• 18 noviembre, 2011

En el tema de la ex Disputada de Las Condes, el Estado tiene que balancearse entre el aplomo y la sutileza. Su doble condición de accionista con intereses por una parte, y de árbitro por la otra, puede implicar un conflicto que, mal resuelto, podría acarrear profundas implicancias.Por Roberto Sapag

La trama da, con creces, para una de esas películas de negocios de antología. Son miles de millones de dólares los que están en juego; los ejecutivos de mayor calibre del país (Codelco) y otros de primer nivel mundial (Anglo) están enfrentados en un gallito de dimensiones épicas; un gobierno y su presidente –un hombre forjado en el mundo de los negocios– están involucrados a concho en el proceso, y no hay conversación en la que no se toque el conflicto, el cual ya traspasó las fronteras de los negocios y acaparó también el estadio político. Así se podría resumir el libreto de esta historia que tiene cruzados los cables de dos de las mayores compañías mineras del orbe.
Pero lamentablemente, hay que decirlo, esto no es un film y lo que está en juego no son más o menos tickets cortados, ni un premio de la academia. Están en juego los citados miles de millones de dólares y nada menos que la imagen institucional del país, ya que, aunque no se quiera, una de las partes que está protagonizando este conflicto comercial es a la vez quien administra el campo de juego donde se desarrolla la disputa.
El tema tiene múltiples aristas e implicancias, partiendo por preguntarse si es razonable, necesario o adecuado que el Estado ejerza el rol de empresario, sobre todo en áreas en donde además cumple un rol decisivo en la definición de las reglas del juego. Y para no quedarse pegado en la tecla del área minera, basta pensar, por ejemplo, en el sector bancario, en donde se tiene la propiedad de una de las tres mayores instituciones financieras. Ahí se instrumenta uno de los sistemas de supervisión y regulación más críticos y, además, desde la arenga política, se ejercita el deporte de condenar las prácticas comerciales de la industria en que el mismo Estado participa.
Pero ese no es el punto. El punto es que, en este caso, las miradas están fijamente puestas sobre el proceder del Estado y quienes hoy, en esta pasada, tienen el mandato soberano de conducirlo. Y están depositadas en él porque la experiencia regional, sumada al track record de Barrancones y la forma en que ha ido escalando el discurso político en muchas esferas, han dispuesto a los agentes económicos de una especial sensibilidad epidérmica para con este tipo de cosas.
No se trata de pedirle al accionista que guarde silencio y aguante los quillazos de una disputa comercial con la lengua prensada entre los dientes. Para nada. El accionista está en todo su derecho de opinar, pero debe hacerlo teniendo conciencia de su doble condición en este caso. Para hacer el paralelo con conflictos de interés de otra especie: “no se trata de no tener conflictos de interés. Se trata de resolverlos adecuadamente, sin espacio para la sospecha, sin que se pueda acusar de abuso”, sería la frase tipo que podría salir en este caso.
Esa parece ser la clave. Los hechos han colocado al país en esta encrucijada, la que, vista desde el lado medio lleno del vaso, es una enorme oportunidad de demostrar al mundo que Chile es el país serio que todos conocen y en donde la estabilidad de las reglas del juego se hace valer, tanto como los ejecutivos de sus empresas estatales velan por el patrimonio que se les ha encomendado en gestión.