El Presidente norteamericano Theodore Roosevelt decía que al pasar lista en el Senado, los parlamentarios no sabían si responder “presente” o “inocente”. Y es que constituye uno de los pasatiempos favoritos de los seres humanos el ataque constante e inmisericorde a la clase política. A veces, éste se hace de manera más selectiva y precisa, apuntando las miras hacia una corporación en particular: el Senado. A si ha pasado en Chile estos días, a propósito de la reforma tributaria y de los otros cambios anunciados.

Esta institución es la más antigua no sólo dentro de la institucionalidad chilena, sino también en la historia de la humanidad. Su rol es muy definido y emblemático: constituye el contraste necesario respecto de la Cámara de Diputados en el proceso de formación de la ley y en las otras funciones que la Constitución le encomienda. Así, la Cámara representa –en teoría– a las personas, a la política candente, al ímpetu, a la pasión, que pone velocidad e impulso a la labor parlamentaria. Por esa razón es que se le otorga de manera exclusiva –y excluyente del Senado– la facultad de fiscalizar los actos del Gobierno de turno, realizar comisiones investigadoras, interpelar ministros y acusar constitucionalmente a las altas autoridades públicas.

El Senado, en cambio, representa la cámara enfriadora, que baja las revoluciones (a veces las sobre-revoluciones) de su contraparte, del cual no siendo su superior jerárquico, es el necesario alter ego que permite el sano equilibrio democrático. Ésa es la razón por la cual representa –nuevamente en teoría– a los territorios y no a las personas; donde no le está permitido fiscalizar, pero sí ser jurado final respecto de las acusaciones constitucionales; nombra o concurre al nombramiento de otras altas autoridades, como los ministros de la Corte Suprema o el contralor; cumple finalmente un rol de consejero, de conciliador, y por sobre todo de generador de acuerdos, palabra que al parecer algunos han querido transformar –sin validación social– en una suerte de palabrota o sinónimo de algún tipo de obscenidad.

En tiempos donde tendemos a pensar que el que grita más fuerte, el que convoca más manifestantes o que insulta más agresivamente es quien tiene finalmente la razón (o el derecho), todo aquél que abogue por acuerdos parece un incomprendido. ¿Pero acaso ése no es precisamente el rol que debe cumplir un senador? En esto hay un valor democrático intrínseco: como recordábamos hace poco, la democracia no es el gobierno de la mayoría por sobre la minoría, ya que en ello no se diferenciaría en nada de la fuerza bruta como legitimadora del poder, sino más bien aquella forma de gobierno que permite administrar un país en respeto a la minoría, sin aplastarla. Bien sabe cualquiera que ha ejercido una mayoría que el aprobar proyectos triturando al adversario, las leyes que son producto de esa trituración están condenadas a ser impermeables respecto de un significativo número de ciudadanos, los que incluso pueden pasar a ser eventualmente mayoría. Nadie tiene el poder asegurado por siempre. Grandes cambios requieren grandes acuerdos, los que pueden ser expresados desde la firme convicción hasta la mera tolerancia, pero jamás desde la soberbia.

De lo anterior, es que debemos valorar con particular detenimiento y meditación la importante labor y esfuerzo que despliega nuestro vilipendiado Senado, al no escatimar alternativas dentro de las reglas del juego con el objeto de llegar a tantos acuerdos como sea posible. El acuerdo en política suele ser castigado con la incomprensión rápida y nunca premiado con el agradecimiento reflexivo. Con razón Sir Richard Cartwright decía que el valor de un Senado no está sólo en lo que éste hace, sino más bien en lo que el Senado previene que otros hagan, en desmedro del Bien Común.

El ardiente fuego es probablemente mucho más popular que el agua fría, pero sin ella, la espada y el escudo forjados en el calor de las brasas impedirán al herrero darle el filo y la resistencia suficiente para que cumplan su función. Del mismo modo, la política necesita –ruega– por espacios de acuerdos en momentos donde se decante el sentido común que permitan implementar políticas públicas racionales, eficientes y justas. •••