• 27 julio, 2007

 

Este año entrarán al debate especialmente los temas relacionados con los ingresos fiscales.

 

Con la convocatoria del Ministerio de Hacienda a los comités de expertos que determinarán el crecimiento del PIB de tendencia y el precio de largo plazo del cobre se da inicio al debate presupuestario del año 2008. Terminado el mes de julio estos comités deberán entregar sus resultados. Con estos guarismos el impulso fiscal agregado del año 2008 queda bastante determinado. Al igual que el año pasado, el ministro de Hacienda se anticipó y predijo que el crecimiento del gasto fiscal no llegará a dos dígitos. Al igual que el año pasado el comité del precio del cobre es el que “la lleva”, puesto que de sus resultados depende críticamente el impulso fiscal del próximo año, pero a diferencia de 2007, el impulso fiscal del año próximo se determinará con un superávit estructural de 0,5% del PIB. A partir de agosto, el Ministerio de Hacienda se debe abocar a preparar la propuesta presupuestaria que enviará al Congreso antes que termine septiembre. Octubre y noviembre son los meses del debate parlamentario y el presupuesto debe quedar listo al terminar noviembre. De no haber acuerdo en el legislativo la constitución determina que se aprueba la propuesta enviada por el Ejecutivo. Nunca se ha aplicado esta brutal cláusula presidencialista y la prudencia ha recomendado siempre negociar y llegar a acuerdos.

Con la madurez de la economía chilena y en parte también con la consolidación de la metodología de las cuentas fiscales estructurales, el impulso fiscal agregado o macroeconómico ha ido perdiendo relevancia y crecientemente adquiere importancia el debate presupuestario microeconómico. En otras palabras, un impulso fiscal cercano a 10% anual por segundo año consecutivo puede ser un problema o puede ser bien recibido por el mercado, dependiendo de cuáles son los componentes de ese impulso fiscal. Se hace cada vez más difícil aceptar incrementos de gasto fiscal asistencialista, donde los programas de ejecución no estén bien definidos ni aseguren que los recursos llegarán a los beneficiarios finales. Son demasiados los casos del último tiempo en los cuales se quedan enredados en intermediadores o son desviados a la cuenta de la corrupción. Se trata de una falla del aparato estatal que ahora más que nunca corresponde enfrentar. Por ello, el país mira cada vez con mejores ojos un gasto fiscal dirigido a modernizar el Estado, pagando indemnizaciones para desvincular personal público de dudosa productividad. Así lo propuso por ejemplo la llamada propuesta de los 20. Descentralizar los programas del Estado y empoderar a la gente con subsidios directos que toman en cuenta su decisión, controla, la corrupción y también permite, incentivar el esfuerzo individual para derrotar la vulnerabilidad social. El asistencialismo puro, sin contraparte de esfuerzo individual, solo presiona la carga tributaria y bloquea el crecimiento.

Este año un nuevo componente del debate fiscal parece tomar forma: el de los ingresos fiscales. Las cuentas estructurales han sido interpretadas hasta ahora como una manera de determinar el gasto fiscal, pero en realidad la contabilidad estructural determina el superávit o déficit fiscal, que llamamos impulso fiscal. Por ello, el impulso fiscal agregado que sale de los comités de expertos puede también interpretarse como el nivel de ingresos tributarios que es consistente con un nivel de gasto fiscal dado, que a su vez es también consistente con el superávit estructural del 0,5%. Así, un impulso fiscal rondando por segundo año consecutivo el 10% de crecimiento puede ser conveniente cerrarlo con una rebaja de aquellos impuestos que más distorsionan mercados o perturban la inversión, el crecimiento y el empleo. A su turno, una demanda agregada impulsada en exceso por transferencias directas de tipo asistencialista tiene efectos económicos distintos que una demanda agregada impulsada por eliminación de distorsiones tributarias. En este último caso hay un efecto directo en la oferta y en la productividad de la economía, por lo que la expansión de la demanda agregada es parcialmente acomodada por una mayor producción de bienes y servicios. Para el mercado no es lo mismo poner los recursos de vuelta en las manos de los contribuyentes que gastarlos en programas de ineficiente ejecución. El mismo 10% de expansión del impulso fiscal en un caso debe ser aplaudido, pues ayuda a las decisiones de inversión, y en el otro debería ser acogido con escepticismo, en tanto profundizaría las falencias estructurales del Estado.