Una eventual derrota en el tribunal internacional generaría un agudo y crispado conflicto interno. El debate del reparto de responsabilidades puede ser tan largo, tan duro y tan inconducente como el que ha originado el 27-F. Lo importante es prepararse para cualquier escenario.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia, de la Haya, se prepara para entrar en su recta final. Existe una mínima probabilidad de que sea satisfactorio para ambos países. Está, por cierto, la obvia probabilidad de que, en el papel, sea más favorable para un país que para el otro. Por tanto no se debe descartar que la decisión de Tribunal, en el texto, sea no tan afín a la posición defendida por Chile. Y no estoy haciendo un pronóstico; no tengo antecedentes para ello. Estoy describiendo una situación eventual.

En estos escenarios están involucrados dos asuntos. El primero, la evaluación de desempeño de la autoridad, responsable de conducir la política exterior del país, y de su capacidad de producir resultados; en este caso, de la actual administración de Sebastián Piñera y de la anterior de Michelle Bachelet. El otro tiene que ver con la continuidad y posterior relación (buena o mala) entre estos dos países limítrofes, que tienen tanto en común, luego de comunicado el fallo.

Cualquier hipótesis de trabajo, como corresponde a un buen manejo de crisis, consiste en asumir todos los escenarios que se abren ante las posibilidades de que el resultado sea en lo formal “negativo” o “positivo” para Chile. Pero lo que importa es recalcar, en esta oportunidad histórica, que hay caminos para hacer que las dos opciones no sean tan radicalmente dicotómicas, si es que le damos a la relación binacional un peso más grande que a los alegatos nacionalistas respecto de un fallo inapelable, tal como pasó con la mediación papal que concluyo con el Tratado de Paz y Amistad que se suscribió entre Chile y Argentina en 1984, a propósito de los litigios del Beagle.

Si es positivo para Chile, en materia de límites marítimos, significa en la práctica que las cosas quedarían tal cual están hoy día. Y esa es una noticia que en el Perú puede tener sólo dos lecturas: a) un capítulo de larga controversia se termina, el litigio se cierra y con eso los aspectos jurídicos derivados de la guerra del Pacifico se archivan; b) la demanda peruana, tan legítima para un sector de esa sociedad, queda una vez más postergada.

En el segundo caso es muy importante la actitud del gobierno de Humala. Bajo cualquier consideración, lo razonable es pensar que esta concurrencia al tribunal radicado en Holanda tiene como mérito y virtud el cierre definitivo de los conflictos de frontera con nuestros vecinos del norte. Las señales del presidente peruano han sido conciliatorias, confiando en un buen resultado en la Corte Internacional; pensando quizás, como ex militar y al igual que Alan García, que un conflicto que se procesa institucionalmente es mejor que algo que se alega en la arena política o mediante el expediente del incidente fronterizo.

En el caso chileno, el sentido inamistoso que siempre se le enrostró a la presentación peruana, bajo el argumento de que no quedaban asuntos pendientes, debe girar a la afirmación positiva del carácter de cierre de las controversias que queda planteada con la resolución de la Corte Internacional, cualquiera sea aquélla.

Hay que ponerse en todos los casos, porque las relaciones vecinales son cada día más importantes, pero también más complejas. Y no siempre obtener el mejor resultado en un tribunal significa ganar en las relaciones de largo plazo; sobre todo, entre naciones como Chile y Perú. Ambos países mantienen un importante flujo de migraciones, bienes, servicios, turismo, inversiones e intercambio cultural; comparten destinos en la estratégica área del Pacifico Sur, considerada la más importante del futuro por su potencial para el comercio, la pesca, la seguridad mundial y la preservación ambiental. Las posibilidades de dar un salto en la relación binacional están a la mano. Lo crucial es pasar a una etapa fundada en la confianza, en la cooperación y en la integración en todos los sectores.

Perder en la Haya tiene un impacto evidente sobre la soberanía marítima y la zona de explotación económica que conlleva. Pero el impacto mayor que hoy se puede prever ocurre en otra dimensión. Lo más evidente: un agudo y crispado conflicto interno. Tomando como base la lamentable experiencia del 27-F, el debate del reparto de responsabilidades puede ser tan largo, tan duro y tan inconducente como el actual, generando de paso un pésimo contexto interno para la profundización inevitable y necesaria de las relaciones entre Chile y Perú.

La cuestión de fondo es que estos escenarios hay que prepararlos. Organizar gestos, desarrollar programas binacionales audaces y creativos, que pongan por delante todo lo que tenemos en común, es la mejor manera de crear condiciones en los públicos de cada país respecto de los inciertos eventos que se deriven del fallo. En este terreno, el símbolo principal del cambio de ciclo, del fin de un triste anacronismo, es la puesta en marcha, con vigor y sin dilaciones, del acuerdo sobre desminado de la frontera común sobre la base de la operación experta de empresas externas.

Los países no progresan con tensiones en sus fronteras ni con capítulos pendientes con sus vecinos. Este mundo está cada día más interrelacionado: la complementariedad entre las naciones es un activo del que se dispone o no, de acuerdo al talento de las generaciones a cargo de la conducción del país y, por lo mismo, de la construcción del futuro.

Hay mucho en juego en torno a este histórico fallo. Por el bien de ambas naciones, sus repercusiones no pueden quedar libradas al azar. Sea cual sea el contenido de lo que dicten los jueces, todavía hay tiempo suficiente para organizar un buen final.