Ante la inminencia de la COP25, Chile enfrenta la necesidad de aumentar la ambición de las metas de reducción de emisiones de CO2. Según un estudio publicado en Nature, nuestro país se encuentra en el grupo de naciones con los compromisos más laxos del Acuerdo de París: si el mundo siguiera nuestro ejemplo, la temperatura […]

  • 27 febrero, 2019

Ante la inminencia de la COP25, Chile enfrenta la necesidad de aumentar la ambición de las metas de reducción de emisiones de CO2. Según un estudio publicado en Nature, nuestro país se encuentra en el grupo de naciones con los compromisos más laxos del Acuerdo de París: si el mundo siguiera nuestro ejemplo, la temperatura del planeta se estabilizaría con un aumento de 5,1ºC.

Para este desafío, no hay ningún sector económico con el potencial de reducción de emisiones que tiene el sector forestal. En 2016, el 58% de las emisiones de CO2 del país fueron capturadas por este, a través del crecimiento de las plantaciones y el manejo sustentable del bosque nativo.

Sin embargo, la tasa de forestación en Chile se estancó con el término de los incentivos el año 2012 provistos por la ley 20.488. La ley de bosque nativo no ha tenido el efecto esperado. Y a ello se le suma el impacto del cambio climático, que genera en forma cada vez más frecuente condiciones favorables para la intensificación de los incendios agroforestales (con las consecuentes emisiones asociadas a cada evento).

Lo anterior abre un escenario favorable para proponer un nuevo sistema de incentivos a la forestación, que permita recuperar más de medio millón de hectáreas de suelos degradados en el país y sin uso productivo ni ambiental.

Este nuevo sistema debiera presentar algunas diferencias importantes respecto a aquellos del pasado. En primer lugar, aunque debiera existir neutralidad técnica respecto a las especies que los propietarios quisieran utilizar para la forestación, si se trata de especies de rápido crecimiento, los incentivos debieran limitarse a los pequeños y medianos forestadores, porque el valor social de la forestación para ellos supera su retorno privado (y justifica el incentivo), mientras que para las grandes empresas el valor privado de la forestación se amplifica en la cadena de valor integrada que ellos han construido.

En segundo lugar, deben imponerse las restricciones que establece el Protocolo del Consejo de Polìtica Forestal para minimizar la probabilidad de ocurrencia y propagación de incendios.

En tercer lugar, deben promoverse esquemas que aseguren: buena calidad del material genético de la forestación, esquemas silvícolas que maximicen el retorno para los propietarios y condiciones de asociatividad, de manera de consolidar cuencas de abastecimiento, economías de escala y poder de negociación comercial con los productos de la cosecha.

Y, aprovechando el impulso, debieran modificarse aquellos aspectos de la ley de bosque nativo que no han permitido el despegue del manejo sustentable del recurso en la escala requerida. Hay cuatro millones de hectáreas de renovables potencialmente manejables, y con una gestión adecuada, ello permitiría duplicar el volumen de producción del sector forestal chileno y asegurar la carbono neutralidad del país, a la cual debemos aspirar.