Había llegado hace pocos días de Nueva York cuando Michelle Bachelet –en su versión 2013–, habló por primera vez de EL tema que remece a la sociedad chilena: la educación. “Creo que es regresivo que quienes puedan pagar, no paguen… Pero yo creo en la gratuidad como concepto y creo que la enorme mayoría de […]

  • 15 julio, 2013
Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

Había llegado hace pocos días de Nueva York cuando Michelle Bachelet –en su versión 2013–, habló por primera vez de EL tema que remece a la sociedad chilena: la educación. “Creo que es regresivo que quienes puedan pagar, no paguen… Pero yo creo en la gratuidad como concepto y creo que la enorme mayoría de los chilenos no puede pagar… Personalmente, creo que yo que puedo pagar la universidad de mi hija, no sería justo que a mí el Estado me pagara la educación de mi hija”, dijo la ex Mandataria.

Algunas semanas después –y con masiva marcha mediante–, su discurso tomó un viraje y anunció gratuidad universal en la educación superior en un plazo máximo de 6 años. Un plan que sería financiado con una reforma tributaria que pretende recaudar 8.200 millones de dólares con la eliminación del FUT (Fondo de Utilidades Tributarias) y con el aumento de un 20% a un 25% los impuestos a las empresas.

El anuncio, cómo no, causó amplio revuelo en el mundo político y empresarial –sobre todo por la eliminación del FUT–, al tiempo que Bachelet arrasaba en las primarias de la Concertación con un 73,11% de los votos.

Pero al momento de ir a las urnas, lo que se sabía de esta revolucionaria propuesta era poco y nada. Hoy no es mucho más tampoco. La diferencia es que hasta el día 4 de julio, la web de Bachelet sólo esbozaba que “es necesaria una reforma estructural profunda basada en cuatro pilares fundamentales: fin al lucro; calidad; fin de la segregación, y avances sustantivos hacia la gratuidad universal”, pero al pinchar no aparecía nada. Hoy, en cambio, al menos hay 3 páginas en las que plantea –entre otras cosas– aumentar la cobertura preescolar, implementar un sistema de acreditación de salas cunas y jardines, desarrollar un plan para fortalecer la educación pública para que sea un derecho asegurado a todos por igual, terminar progresivamente con el lucro y financiamiento compartido en educación escolar, y garantizar el financiamiento, acceso y calidad de educación superior.

Sin embargo, las interrogantes persisten. ¿Cómo aterrizar este cambio en el modelo de educación? Le pedimos a un grupo de expertos –de distintas tendencias e instituciones–, que nos ayuden a descifrar el diseño y –sobre todo– la implementación de esta eventual política pública.

1- ¿Es gratis-gratis?

“Garantizaremos financiamiento, acceso y calidad. En un máximo de seis años, la gratuidad debería alcanzar a todos los jóvenes chilenos. Eso va a estar establecido en el proyecto de ley. Un grupo de expertos establecerá el valor de los aranceles de la educación superior. Y las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que firmen convenio con el Estado no podrán cobrar aranceles más altos que ese monto. De esta forma, cuando hablemos de gratuidad en Chile, hablaremos de gratuidad efectiva”. (M.B.)

Claudia Sanhueza es economista, profesora de políticas públicas de la UDP y miembro del equipo que diseñó la propuesta educacional de Bachelet. En el comando prefieren no referirse a sus alcances mientras no se anuncie el nuevo equipo que trabajará en ella, pero Sanhueza accedió a opinar desde su posición académica y no como representante de la comisión que trabaja en el proyecto.

Para ella algo se ofrece “gratuitamente” cuando no hay vínculo entre lo que cada uno paga y lo que cada uno recibe. Ejemplifica con el Servicio Nacional de Salud Británico, creado para responder a los requerimientos de todos, gratis en el punto de servicio y basado en la necesidad clínica y no en la capacidad de pago.

“Si uno entiende la educación como un derecho social, no puedes dejar un sector de las instituciones condicionadas a cierto mecanismo. Eso es lo que ha pasado en la educación escolar, donde tienes un sistema público gratuito para los más pobres y uno privado subvencionado para los más ricos, tú no quieres que eso pase en la educación superior”, plantea.

Al hablar de gratuidad de la educación superior, Sanhueza tiene claro que no la financia una “varita mágica”. No sabe cuál será el mecanismo al que recurrirá Bachelet –quien anunció una forma tributaria–, pero junto al abogado Fernando Atria, jefe del equipo constitucionalista de la ex Mandataria, han planteado la posibilidad de incluir un impuesto especial para los graduados de la educación superior. La idea –dice– sería imitar el modelo británico de salud: que los estudios superiores sean gratuitos en el punto de servicio y que no se acceda a ellos según la capacidad de pago. “Finalmente, tú no pagarías un precio de mercado –el valor de la carrera– sino en función de tus ingresos”, explica Sanhueza.

“La pretensión de que la educación sea ‘gratuita’ implica transformar radicalmente la manera en que pensamos sobre educación: no ya como un bien que se compra y se vende en el mercado (y al que cada uno accede, entonces, en la medida de sus posibilidades), sino como un derecho social”, plantearon los académicos en una columna de El Mostrador.

Sanhueza y Atria analizan el crédito contingente al ingreso –aprobado por el Senado en enero pasado– el cual permitiría al 90% más pobre financiar sus estudios y que contempla que ningún joven pague más allá de un décimo de su sueldo por un período de 15 años. Si logran saldar la deuda antes de ese período, automáticamente dejan de pagar. Algo que, según su opinión, sólo podrán hacer los egresados con ingresos altos porque los demás deberán seguir pagando.

¿Por qué no extender ese crédito al 10% restante, es decir, a los más ricos?, se preguntan. Con ello, “todos pagarían lo mismo, después de haber estudiado, en atención a su capacidad contributiva. Como los estudiantes del 10% más rico probablemente tendrán salarios más altos, terminarán pagando más de lo recibido, mientras que los pobres pagarán menos de lo recibido”, detallan. En concreto, esta dupla propone que todos paguen por 15 años independiente de que logren “devolver” antes el “préstamo”.

Sanhueza agrega que “Chile es el país que más gasta en forma privada en educación respecto de su ingreso per cápita, muy por sobre el promedio de los países de la OCDE (1,6% del PIB el 2009, mientras que Nueva Zelanda 0,5% del PIB)”, dice la experta y plantea que “en un paradigma nuevo, de derecho social, no tiene sentido que haya aranceles arbitrarios. Es una manera de controlar el incremento del gasto”.

2- ¿Para quién va la plata?

“Implementaremos un nuevo sistema de acreditación, que asegure la calidad de la educación superior en todas sus formas. Un sistema único, obligatorio y con estándares de nivel internacional. Destinaremos medidas concretas para el financiamiento directo de las instituciones, fundamentalmente para actividades de interés público e investigación. En este esfuerzo, estableceremos un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado”. (M.B.)

Otra de las grandes preguntas es de qué forma se financiará la educación superior, ¿los alumnos tendrán un voucher o las universidades recibirán el dinero? En entrevista con La Tercera, la ex Mandataria dio algunas luces: “Para que las universidades reciban recursos van a tener que firmar un convenio con el Ministerio, que va a fijar un arancel fijo, y no variable como ahora. Deben ser universidades acreditadas, sin fines de lucro –como establece la ley– y eso tiene que asegurarse”.

¿Qué pasa si una universidad quiere cobrar otro arancel? Bachelet fue clara: “Una universidad podrá decidir no entrar al convenio, pero el Estado no le va a pasar un peso”.

“Tanto Bachelet como Piñera entienden la educación como un bien capital. El sistema que como movimiento estudiantil nos estamos imaginando, no tiene arancel. El que ella ha anunciado creemos que tiene aranceles porque cuando habla de gratuidad, lo único que alcanza a decir es que los estudiantes no pagarán, sino que lo hará el Estado, pero ¿con qué mecanismo le entregará recursos a una institución de educación superior?”, se preguntan José Miguel Sanhueza, Felipe Larenas y Gonzalo Winter, alumnos de la Universidad de Chile e investigadores del Centro de Estudios de la Fech. Estos estudiantes han tratado de interpretar las definiciones de la ex Presidenta en materia de educación. Los tres coinciden en que “más que proponer un nuevo sistema, plantea medidas aisladas, muchas de las cuales responden a las demandas históricas del movimiento estudiantil”.

A su juicio, la propuesta de Bachelet es radical, ya que “si las universidades privadas ya no necesitarán más plata de los particulares para financiarse, sino que el Estado les entregará recursos, podrían ocurrir nuevos casos como el de la Universidad del Mar. En ese escenario, la gratuidad podría ser nefasta”, sostienen. Y Felipe Larenas va incluso más allá: “Hoy en Chile es más fácil como persona jurídica abrir una universidad que una botillería”.

Advierte que la Comisión Nacional de Educación actúa ex post, es decir, regula a las universidades cuando ya llevan varios años funcionando. Y la acreditación es un proceso voluntario al que se someten las instituciones.

“El proyecto de acreditación que se ha propuesto sigue siendo ex post, puedes funcionar una década antes que te digan que tu universidad es pésima, y que la cierren significa que el estudiante fue estafado. Tendría que existir la figura de un administrador estatal que la haga flotar si ello ocurre”, proponen mientras se preguntan qué pasaría si volviera a aparecer un caso como el de la Universidad del Mar.

Según cifras, solamente el 26% de las carreras universitarias están acreditadas y en los centros de formación técnica esa cifra no supera el 2,6%.

3- ¿El fin de los colegios particulares subvencionados?

“Terminaremos progresivamente con el lucro y el financiamiento compartido en la
educación. En esto último, aumentaremos la subvención escolar y vigilaremos que cada peso que el Estado invierta en educación se traduzca en calidad”.(M.B.)

A partir de la década de los 80, la administración de la educación primaria y secundaria que originalmente estaba en manos del Ministerio de Educación, fue traspasada a las municipalidades. Junto con ello, se promovió el ingreso de privados, muchos de los cuales recibieron financiamiento estatal. Así, en Chile hoy opera un sistema de provisión mixta, con más de 3,5 millones de alumnos de los cuales un 54% asiste a educación particular subvencionada, el 38% a educación municipal y el 7% a educación particular pagada.

Sergio Urzúa, economista jefe del área de políticas sociales del CEP, cree que sería un error garrafal acabar con la educación escolar subvencionada porque “es parte de un pilar fundamental del sistema educativo que tenemos, ha sido el motor que ha permitido aumentar la matrícula –en educación media en particular– y además juega un rol importante porque ofrece alternativas a los hogares, fomentando la competencia”.

Urzúa, quien estudió toda su vida en colegios públicos, cree que “solamente educación pública no será suficiente. Tienen que haber opciones distintas. Las familias votan con los pies (término gringo para referirse a un reclamo silencioso), es decir, cambian a los hijos cuando tienen dudas respecto de la educación pública o cuando hay paros”. Algo que se puede observar en el caso del Instituto Nacional, donde, según Urzúa, las postulaciones han bajado de 4.000 a 1.500. “¿A dónde se están yendo esos alumnos, a los colegios particulares subvencionados?”, se pregunta el académico.

La competencia, a su juicio, incentivaría la calidad. “El problema de la educación pública es que no compite”, sentencia, aun cuando está claro que Bachelet lo plantea fuera de los términos de mercado. “Pueden ponerle el nombre que quieran, pero omitir que hay una demanda y una oferta por educación es simplemente taparse los ojos. Hoy se levantan colegios particulares subvencionados con una tremenda infraestructura en 2 años, ¿dónde están los colegios públicos que compiten con ellos? Además, al haber financiamiento compartido, los papás se empoderan porque al pagar se sienten con derecho a algo. Cuando lo recibes gratis, no te sientes con el derecho de exigir nada, independiente que sea un bien de consumo, de inversión, del nombre que tenga. Lo importante es que exista la competencia.

En el Instituto Libertad y Desarrollo coinciden en este punto. En su documento “Prohibición de colegios con fin de lucro: nivelando para abajo”, concluyen que no existe evidencia de que la eliminación del lucro contribuya a mejorar la calidad, ni que la eliminación del copago termine con la segregación. “Hoy, más del 30% de los niños y jóvenes están matriculados en colegios particulares subvencionados, constituidos como corporación con fines de lucro. La mitad de estos colegios no cobran un copago, y son en general colegios pequeños, cuyos dueños no tienen espacio para generar grandes rentas. Creemos que los colegios debieran juzgarse por sus resultados y no por la naturaleza de sus sostenedores”, dice María Paz Arzola, investigadora de LyD. “La evidencia apunta a que los alumnos de colegios particulares subvencionados logran en promedio mejores resultados que los alumnos municipales. Distinguiendo además entre colegios particulares subvencionados con y sin fines de lucro, encontramos que los segundos tienen los mejores resultados, y que los colegios con fines de lucro siguen siendo mejores que los municipales”.

La economista insiste en que “falta entonces que la Bachelet explique qué va a pasar con este más de millón de estudiantes que se verán forzados a cambiarse a un colegio que no escogió en primeria instancia, aun cuando pudo hacerlo; o qué pasará con los más de 55 mil profesores que quedarían desempleados”.

Lo que sí se puede desprender de sus anuncios, a juicio de los expertos, es que la gratuidad pasa por la desmunicipalización. ¿Quién se hará cargo de esos colegios? “Hay algunas propuestas, como crear un servicio nacional de educación pública que sea descentralizado”, explica Claudia Sanhueza, y precisa que “el tema con la municipalización no es un tema contra la descentralización, sino contra quien está administrando esos colegios, el diagnóstico es que los municipios no tienen las competencias para hacerse cargo”.

4- ¿Y los profesores?

Vamos a prestigiar la labor docente, y lo haremos a través de mayores incentivos económicos y de acceso real a capacitación continua y especializada.

Disminuiremos el número de alumnos por sala y cada profesor tendrá más tiempo para
preparar sus clases”.(M.B.)

Al hablar de educación de calidad, Inger Enkvist es un referente. Esta pedagoga sueca ha escrito innumerables ensayos sobre los males de la educación y ha atacado la intocable autonomía del alumno. Asesora del Ministerio de Educación de su país, no cree que la gratuidad sea la solución al problema del modelo chileno. “La gratuidad no es ni buena ni mala. Además, es una palabra populista porque no es gratuita, la pagan los contribuyentes”, explica desde España.

En cuanto a la universidad, sostiene que está a favor del sistema sueco, “que supone un préstamo estatal que el alumno recibe, pero tiene que devolver (una tercera o cuarta parte no se devuelve). Sin embargo, el estudiante tiene que mostrar cada uno o dos semestres que ha aprobado los exámenes, de lo contrario, no puede acceder al préstamo. Una universidad absolutamente gratuita en seguida se convierte en un aparcamiento de jóvenes, una manera de maquillar el paso juvenil”, sentencia.

“Estoy a favor de la buena educación, pero ésta puede ser tanto pública como privada. El régimen de gestión no tiene ninguna relación lógica con la calidad. Lo que pasa es que por allí se ha colado la política y la envidia. Se piensa que los alumnos de los colegios de pago ‘reciben’ una educación mejor, como privilegio”, comenta.

En su opinión, el problema está en que “no se quiere exigir el esfuerzo en la educación; que todos los alumnos tengan los mismos –y buenos– resultados. Los partidos socialistas tienen a gente en la calle gritando que quieren mejor educación cuando ésta se consigue estudiando fuerte en casa. Lo absurdo de su actuación demuestra que no persiguen una buena educación, sino abrir el camino para otro gobierno”, dispara.

Para ella, “calidad es igual a excelentes profesores”. En Finlandia, por ejemplo, ser profesor es un honor. De hecho, para cada plaza vacante, puede haber cerca de 10 postulantes. La profesión atrae a los jóvenes más inteligentes y talentosos, pese a que el sueldo es bueno pero no generoso. Los docentes son pagados por las horas de clase.

Enkvist conoce de cerca el modelo finlandés, el sueño de cualquier país, ya que sus alumnos obtienen los mejores resultados internacionales y la escuela es obligatoria, gratuita y comprensiva.

¿Cuál es la receta? “Docentes muy inteligentes y de un nivel lingüístico propio muy alto”, explica. Agrega que “en ningún país mejora el rendimiento sólo aumentando los salarios” y que “es muy importante tener pruebas finales nacionales para que un profesor pueda mostrar que ha sido eficaz”.•••

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Desde la cuna

Dentro de los anuncios de Michelle Bachelet, la educación preescolar es uno de los elementos clave. Según el proyecto, incorporará 90 mil niños y niñas de entre 0 y 2 años al sistema, con la habilitación de 4.500 salas cunas gratuitas. Y se generarán 34 mil nuevos cupos para los menores entre 3 y 5 años. Ello irá acompañado de un sistema de acreditación de salas cunas y jardines para garantizar estándares más exigentes.

Para Sergio Urzúa, la educación preescolar “es un lugar común. A quién le preguntes te dice que es el área en la que hay que invertir. Es un pilar fundamental, pero no es obvio que quieras sacar a un niño de la casa a los 2 años; si no puedo asegurar calidad, es probable que sea mejor que se quede con su madre”. Para este investigador, el tema es delicado, ya que “si miras la lógica de las salas cunas, es que la madre trabaje. Una buena mamá, que le da afecto y motiva a su hijo, probablemente por las mismas características, va a tener un buen retorno en el mercado laboral”. Bajo la lógica del Chile Crece Contigo (programa implementado en el gobierno de Bachelet), explica, “es probable que si no puedes asegurar la calidad, estés alejando al chico de una buena madre para llevarlo a un mal jardín. Efectivamente, la madre puede hacer buen dinero en el mercado laboral, pero ¿quién me asegura que ese chico va a estar mejor?”, se pregunta Urzúa.

El economista del CEP cree que “falta una evaluación del Chile Crece Contigo. Se abrieron jardines en todas partes y ¿qué pasó con la calidad? Nosotros vemos lo que pasó con el sistema de educación superior, es fácil parar una universidad, la pregunta es quién hace clases ahí y cómo se consiguen buenos profesores. Esa misma lógica debiera extenderse a la educación preescolar”, señala.