Por Juan Pablo Leppe, abogado y consultor en materias de derecho público y ambiental.

  • 2 mayo, 2019

Es bien sabido que el Derecho, generalmente, actúa como un instrumento reactivo, como uno que sigue con desface la ocurrencia de fenómenos sociales, económicos y ambientales, y en el plano interno, además, tendríamos que sumar que en el último tiempo se ha hecho evidente una mayor dificultad para la aprobación de leyes en el Congreso, incluso tratándose de proyectos de ley con urgencia asignada por el Presidente de la República.

Lo anterior ralentiza el proceso de regulación de materias acuciantes que requieren de una intervención clara y bien definida por parte del Estado. Hablamos de materias de diversa naturaleza y complejidad, entre las cuales encontramos el cambio climático. Fenómeno que hoy es una realidad palpable incluso en nuestros indicadores económicos (lluvias del verano en el norte del país provocaron una disminución del 7,8% del IMACEC minero) y que como dicen algunos: llegó para quedarse.

No es un dato menor que en palabras del Ministerio del Medio Ambiente, Chile sea “(…) un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con la mayoría de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” y que, al mismo tiempo, nuestro país figure hoy en la categoría “altamente insuficiente” del Climate Action Tracker,

A nivel legislativo, por su parte, se han presentado diversos proyectos de ley relativos al tema, algunos archivados y otros todavía en trámite (entre ellos el Boletín N°11.689-12, con el cual se pretende incorporar formalmente el criterio del cambio climático a la Ley N°19.300), pero aún no se presenta un proyecto de ley marco para el cambio climático que siente las bases para desarrollos normativos posteriores así como por fuentes del Derecho de menor jerarquía.

Sin embargo, los que trabajamos en el mundo del Derecho ambiental hemos visto en el último año que los organismos de la Administración del Estado con competencias ambientales que participan de la evaluación de proyectos en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) han comenzado a requerir durante la evaluación de proyectos de inversión (emplazados en la zona norte, especialmente) que se incorpore por los proponentes “una visión y un análisis de la incidencia del cambio climático”, en las etapas de construcción, ejecución y cierre de aquellos.

Incluso, hemos visto recientemente que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió una reclamación que le fue presentada y que como consecuencia de ella anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto ya evaluado y calificado, ordenando evaluar efectos en un ecosistema específico “(…) considerando los escenarios de cambio climático utilizados por los expertos en la materia (Reclamación 141-2017, Segundo Tribunal Ambiental)”.

El problema es que más allá de las buenas intenciones que puedan tener órganos públicos y de lo urgente que pueda resultar la inclusión de la variable asociada al cambio en el clima en la evaluación ambiental, no existe una sola norma en el Derecho positivo vigente ni un acto administrativo que habiliten para realizar exigencias como las mencionadas. Lo que resulta más grave aún si consideramos el peso relativo del principio de legalidad en el Derecho público y que el procedimiento de evaluación ambiental es ampliamente considerado por todos los actores como un procedimiento administrativo esencialmente reglado (fase de evaluación).

Es de esperar entonces, que antes de la realización de la COP 25 tengamos un proyecto de ley marco tramitándose en el Congreso con genuina voluntad política de los colegisladores para que podamos contar pronto con reglas claras y conocidas por todos sobre el tema.