• 12 agosto, 2011



Hoy sería una ilusión pensar que se puede aislar a la ciudadanía de los proyectos empresariales de alto impacto social y ambiental. Tampoco éstos tienen aseguradas su aprobación y legitimidad social por la vía de las mitigaciones o compensaciones que les exige la ley, por muy grandes que sean.


En el ring ambiental, hasta hace no mucho la percepción generalizada era que las empresas tenían a los ambientalistas en la lona. Es cosa de ver lo ocurrido hace más de una década con proyectos emblemáticos como Ralco o GasAndes, los que tuvieron no pocas dificultades para concretarse. Al mirarlos desde la realidad actual, se ve que éstos se circunscribían a los directamente afectados y a diversos grupos activistas que hacían de ellos el centro de su actuar. Pero la mayor parte de la ciudadanía los percibía como episodios que transcurrían en un acuario, en forma aislada, sin mayores consecuencias para sus vidas.

Así, los ciudadanos eran espectadores de conflictos –altamente controversiales– de los cuales no se sentían parte. Si bien eran conscientes de las escaramuzas entre las grandes empresas y los grupos ambientalistas, se mantenían al margen, en la medida en que veían que estos rounds no salpicaban más allá del micro espacio en que se desarrollaban.

Al final del día, todos percibían que se trataba de llegar a acuerdos con los directamente afectados, como las hermanas Quintremán, en el Alto Bío Bío; o la familia Astorga, en el Cajón del Maipo. Si las primeras firmaban o si cedían los segundos, era porque había una compensación justa o posible, que obligaba a los “resistentes” a dar un paso al costado.

Lo distinto es que por ese entonces no estaba en juego, o no cabían dudas, sobre el concepto de desarrollo que debía tener el país; al menos, para la mayor parte de la ciudadanía. Así, respecto de estos proyectos, el sentido era lograr acuerdos que asegurasen un equilibrio que permitiera su implementación y las compensaciones necesarias.

Pero eso ya no es posible. Hoy sería una ilusión pensar que se puede aislar a la ciudadanía de los proyectos empresariales de alto impacto social y ambiental. Tampoco éstos tienen aseguradas su aprobación y legitimidad social por la vía de las mitigaciones o compensaciones que les exige la ley, por muy grandes que sean.

La cancha donde se juega el debate actual en torno a los proyectos con impactos ambientales es otra. El terreno de juego está cada vez más en el ámbito de los valores. Y no sólo en los asuntos ecológicos. La crisis financiera global de 2008 en adelante mezcló la percepción acerca de las prácticas ambientales con la dimensión ética de los negocios. No basta que las empresas hagan una promesa de sustentabilidad, sino que transmitan la convicción de que han entendido el nuevo contexto y que han instalado el cambio en el corazón de su cultura y estrategia de negocios.

Mientras, los escepticismos se acrecientan y la ciudadanía se aproxima al problema desde un rango que va de lo que ya se considera inaceptable, pasando por lo dudoso, hasta lo aceptable (lo que se puede conversar).

El primero de éstos, el de lo inaceptable, está marcado por la mayor conciencia de que el planeta ya está al límite. Así, expertos y científicos, como los del Global Footprint Network, han calculado la cantidad de tierra que se necesita para producir los recursos que usa un país y para tratar sus desechos, comparándolos con las áreas disponibles. La conclusión a nivel global es devastadora: en 2009, habríamos requerido 1,4 planetas Tierra para sostener el crecimiento económico mundial. En otras palabras, estamos comiéndonos la capacidad de crecer en el futuro.

Es en este marco de “cultura ambiental ciudadana” que se explican movimientos como el ocurrido con la central Barrancones. Lo que muchos percibieron fue la fragilidad de un ecosistema único, que la realización del proyecto se “comería” la posibilidad de seguir viendo delfines y que eso sí tiene impacto sobre sus propias vidas. No por nada el rechazo fue transversal e incluyó desde actrices como Leonor Varela hasta empresarios como Juan Claro. Comerse el futuro ya no es aceptable para la ciudadanía.

La globalización y la capacidad de estrechar vínculos mediante las redes sociales aumentan la noción de que los valores y comportamientos de los otros importan, en la medida en que se percibe que éstos impactan cada vez más en las vidas de cada uno. En este sentido, hemos estado transitando de un mundo conectado a uno interconectado y ahora, a uno éticamente interdependiente.

Por lo mismo, tampoco funciona la respuesta de quedarse sólo en la idea de negociar compensaciones. Las estrategias de “mejor compensación” son cada vez menos sostenibles. El win-win es necesario, pero no suficiente.

Gurúes del management como Michael Porter han puesto luces de alerta sobre el futuro del capitalismo, advirtiendo que el desarrollo de las empresas pasa hoy necesariamente por integrar plenamente las variables ambientales y sociales.

El desafío estaría en la capacidad de generar beneficios para todos los grupos que se relacionan con las compañías; en sus palabras, de generar valor compartido. Pero este recorrido también puede ser una trampa si al final se cree que generar valor compartido “es aumentar el presupuesto de inversión social”.

Lo sustancial en el día de hoy, y esto es lo aceptable, consiste en resolver aspectos más intangibles, en construir confianzas, en avanzar hacia visiones compartidas con un fuerte sustento en lo ético. Y eso es creerse el cuento y enfrentar la nueva realidad con determinación.