Aunque la idea de crear un santuario para las ballenas en el Golfo del Corcovado al sur de Chiloé había avanzado por buen camino, hace un par de meses las posiciones sobre cómo implementar un área protegida sin afectar el actual desarrollo económico de la zona están separando a los diversos actores involucrados. En el propio gobierno y hasta entre los entes ambientales hay visiones encontradas.

  • 2 abril, 2008

 

Aunque la idea de crear un santuario para las ballenas en el Golfo del Corcovado al sur de Chiloé había avanzado por buen camino, hace un par de meses las posiciones sobre cómo implementar un área protegida sin afectar el actual desarrollo económico de la zona están separando a los diversos actores involucrados. En el propio gobierno y hasta entre los entes ambientales hay visiones encontradas. Por Cristián Rivas N.

 

Si bien se trata de un animal eminentemente pacífico, la gran ballena azul está provocando una verdadera turbulencia en las aguas de la zona sur del país, donde desde hace varios meses se discute intensamente la creación de un área protegida en el Golfo de Corcovado, una zona de cincuenta mil kilómetros cuadrados que cubre desde el sur de la isla de Chiloé hasta el archipiélago de las Guaitecas, en la región de Aysén.

 

La conversación ha sido más que intensa. Incluso, ha sacado ronchas en un espectro amplio de autoridades de gobierno, empresarios, pescadores artesanales y un sinfín de organizaciones ambientales, que tras varios meses no han logrado generar un consenso sobre lo que finalmente se hará en la zona. El temor central es que la declaración de área protegida implicaría, entre otros aspectos, mermar el desarrollo de algunas actividades como la salmonicultura en favor de otras como el desarrollo inmobiliario y turístico. Y en eso las posiciones son bien radicales.

 

La historia partió hace por lo menos cuatro años. Cuando los primeros estudios científicos realizados por el biólogo marino de la Universidad Austral, Rodrigo Hucke, dieron cuenta de un avistamiento masivo de ballenas de esta especie en la zona limítrofe de las regiones X y XI. Ese fue el punto de arranque para la creación del Centro Ballena Azul y el trabajo conjunto con organismos como la WWF y Chile Ambiente, que promovieron la creación de un área protegida que luego fue acogida por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero y el Congreso, donde ambas cámaras dieron su apoyo.

 

Pero todo se detuvo a fines de agosto pasado, cuando la iniciativa debía ser visada por la Comisión Nacional de Uso de Corcoveando Borde Costero, que integran los ministros de Planificación, Obras Públicas, Vivienda, Bienes Nacionales y Transportes y Telecomunicaciones, además de las subsecretarías de Marina y Pesca, el Sernatur, la Conama y la Armada. La reunión programada para el 29 de agosto pasado tuvo de todo. Críticas, llamados telefónicos y argumentos cruzados entre los distintos ministros presentes. Sobre todo, tras la llegada al Edificio Diego Portales de una delegación de pescadores artesanales que reclamaba que nunca se les consultó sobre la creación de esta área protegida de múltiples usos, y por ende no conocían los alcances que tendría sobre su actividad.

 

“Ese fue el punto de quiebre entre las visiones más conservacionistas del gobierno y las de la línea de la economía liberal”, dice Patricio Rodrigo, director ejecutivo de Chile Ambiente, una de las ONG que ha estado desde el comienzo entre las principales promotoras de la iniciativa. Explica que mientras algunos representantes del ejecutivo alegaban que debía ponerse cierto margen a la salmonicultura, otros decían que no podían hacer eso a la principal actividad económica regional. En medio también surgieron debates en torno a lo que pasaría con la conectividad en la zona (principalmente a través de embarcaciones menores), el transporte de carga y la mantención de otras actividades como la pesca extractiva y la artesanal. Por eso, ese día no se aprobó el decreto definitivo, que incluso estaba redactado, aunque no contenía precisiones en cuanto a derechos y obligaciones.

 

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La subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, reconoce que hasta ese minuto la aproximación al tema desde el gobierno había sido dispersa. “Por eso dejamos todo en stand by y creamos una mesa de discusión en Chiloé y un comité interministerial que avance en propuestas concretas y con apoyo de la comunidad”, recalca. La mesa ya se reunió a comienzos de diciembre y el objetivo es que a mediados del próximo año ya sean palpables los primeros avances.

 

Para mejorar también la descoordinación, el director ejecutivo de la Conama, Alvaro Sapag, comentó que a partir de ese momento la institución que dirige se hizo cargo de liderar el proceso en búsqueda de consensos. “No es un tema fácil, porque hay muchas suspicacias, temor y recelo. Por lo tanto el trabajo nuestro es mostrar cuáles son las bondades de tener estas áreas y tener claros los objetivos de conservación que se quieren aplicar”, dijo.

 

 

 

Los actores en pugna

 

 

El tablero de actores en disputa se divide básicamente por dos grupos. En un lado juegan varias reparticiones de gobierno, como los ministerios de Defensa y Bienes Nacionales, y la Subsecretaría de Marina, que propiciaron la creación del área protegida, junto a organismos ambientales como WWF, Chile Ambiente y el Centro Ballena Azul (que surgió al alero de la Universidad Austral). Todos ven con buenos ojos la creación de un santuario de este tipo, aunque con matices. Entre ellos, que se permita convivir a distintas actividades económicas en la zona.

 

También están jugados por este proyecto varios empresarios de renombre que han hecho suya la cruzada de apoyar la creación de esta área protegida. Entre los nombres que suenan fuerte está el de Bernardo Matte (quien tiene una larga relación con la zona y que entre sus pasiones se cuentan el velerismo), Andrés Ergas y Pedro Ibáñez. Sus nombres integran lo que en círculos ambientalistas se conoce como el Green set, en donde figuran muchos otros ilustres hombres de negocios (ver Capital N° 216). A nivel de este grupo se ha sostenido que pueden coexistir todos los intereses en juego, por ejemplo zonificando áreas, lo que posibilitaría que el desarrollo de una actividad no significa que la negación de las otras. Es decir, tolerancia entre los distintos grupos.

 

También están a favor otros connotados que ya están en la zona, como el estadounidense Douglas Tompkins y Sebastián Piñera, que públicamente se han explayado sobre iniciativas que desean poner en marcha en los parques Pumalín y Tantauco, respectivamente, que colindan con el área que se desea conservar.

 

En el bando de los opositores están algunas ONG como Ecoceanos –que ya era conocida por su lucha en contra de las salmoneras– y el Centro de Conservación Cetáceo (CCC), que son más proclives a limitar en forma radical la actividad acuícola, a dejar en manos de gente de la zona las futuras actividades turísticas y a entregar una mayor información a los habitantes del área, que acusan que nunca se les consultó ni se les entregó detalles de lo que se quiere hacer.

 

Una opción que el gobierno evalúa para avanzar en la protección de las ballenas es separarla de la definición de área protegida en el Golfo de Corcovado y hacer algo más global.

Algunos de los opositores a la iniciativa se han encargado de masificar la idea de que la intencionalidad de quienes la impulsan es propiciar la entrega de territorios a privados para el desarrollo inmobiliario y turístico, dejando de lado a las comunidades locales y afectando su principal actividad económica, la pesca artesanal.

 

La presidenta de CCC, Bárbara Galletti, dice que los argumentos en contra de la creación de un área protegida en las condiciones actuales giran en torno a que no se ha estudiado científi camente el área en que se desea preservar el ecosistema de las ballenas. Advierte que la zona que envuelve el proyecto actual no abarca territorios donde se han producido históricamente los mayores avistamientos de ballenas, porque según las cifras que manejan es hacia el norte de Corcovado donde se observa la mayor cantidad de ballenas azules, es decir en el Canal de Chacao (que es la franja que separa al continente de la isla grande). Así incluso lo describió a comienzos de diciembre en un encuentro mundial de entidades que se dedican a la protección de esos mamíferos, realizado en Sudáfrica.

 

Paradójicamente, en la misma vereda en que están estos históricos detractores de los salmoneros, se ubican también las empresas salmoneras, que se oponen porque limitará futuras áreas de crecimiento de la actividad. Quienes están a favor de esta área protegida no dejan de llamar la atención sobre este punto.

 

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Una de las discusiones que separan a las ONG es que el lugar que se quiere proteger no corresponde al área donde se producen los mayores avistamientos de ballenas azules. Hay quienes plantean que esa zona es al norte de Chiloé.

En medio de los actores en combate quedó el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, que también con matices rechazó fuertemente el proyecto en agosto pasado por considerar que afectaba el desarrollo acuícola, principal fuente de ingresos de la zona sur. El secretario de Estado dice en todo caso que su posición no es radical. De partida, se declara partidario de que se establezca este santuario, pero siendo cuidadoso en la delimitación del área que abarque, porque inevitablemente al establecer una zona resguardada se impondrán restricciones al desarrollo de algunas actividades económicas, describe.

 

“Nuestra preocupación es que el área donde están las ballenas es en el Corcovado, pero la zona propuesta incluye hasta Quellón y Queilén (más al norte) e incluso Melinka. Es decir, incluye al centro neurálgico de la acuicultura chilena”, sostiene.

Además, entre sus argumentos, afirma que es importante tener en cuenta otro factor relevante para los habitantes de la zona, referido a la conectividad entre Melinka (principal caleta en las Guaitecas) y Chiloé, en que debiera permitirse la navegación en condiciones de transporte normal. “Estoy convencido de que si se modifica el área se va a poder cumplir el objetivo de preservar”, puntualiza.

 

Más allá de la discusión sobre el desarrollo de una u otra actividad, en WWF, el encargado del programa marino, César Guala, defi ende que el trasfondo de su lucha es buscar formas de equilibrio en los distintos usos que se de al mar en la zona. En eso convergen otros actores como la ministra de Bienes Nacionales, Rommy Schmidt, quien señala que en Chile hay un prejuicio y desinformación sobre la conservación de especies y protección de ecosistemas. Dice que se puede hacer convivir distintos desarrollos y emprendimientos al alero de estas decisiones. Agrega que en otra de las zonas en que se ha establecido un área protegida, en la XII Región, hoy ya está desarrollado un complejo turístico de menor escala, que convive perfectamente con el entorno.

 

 

 

El trabajo en camino

 

 

Más allá de la mesa que comenzó a operar en Chiloé y donde se darán cita todos los actores involucrados hasta mediados del próximo año para opinar en detalle sobre la creación del área marina costera protegida, en el gobierno están preparando un trabajo en paralelo. Un comité interministerial dirigido por la ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, está buscando fórmulas para avanzar en una propuesta exclusiva en lo que a protección de ballenas se refiere.

 

La subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, cuenta que el análisis que ha hecho este comité señala que es posible separar la creación del área protegida en el Corcovado con la preservación de las ballenas, porque se trata de dos temáticas distintas y que podría demorar acuerdos globales. Por eso, sostiene que este comité entregará a la ministra Uriarte a fines de enero próximo una propuesta de protección a corto y mediano plazo. “Indiferente que en el ecosistema está todo junto, al poner plazos distintos se puede hacer algo pronto por las ballenas y no esperar a que el tema del área costera protegida se despeje de aquí a varios años”, comenta.

 

La idea es reflejar que el país está interesado en la preservación del mayor de los mamíferos del reino animal, tema que por estos días es un referente mundial y una causa común en la mayor parte del globo. Sobre todo tras la decisión de Japón de autorizar la cacería de ejemplares con fines científicos. De paso, al país también le sirve de sustento político mundial, considerando que el próximo año se realizará acá la 60ª reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, que congrega a 77 países.

 

Una de las discusiones que separan a las ONG es que el lugar que se quiere proteger no corresponde al área donde se producen los mayores avistamientos de ballenas azules. Hay quienes plantean que esa zona es al norte de Chiloé.