Es uno de los estudios internacionales más conocidos entre las empresas chilenas. Muchas de las compañías locales que han realizado operaciones de fusiones y adquisiciones, fi nanciamiento en Estados Unidos o que transan ADRs han contratado los servicios de este bufete, considerado como uno de los más grandes y prestigiosos de Nueva York. Y son varios los juristas nacionales que han pasado por sus ofi cinas; entre ellos, nada menos que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien se desempeñó como abogado extranjero de ese estudio durante sus años en la gran manzana. Pero ahora, Simpson Thacher & Bartlett atraviesa por el momento más complicado de su existencia. Todo, por un error. La historia, narrada hace unos días en el Huffi ngton Post, se remonta a 2006. Ese año, General Motors pasaba por un mal momento fi nanciero y necesitaba recursos frescos. Ahí fue que un grupo de bancos encabezados por JP Morgan otorgó un crédito a la automotora por 1.500 millones de dólares. En 2009, cuando GM se declaró en bancarrota y se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras, el gobierno federal pagó a través de sus fondos Tarp (programa especial de compra de activos tóxicos) los 1.500 millones de dólares a JP Morgan, como uno de los acreedores de la fi rma. Sin embargo, un año antes los abogados representantes del banco de inversión, Simpson Thacher & Bartlett, habían fi rmado por equivocación un documento según el cual JP Morgan renunciaba a su derecho a reclamar el dinero prestado a General Motors. Pero el real problema se inició cuando el documento fue encontrado por los abogados de otros acreedores de la fi rma automotriz, quienes no recuperaron su dinero después de la quiebra, porque sus créditos no estaban asegurados. Ahora son ellos quienes quieren revertir el pago a JP Morgan y quedarse con ese dinero. Por eso, si el banco de inversión decide demandar a sus abogados, la impecable trayectoria de Simpson Thacher podría verse en juego. Aunque es improbable que esto pueda forzarlos a cerrar sus puertas: los bufetes cuentan con seguros de mala práctica para estos casos, explica un jurista chileno.

  • 17 julio, 2011

Es uno de los estudios internacionales más conocidos entre las empresas chilenas. Muchas de las compañías locales que han realizado operaciones de fusiones y adquisiciones, financiamiento en Estados Unidos o que transan ADRs han contratado los servicios de este bufete, considerado como uno de los más grandes y prestigiosos de Nueva York.

Y son varios los juristas nacionales que han pasado por sus ofi cinas; entre ellos, nada menos que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien se desempeñó como abogado extranjero de ese estudio durante sus años en la gran manzana.

Pero ahora, Simpson Thacher & Bartlett atraviesa por el momento más complicado de su existencia. Todo, por un error.

La historia, narrada hace unos días en el Huffington Post, se remonta a 2006. Ese año, General Motors pasaba por un mal momento financiero y necesitaba recursos frescos. Ahí fue que un grupo de bancos encabezados por JP Morgan otorgó un crédito a la automotora por 1.500 millones de dólares.

En 2009, cuando GM se declaró en bancarrota y se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras, el gobierno federal pagó a través de sus fondos Tarp (programa especial de compra de activos tóxicos) los 1.500 millones de dólares a JP Morgan, como uno de los acreedores de la firma.

Sin embargo, un año antes los abogados representantes del banco de inversión, Simpson Thacher & Bartlett, habían fi rmado por equivocación un documento según el cual JP Morgan renunciaba a su derecho a reclamar el dinero prestado a General Motors.

Pero el real problema se inició cuando el documento fue encontrado por los abogados de otros acreedores de la firma automotriz, quienes no recuperaron su dinero después de la quiebra, porque sus créditos no estaban asegurados. Ahora son ellos quienes quieren revertir el pago a JP Morgan y quedarse con ese dinero.

Por eso, si el banco de inversión decide demandar a sus abogados, la impecable trayectoria de Simpson Thacher podría verse en juego. Aunque es improbable que esto pueda forzarlos a cerrar sus puertas: los bufetes cuentan con seguros de mala práctica para estos casos, explica un jurista chileno.