Por Martín Rodríguez
Director ejecutivo de Feedback

Al menos instrumentalmente, la Nueva Mayoría ha eliminado por estos días el estigma vilipendiado que se le asignaba al chorreo. La palabra que hoy manda es crecimiento.

Hacienda ha mostrado sus credenciales para entrar en este juego y ha dicho “resuelto el modo de redistribuir mejor la torta, ahora debemos hacerla crecer”. Y lo ha hecho con una agenda proinversión, enfocada en destrabar proyectos vía la eliminación de burocracias, la agilización de trámites y procesos regulatorios; a lo que se suma el plan de infraestructura de transporte y la capitalización de BancoEstado.

Es un esfuerzo importante. Pero la tarea de mejorar las expectativas de crecimiento no termina ahí ni depende sólo del Gobierno. Hoy, se requiere abordar el clima de desconfianza generalizada entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía; clima que impide que muchos proyectos tomen la decisión de partir o lleguen a feliz término.

Se trata de proyectos que aún no tienen sus resoluciones de calificación ambiental, que se encuentran en territorios con una alta competencia entre actores, con causas judiciales pendientes, y que enfrentan a comunidades movilizadas. Son, en general, inversiones que sienten que el escenario actual no los quiere.

Los casos de energía y minería son paradigmáticos. Las controversias sobre ese tipo de proyectos se encuentran polarizadas y ningún actor es capaz de imponer su verdad; en ellos pareciera que ya no es posible alcanzar acuerdo. Como en Freirina, que no tiene otro proyecto de inversión que no sea el criadero de cerdos para salir de su crisis económica; o de una minera en el valle del Choapa que ha suspendido su ampliación por una controversia con una comunidad de 300 personas, por mencionar sólo un par.

Lo cierto es que no hay consenso con la propuesta de crecimiento que estos proyectos ofrecen. ¿Pero cómo no es posible llegar a acuerdos? ¿Qué es lo que hace que los capitales generen más incertidumbre que expectativas positivas? Una pista es revisar el tremendo nivel de desconfianza hacia las instituciones. Según la última encuesta de la UDP, las “grandes empresas” pasaron de un nivel de confianza de 27% el 2010, a un 10.5%, este año; mientras que los partidos políticos cayeron de un 11.5% a un escuálido 4.4%, en el mismo período.

La principal limitante para superar la desconfianza es de orden cultural: llegar a acuerdos no es inherente a los modos de hacer las cosas del país. En las naciones anglosajonas, los procesos de negociación permiten alcanzarlos, ya que existen procesos normados y legitimados, que a su vez promueven que los actores acepten sus resultados y, más importante aún, los cumplan. La premisa es que hay que llegar a un trato y aceptarlo. Sin embargo, en Chile la desconfianza es tal que los procesos de negociación no arriban a resultados, porque no hay predisposición a alcanzarlos. Muchas veces pareciera que el único acuerdo posible es el que represente en plenitud los intereses de los involucrados. Y así vamos tirando el mantel.

Otro obstáculo es la desconfianza hacia los empresarios, o desde la otra vereda, el clima “antiempresarial” denunciado por la Sofofa. Con Piñera la cosa no era mejor: no digamos que se construyeron las bases para que la ciudadanía se reencantara con el empresariado. Pero hay algo que los propios gremios no están haciendo. Se sigue privilegiando la lógica de la generación de riqueza per se, y su relato –por ejemplo– no conecta con el discurso más inclusivo que han incorporado las empresas de energía y minería ante las comunidades. En el tema de la reforma tributaria –aparte de Juan Pablo Swett– la mayoría de los gremios mascullaron muy a su pesar el acuerdo y no pocos trataron de correr el mantel. ¡Para qué, si ya estaba aprobada!

Un tercer elemento que aumenta la desconfianza es el débil rol que cumple el Estado en los territorios donde se realizan los proyectos. La verdad es que muchas veces las instituciones se retiran o están ausentes, y dejan que las empresas se las arreglen como puedan con las comunidades, o bien,  actúan como mensajeros de estas últimas. No tienen la convicción ni son facilitadores de los acuerdos necesarios para que las inversiones se concreten.

En el fondo, lo que se necesita es un cambio cultural que debe abarcar a todos, al Estado y sus instituciones, a las empresas y sus proyectos, y a las comunidades en los territorios, cambio que debe apuntar a una nueva cultura de los acuerdos. Existen experiencias interesantes, como es el caso del acercamiento público-privado para definir una agenda energética de largo plazo para Chile, o lo que está realizando el Consejo de Innovación para la Competitividad, con su mesa de Minería y Desarrollo, que está definiendo acciones para superar los obstáculos que impiden el desarrollo del sector. Hacerlo es urgente, porque lo que está en juego es mayor: la posibilidad de que el crecimiento sea legitimado por todos. •••