El eterno debate en torno al Tribunal Constitucional ha subido de temperatura estos días, luego de que la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, hablara de irregularidades y corrupción. Se inició un proceso que está en manos del Ministerio Público y, a su vez, se creó un comité interno para tratar la crisis puertas adentro. Aquí, tres ex miembros del tribunal reflexionan sobre el futuro de la entidad.

  • 21 mayo, 2020

Marisol Peña, Ex presidenta del TC

“Las consecuencias para el prestigio del Tribunal Constitucional que se han producido como consecuencia de declaraciones que imputan irregularidades e, incluso, comisión de delitos se habrían evitado si ellas se hubieran canalizado por las vías institucionales: el mismo Pleno del Tribunal y, en su caso, los tribunales de justicia. Así lo he dicho públicamente desde un comienzo.
Por ello, me alegro que al constituirse un Comité Interno de Crisis –porque esta sí es una crisis que afecta al sistema de justicia constitucional del país–, se haya activado el camino que siempre debió seguirse, es decir, el camino institucional.
La tarea de los tres ministros que integran ese Comité, y que han sido mandatados por todos los demás ministros, es inmensa. Creo que hay que dejarlos trabajar con total independencia y confiando en su experiencia previa. Hoy es tiempo de reconstruir más que de seguir reaccionando a lo que ya fue. Allí, la necesidad de que las informaciones parciales que se entregaron por un diario puedan ser debidamente contextualizadas en atención a que existen muchos factores que inciden en el retraso de causas, me parece hoy una tarea urgente donde se echa de menos el periodista encargado de las comunicaciones del Tribunal. La opinión pública requiere información objetiva y transparente en este sentido, al igual que respecto de todas las causas pendientes en el Tribunal, y no solo de algunas, lo cual requerirá, probablemente, revisar los contenidos de su página web para reforzar los criterios de transparencia activa. Tengo mucha fe en el Comité Interno y le deseo mucho éxito en su desafiante cometido”.

José Antonio Viera-Gallo, Ex ministro del TC

“Pienso que el conflicto se pudo haber evitado y creo que, desgraciadamente, solo contribuye a poner en duda la legitimidad del tribunal.
Se pudo haber evitado buscando una solución internamente y entre todos: si había un reproche de fondo, se pudo buscar una solución.
El Tribunal está llamado a tener un papel importante en la sociedad, este año se cumplen 50 años de historia, y está claro que hay que introducirle cambios en cuanto al nombramiento de sus integrantes. Eso se debiera discutir ahora que se debate una reforma a la Constitución.
Yo creo que toda esta discusión provoca una dificultad, lo normal es que los cuerpos colegiados, siempre hay roces internos, pero eso debe superarse y salir adelante. Deseo que el grupo que se ha nombrado para resolver las dificultades tenga éxitos, pero insisto, se pudo haber nombrado antes”.

Jorge Correa, Ex ministro del TC

“La crisis en el Tribunal Constitucional ha revivido el debate acerca de su competencia y del modo de designación de sus integrantes. Por cierto hay bastante que mejorar en esas dos materias, pero me temo no hay diseño institucional sobre facultades o integración que augure un TC libre de crisis y tensiones autodestructivas, mientras no asignemos colectivamente una función más modesta a la Constitución y, por derivación, a la justicia constitucional. Me parece que la contradicción cultural venenosa es que, por un lado, derechas e izquierdas depositan expectativas desmedidas acerca de lo que cabe esperar y reclamar de una Constitución. Los unos que impida y los otros que impulse políticas públicas perfectamente compatibles con la democracia. Al mismo tiempo, y como es natural en democracia, se vierten fuertes críticas cuando el Tribunal adopta posición en temas debatibles.
La Constitución, por definición, es un conjunto de normas que se imponen a la mayoría. Están por sobre el juego de la política y la regulan. Como consecuencia, la justicia constitucional es, también por definición, contra mayoritaria. En nombre de la Constitución, la justicia constitucional debe velar por que la mayoría (la ley) no sobrepase los límites que le impone la Constitución. Como la democracia es el Gobierno de las mayorías, ni la Constitución ni la justicia constitucional deben aspirar a resolver los problemas ordinarios de la política, pues entonces lo contra mayoritario deviene en antidemocrático.
Me temo la Constitución y la justicia constitucional estarán en permanente crisis de legitimidad mientras no bajemos las expectativas y le pidamos a la primera regular, ojalá con reglas y no con líricos principios, tan solo ese mínimo sin el cual la democracia no es posible y le pidamos a la segunda que intervenga muy ocasionalmente, siempre y cuando la democracia y aquel mínimo de derechos que le son consustanciales hayan sido vulnerados de manera clara y ostensible por las mayorías. En cambio, pretender resolver los derechos de los consumidores, de los aportantes a la salud privada, de los trabajadores a negociar colectivamente, de los consumidores y un largo etcétera, sobre la base de vagos principios constitucionales deviene en un ejercicio de resultados imprevisibles y tan polémicos que no hay modo que se salven de la crisis permanente”.