Las esquirlas del caso Kodama han saltado para todos lados. Tienen copados los medios de comunicación, y al gobierno entrampado en un complejo lío político y judicial. Sin embargo, uno de las situaciones que más complica a La Moneda en estos días es la posibilidad de que la empresa constructora se decida a iniciar un juicio ejecutivo para cobrar los famosos 17 mil millones de pesos que se convinieron en el acuerdo extrajudicial. Ello, porque en el momento en que la ministra autorizó con su firma esta transacción se convirtió en un título ejecutivo para ser cobrado. Por lo mismo, si la empresa decide tomar esa acción y no se realiza el pago, el tribunal hasta podría embargar al fisco. “No basta que la ministra Von Baer diga que no se va a pagar”, comentan.

Pero, ¿qué hará Kodama? Fuentes ligadas a la constructora señalaron que por el momento la empresa no hará efectivo dicho pago y que está esperando el informe de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía Centro Norte antes de evaluar la decisión con sus abogados, Luis Hermosilla y Alvaro Morales.

De todas formas, en Kodama obviamente esperan que la Contraloría tome en cuenta el informe que emitió el Dictuc de la Universidad Católica, el cual acreditó que la constructora tuvo que incurrir en gastos por más de 17 mil millones para la construcción y habilitación del corredor del Transantiago, origen del conflicto. Dispuestos a defenderse con todo –hasta contrataron los servicios de asesoría comunicacional de Extend-, los Kodama insisten en que el informe acredita “una serie de retrasos a los que fue objeto la empresa para llevar adelante la obra, todos de responsabilidad del mandante, y que concluyó extendiendo los trabajos de esta obra desde los once meses a más de tres años y medio”. Entre los antecedentes expuestos por la empresa están “la falta de un proyecto acabado, lo que generó más de 130 modificaciones; que no contaban con los terrenos necesarios para ejecutar la obra, el surgimiento de obras complementarias y que no estaban consideradas inicialmente y una serie de modificaciones de servicios, como traslado de redes eléctricas, de gas o telecomunicaciones, entre otras, que no estaban incluidas en el proyecto original”.

  • 2 mayo, 2011

Las esquirlas del caso Kodama han saltado para todos lados. Tienen copados los medios de comunicación, y al gobierno entrampado en un complejo lío político y judicial. Sin embargo, uno de las situaciones que más complica a La Moneda en estos días es la posibilidad de que la empresa constructora se decida a iniciar un juicio ejecutivo para cobrar los famosos 17 mil millones de pesos que se convinieron en el acuerdo extrajudicial. Ello, porque en el momento en que la ministra autorizó con su firma esta transacción se convirtió en un título ejecutivo para ser cobrado. Por lo mismo, si la empresa decide tomar esa acción y no se realiza el pago, el tribunal hasta podría embargar al fisco. “No basta que la ministra Von Baer diga que no se va a pagar”, comentan.

Pero, ¿qué hará Kodama? Fuentes ligadas a la constructora señalaron que por el momento la empresa no hará efectivo dicho pago y que está esperando el informe de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía Centro Norte antes de evaluar la decisión con sus abogados, Luis Hermosilla y Alvaro Morales.

De todas formas, en Kodama obviamente esperan que la Contraloría tome en cuenta el informe que emitió el Dictuc de la Universidad Católica, el cual acreditó que la constructora tuvo que incurrir en gastos por más de 17 mil millones para la construcción y habilitación del corredor del Transantiago, origen del conflicto. Dispuestos a defenderse con todo –hasta contrataron los servicios de asesoría comunicacional de Extend-, los Kodama insisten en que el informe acredita “una serie de retrasos a los que fue objeto la empresa para llevar adelante la obra, todos de responsabilidad del mandante, y que concluyó extendiendo los trabajos de esta obra desde los once meses a más de tres años y medio”. Entre los antecedentes expuestos por la empresa están “la falta de un proyecto acabado, lo que generó más de 130 modificaciones; que no contaban con los terrenos necesarios para ejecutar la obra, el surgimiento de obras complementarias y que no estaban consideradas inicialmente y una serie de modificaciones de servicios, como traslado de redes eléctricas, de gas o telecomunicaciones, entre otras, que no estaban incluidas en el proyecto original”.

Las esquirlas del caso Kodama han saltado para todos lados. Tienen copados los medios de comunicación, y al gobierno entrampado en un complejo lío político y judicial. Sin embargo, uno de las situaciones que más complica a La Moneda en estos días es la posibilidad de que la empresa constructora se decida a iniciar un juicio ejecutivo para cobrar los famosos 17 mil millones de pesos que se convinieron en el acuerdo extrajudicial. Ello, porque en el momento en que la ministra autorizó con su firma esta transacción se convirtió en un título ejecutivo para ser cobrado. Por lo mismo, si la empresa decide tomar esa acción y no se realiza el pago, el tribunal hasta podría embargar al fisco. “No basta que la ministra Von Baer diga que no se va a pagar”, comentan.

Pero, ¿qué hará Kodama? Fuentes ligadas a la constructora señalaron que por el momento la empresa no hará efectivo dicho pago y que está esperando el informe de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía Centro Norte antes de evaluar la decisión con sus abogados, Luis Hermosilla y Alvaro Morales.

De todas formas, en Kodama obviamente esperan que la Contraloría tome en cuenta el informe que emitió el Dictuc de la Universidad Católica, el cual acreditó que la constructora tuvo que incurrir en gastos por más de 17 mil millones para la construcción y habilitación del corredor del Transantiago, origen del conflicto. Dispuestos a defenderse con todo –hasta contrataron los servicios de asesoría comunicacional de Extend-, los Kodama insisten en que el informe acredita “una serie de retrasos a los que fue objeto la empresa para llevar adelante la obra, todos de responsabilidad del mandante, y que concluyó extendiendo los trabajos de esta obra desde los once meses a más de tres años y medio”. Entre los antecedentes expuestos por la empresa están “la falta de un proyecto acabado, lo que generó más de 130 modificaciones; que no contaban con los terrenos necesarios para ejecutar la obra, el surgimiento de obras complementarias y que no estaban consideradas inicialmente y una serie de modificaciones de servicios, como traslado de redes eléctricas, de gas o telecomunicaciones, entre otras, que no estaban incluidas en el proyecto original”.