Por Aldo Cerda, ActionAbility Institute

  • 8 noviembre, 2018

Chile cuenta con un impuesto a las emisiones de CO2 del sector de generación térmica de 5 USD/tonCO2. Si prospera la modernización tributaria del gobierno, ese impuesto podría expandirse a otras fuentes fijas. Pero ¿qué tan alineado está la magnitud del impuesto con el costo social del cambio climático, entendiendo por este al costo que tiene para la sociedad el aumento de la temperatura media, unido a una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos?

Un reciente estudio de Katharine Ricke, de la Universidad de California, publicado en Nature Climate Change, estima que el costo social a nivel global de las emisiones de carbono no solo es dramáticamente más alto que ciertas estimaciones previas (por ejemplo, en Chile es de 32 USD/tonCO2 y en EE.UU., la administración Obama lo había estimado en 37 USD/tonCO2). El valor de Ricke varía entre 177 y 805 USD/tonCO2, con una media de 417 USD/tonCO2. 

El estudio provee una estimación a nivel de cada país, y el caso más dramático es el de India, donde el costo es de 90 USD/tonCO2 (las inundaciones juegan un rol clave en la evaluación), seguido por EE.UU., donde el costo social es de alrededor de 50 USD/tonCO2. Es decir, mientras el actual gobierno republicano trata de reducir el valor de dicha estimación para desincentivar las políticas contra el cambio climático, el equipo de Ricke estima que el costo de la contaminación por carbono en dicho país sea sensiblemente mayor, reflejo de los impactos por mayor intensidad de tornados, sequías, incendios forestales, inundaciones de áreas costeras y otros. 

En línea con lo anterior, hace dos semanas el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que, de conformidad con el Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Canadá implementará un impuesto al carbono que es neutral en los ingresos fiscales, a partir de 2019, cumpliendo un compromiso de campaña.

El nuevo impuesto comenzará con un nivel de 20 USD/tonCO2 el 2019, y se incrementará a razón de 10 USD/tonCO2 cada año, hasta estabilizarse en 2022 en 50 USD/tonCO2. Lo interesante es que los ingresos que se generen se devolverán a los estados donde se originaron y estos, a su vez, redestinarán el 90% de esos ingresos a las familias, para compensar los impactos que estas tengan fruto del mayor costo de los combustibles fósiles. El 10% restante se destinará a programas especiales de alivio de los impactos del impuesto a industrias y establecimientos vulnerables.

Mientras tanto, en Chile, la propuesta de expansión de la aplicación del impuesto a otros sectores emisores es bien evaluada por los especialistas, lo mismo que la propuesta de permitir el uso de offsets como medida alternativa al pago del impuesto. Los desafíos pendientes son tres a) incluir al sector transporte, responsable de más de un tercio de las emisiones de CO2 en el país; b) corregir las distorsiones del costo social de las externalidades entre gasolina y diésel en el impuesto específico; y c) escalar el valor del impuesto a valores más acordes al costo social.

En este último caso, lo importante es establecer una trayectoria de incremento gradual y conocida en el tiempo con un horizonte de largo plazo. Así, los actores del mundo empresarial conocerán con antelación las reglas de juego en este ámbito y podrán establecer las medidas más costo-efectivas para enfrentar el desafío de mitigación climática del país.