierno. Allí ya no se sabe quiénes son los malos ni los buenos. De música de fondo, ya para dejar claro que la crisis institucional es amplia, se escuchan los casos Karadima y Kodama. A medida que avanza la obra y se produce una pérdida de protagonismo de HidroAysén, todo hace pensar en el desenlace, pero irrumpen en escena papeles secundarios, de un histrionismo que para los pelos y deja claro que falta mucho para el final. Tras bambalinas, un joven anarquista que no sabe qué hacer con su vida deja grabada la peor manera de acabar con ella. Un grupo de estudiantes lanza todas las sillas de la platea para amedrentar al ministro de Educación. Un espléndido elenco muestra la fuerza de agricultores gritándoles barbaridades a los mocosos del segundo piso. El público se fastidia y el rechazo a la obra alcanza el 56% de las personas. Como para darle un corte rápido, viene un grupo de alguaciles con un cartel que pide una política de acuerdos. A esas alturas, la gente no sabe en qué idioma le hablan y piden cambio de guión.


En este momento, marcado por una profunda desconfianza en todo aquello que resuene a estructura de poder institucional, el llamado a retomar la política de acuerdos de los líderes de gobierno y oposición debe resonar como una salida desesperada para la autoprotección. Imposible no entenderlo de otra manera: hoy los políticos han dejado de anticipar los intereses públicos y con sus intervenciones sólo irritan a los que están instalados en la agenda del malestar ciudadano. Nada más revelador que las pifias a los dirigentes de la Concertación apareciéndose en las marchas contra HidroaAysén. ¿Qué nivel de relevancia y representatividad pueden tener los acuerdos entre cuatro paredes que alcancen estos sectores, si la Alianza-gobierno no supera el 36% de aprobación y la oposición, apenas un 22%? Es más un llamado a escucharse entre sí que a escuchar a la ciudadanía.


“Llegó la hora de dar un giro hacia los acuerdos”, decía un personero de la Concertación, como si el conglomerado fuera responsable del giro que han tomado los grupos ciudadanos que se movilizan; esto es, como si tuviera la representatividad de y el control sobre esos grupos. No hay peor escenario que aquel en que la principal fuerza opositora no tiene mando sobre el descontento, el malestar. Esa falta de sintonía es un derrotero hacia la desafección total hacia la política.


Desde esta perspectiva, la Concertación tiene la oportunidad de colaborar y el gobierno, de liderar; así podrían recuperar prestigio, como ocurrió cuando Longueira extendió un puente en su momento. De ahí en adelante, la adhesión a Lagos no paró. Pero, entonces, el temor de ingobernabilidad se daba en el plano de las estructuras de poder; hoy, lo que se necesita no es un pacto entre políticos para proteger al Estado, sino una política de acuerdos con la ciudadanía. Aquí está la posibilidad de recuperar apoyo.


El error es creer que el problema actual es la ingobernabilidad. La fatalidad está en que la política y –en general– las instituciones y corporaciones no den espacio al murmullo ciudadano. No se trata de que se miren a los ojos entre sí, como dos búfalos en extinción, sino que miren a los ojos de la gente. Hay algo que se están perdiendo.