• 30 agosto, 2018

Por: Juan Cristóbal Iturrate

Socio de Barros y Errázuriz

A poco de cumplirse seis meses desde que asumió el actual gobierno, y contrario a las críticas que apresuradamente se hicieron de una supuesta “sequía legislativa”, en el ámbito del trabajo se observa un proceso de plena transformación. Durante las últimas semanas, la Dirección del Trabajo ha pronunciado dictámenes que vienen a fijar las directrices que hacían falta en materias de grupo negociador y extensión de beneficios, temas en los que habían quedado evidentes vacíos tras la implementación de la reforma laboral. Así, por ejemplo, se ha aclarado que los grupos negociadores sí tienen la facultad de negociar con las empresas a las cuales pertenecen, interpretando la nueva regulación en línea con los fundamentos dados por el Tribunal Constitucional, el que fue claro en señalar que la facultad de negociar colectivamente se radica en el trabajador y no en la organización sindical. Sin duda es un avance. Ahora falta que estas aclaraciones se ratifiquen a través de proyectos de ley, con el objeto de otorgar certeza a todas las partes de la relación laboral y evitar quedar al arbitrio de la autoridad de turno. 

Otra buena noticia en el ámbito laboral son los transformadores proyectos de ley presentados. Así, el de sala cuna universal elimina la discriminación que hacía que solo las empresas que tuvieran más de 20 mujeres contratadas pudieran gozar del beneficio. Este proyecto no solo garantiza el acceso a sala cuna a los menores, independiente del lugar y tamaño de firma donde labore la madre, sino que también elimina la barrera de contratación de la mujer que implica el costo de una sala cuna para la empresa. 

Por su parte, el proyecto que crea el estatuto laboral juvenil propone un régimen especial que, reconociendo formalmente al estudiante como un trabajador sujeto a la regulación laboral general, establece condiciones especiales que se hacen cargo de la realidad de miles de jóvenes que actualmente quieren y/o necesitan trabajar, pero que –de hacerlo– pierden beneficios sociales o se ven enfrentados a regímenes incompatibles con sus estudios. En la actualidad, muchos de ellos prefieren trabajar en la informalidad con el objeto de no perder beneficios sociales, lo que ciertamente no tiene sentido.

Finalmente, el proyecto de trabajo a distancia propone una regulación moderna y que hacía falta en nuestra legislación. Fomenta una administración empresarial moderna y mejora la calidad de vida del trabajador, quien puede conciliar mejor su vida personal con su trabajo, al evitar largos y costosos desplazamientos. También, abre aún más opciones para avanzar en la inclusión de trabajadoras mujeres, de la tercera edad y aquellos con discapacidad, cuyas restricciones de desplazamiento pasan ahora a segundo plano. 

En materia laboral existen diferencias ideológicas legítimas; sin embargo, necesario se vuelve reconocer que el trabajo administrativo y gubernamental que se ha desarrollado en los últimos meses se hace cargo de una realidad laboral compleja, en la cual la regulación actual dejó de estar a la altura de las necesidades de los distintos actores. Con las propuestas planteadas, nuestra regulación podrá finalmente satisfacer los requerimientos de trabajadores, organizaciones y empresarios, proporcionándoles una normativa moderna, y sobre todo, fomentando un diálogo constante que promueva y fomente mejores condiciones laborales y mayor productividad y eficiencia.