• 1 diciembre, 2011

Cuando se escriba la historia del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el caso de La Polar ocupará seguramente un lugar destacado como uno de los puntos cruciales -junto al episodio de Bielsa- que lograron bajar al gobierno del pedestal en que se encontraba después del rescate de los 33 mineros. Luego vinieron capítulos como Magallanes, Van Rysselberghe, HidroAysén y el movimiento estudiantil, que golpearon duramente al gobierno. Pero La Polar y Bielsa fueron los primeros en tocar la línea de flotación de la credibilidad y la confianza. La famosa “letra chica” terminó afectando a cientos de miles de chilenos. La Polar se ha transformado en el símbolo de toda aquella faceta odiosa del consumo que hoy agobia a los chilenos: la del endeudamiento excesivo, la del contrato ininteligible, la de la letra chica y, lamentablemente, la de un Estado que no protege ni defiende. El pueblo quiere saber quiénes son responsables. Y en ese deseo, todos quedan como culpables.
Se trata, sin duda, de un caso de privados afectando a privados, y el gobierno puede defenderse argumentando que no tiene mucho que ver con estas operaciones fraudulentas. Más aún, el gobierno puede aducir que entre sus promesas de campaña estuvo, precisamente, el fortalecimiento del Servicio del Consumidor a través de la creación del llamado Sernac Financiero; el que, más allá de las pocas facultades que terminó teniendo, fue efectivamente anunciado y hoy es promesa cumplida.
Pero las cosas en política no son tan sencillas y, por diversas razones, el gobierno terminó siendo identificado con el caso. Primero, porque tuvo una pésima reacción inicial. El ministro de Economía de la época señalo que el caso se trataba de “un accidente”. Estas declaraciones tuvieron que ser desmentidas por La Moneda, pero el daño ya estaba hecho, puesto que se confirmó lo que muchos sospechaban: que gobierno y empresa, que ministros y empresarios, provenían del mismo mundo, que eran prácticamente la misma cosa. Más aún, varios ministros –entre ellos el mismísimo héroe Laurence Golborne, así como el propio canciller de la República– hicieron sus carreras ejecutivas y empresariales en los más altos cargos, precisamente, de la industria del retail.
Por otro lado, el caso La Polar terminó uniendo y relevando dos conceptos que a estas alturas son un dolor de cabeza para La Moneda, como son los conflictos de interés y la letra chica. En un inicio, el presidente llegó a pensar que los conflictos de interés de él y de varios miembros de su gabinete era un tema de elites y que no sería problema a la hora de gobernar. Pésimo cálculo. Si Bielsa enrostró lo nefasto que resultaba que tanto Piñera como Ruiz-Tagle mantuvieran su propiedad en Colo-Colo, La Polar demostró que lo grave que puede llegar a ser la famosa letra chica. La oposición había logrado instalar el concepto para referirse a los anuncios de políticas públicas que hacía el gobierno, muchos de gran rimbombancia, pero de poca sustancia. Pues bien, La Polar demostró ante los ojos de la gente que la letra chica también mata.
Lo que se viene por delante no es bueno, tampoco. Porque si ya se sospecha del origen empresarial de las autoridades de gobierno y los posibles conflictos de interés; si ya la letra chica es asociada al gobierno y a este tipo de empresas; si ya la confianza en el presidente es baja, producto de episodios como éste, la determinación de las responsabilidades penales puede agregar otro dolor de cabeza para La Moneda. En breve: la opinión pública sencillamente no entendería que los máximos ejecutivos de la empresa no vayan a la cárcel. Más allá de que se lograre demostrar judicialmente que la cadena dolosa se corta en algún punto intermedio de los ejecutivos, sencillamente esa verdad judicial no sería creíble públicamente.
En este sentido, el fiscal a cargo de la investigación y los jueces que formalizarán y posteriormente enjuiciarán tienen una responsabilidad mayúscula. Investigar con celo y rigor el mayor escándalo financiero de la historia del país, el que ha afectado a un mayor número de gente, para, necesariamente, meter a alguien preso. Ojalá a los más altos ejecutivos, clama la gente. Pero, ¿y si no se logra? ¿Soportará esa decisión el escrutinio público?
El gobierno podría lavarse las manos y argumentar que se trata de un juicio privado, sobre un caso privado, en el que privados afectaron a privados. Pero, ya lo dijimos, las cosas en política no son tan sencillas. Porque el gobierno, durante las últimas semanas, tuvo la mala idea de inmiscuirse activamente en las decisiones judiciales. El ministro de Justicia y el del Interior no han guardado escrúpulo alguno para criticar las decisiones y los criterios de jueces y fiscales. ¿Intervendrán con igual celo a la hora de buscar culpables en el caso de La Polar, o su intervención se reserva sólo para narcotraficantes y monreros, pero no para ladrones de cuello y corbata?