El martes de la semana pasada, el SEA decidió poner término anticipado al puerto que quiere construir el empresario brasileño en la Hacienda Castilla, en el mismo lugar donde años atrás su proyecto termoeléctrico no prosperó. Aun así, la compañía está lejos de abandonar la zona. Aunque gran parte de los vecinos de Atacama se oponga a la iniciativa.
Fotos: José Gerstle

  • 21 junio, 2019

Nadie se lo esperaba. El martes 11 de junio, a las 6 de la tarde, estaban citados los vecinos de Caldera al centro cultural de la ciudad para llevar a cabo la segunda jornada de participación ciudadana de Copiaport-E, el proyecto que un mes antes ingresó la compañía Rex Inversiones –filial de EBX, del brasileño Eike Batista–, para ser evaluado medioambientalmente. La iniciativa contempla la construcción y operación de un puerto multipropósito en el sector de Bahía Chascos, a 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Copiapó. Pero minutos antes de que se diera inicio al encuentro, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama publicó en la web un documento donde ponía término anticipado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto por falta de información esencial.

Al enterarse, sin emitir una palabra, los cuatro miembros de la compañía que estaban presentes –Rodrigo Bascuñán, asesor; Alexandre Hendzel, representante legal; Julio Masso, encargado local; y Vinicius Racca, gerente de desarrollo– tomaron sus mochilas y abandonaron el lugar. Mientras, varios vecinos celebraban la decisión.

“Les hemos dicho a las empresas que se instalen en otro lugar donde no dañen el ecosistema”, asegura Eduardo Herrera, articulador del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente, Atacama (Codemaa), que organiza la oposición al proyecto. “En Bahía Chascos hay mucha biodiversidad, con pastos marinos únicos en Chile, donde llegan tortugas de Galápagos a alimentarse como hábitat permanente”, señala.

Sin embargo, el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental está lejos de poner una lápida a la iniciativa portuaria ligada al empresario que fue la mayor fortuna de Brasil y que, producto del caso Lava Jato, se encuentra bajo arresto domiciliario nocturno acusado de corrupción.

Batista es dueño de la Hacienda Castilla y desde fines de 2000 está intentando desarrollar algún proyecto económico en la zona. Esta no sería la última vez: cercanos a la compañía han señalado que la empresa va a analizar y evaluar la resolución, así como las observaciones de los servicios y de la ciudadanía, para poder perfeccionar el proyecto. Y, probablemente, volver a presentarlo.

Los lugareños eso lo tienen claro. “Hasta el martes había urgencia de hacer una campaña rápida para generar conciencia, porque el 18 de julio terminaba la etapa de participación ciudadana. La decisión del SEA nos da algo de tiempo”, señala Tristán Aicardi, surfista profesional de la zona. Los opositores a Copiaport-E se están organizando para llevar a cabo manifestaciones y actos públicos en la región, además de una fuerte campaña en redes sociales con el hashtag #noalmegapuertopuntacachos. “Vamos a grabar videos y estamos conversando con influencers para que expandan la idea”, asegura uno de ellos.

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, es una de las férreas detractoras al proyecto. “Un megapuerto en la Región de Atacama siempre es interesante para una zona tan cerca de Argentina, pero no en cualquier parte y a cualquier costo”, asegura.

La tercera… ¿es la vencida?

La Hacienda Castilla tiene 57 kilómetros de costa y una superficie cercana a las 240 mil hectáreas. Antiguamente estuvo en manos de César Sumar, empresario agrícola que destinó 400 hectáreas del predio a la producción de tomates, limones, naranjas, huevos y pollos. Sin jamás tocar el borde costero. En los 90, la Hacienda acarreaba deudas con un banco alemán y se subastó públicamente. Fue cuando entró a la cancha Eike Batista. Junto con Roberto Hagemann y el geólogo austríaco Jozsef Ambrus compraron el terreno para levantar un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. A mediados de la década del 2000, Hagemann y Ambrus vendieron su parte al brasileño, quien en 2008 comenzó a desarrollar la polémica Central Castilla, una termoeléctrica con capacidad de 2.100 MW, acompañada de un puerto y una planta desalinizadora que implicaba una inversión de casi 5 mil millones de dólares. Esto a través de la sociedad EBX, representada en Chile por el ingeniero chileno Rodrigo Bascuñán y el geólogo brasileño Alexandre Hendzel.

Tras el rechazo de la Corte Suprema, luego de cuatro años de tramitación ambiental y la fuerte oposición de la comunidad de Totoral, prácticamente no hubo movimiento en el lugar. Hasta que a mediados de 2015, la compañía ingresó un anteproyecto en la Municipalidad de Copiapó para construir una central a gas con capacidad para producir 1.000 MW en la bahía. Pero esa iniciativa tampoco vio la luz.

Teniendo en la mira el anhelo argentino de contar con un corredor bioceánico para exportar sus graneles hacia el Pacífico, la empresa volvió al ataque. Esta vez tomando de base el puerto prediseñado, pero con algunos ajustes para hacerlo más “ecológico”. Así nació Copiaport-E, que fue presentado con bombos y platillos el año pasado en Argentina en la expo Atacalar. En las escrituras de la sociedad figuran como socios Rex Inversiones, EBX Inversiones –ambas representadas por Hendzel y el alemán Albert Georg Schneider– y ECP SpA, por Bascuñán.

La huella de Thor Batista

“CopiaPort-E corresponde al desarrollo de infraestructura portuaria destinada a la recepción, almacenamiento, recuperación y embarque de graneles limpios, descarga de fertilizantes y transferencia de contenedores en general”, asegura el Estudio de Impacto Ambiental que ingresó al SEA el 5 de abril.

En concreto, contempla la construcción de dos terminales en la península de Punta Cachos, Bahía Salada. Uno capaz de movilizar 10 millones de toneladas al año y el otro con un muelle de 500 metros y capacidad de 300 mil TEU anuales; además de una planta desalinizadora para abastecer de agua al proyecto en su fase de operación. Junto a esto, comprende un conjunto de instalaciones como campamentos, oficinas, talleres, planta de tratamiento de aguas servidas, obras para el suministro de combustible y para el manejo de residuos, etc. El monto total del proyecto es de 450 millones de dólares. Y hasta antes del pronunciamiento del SEA, pretendía comenzar su construcción en febrero de 2020.

La relevancia de Copiaport-E para el grupo económico brasileño es tal, que nombraron a Vinicius Racca –amigo cercano del hijo de Batista, Thor–, como encargado de desarrollo. Racca (29) egresó de Licenciatura en Ingeniería de la Producción de la Universidad Gama Filho en 2013. Luego de hacer una pasantía en la compañía OSX –ligada también a Batista–, ingresó a Oliequip (compañía de productos y servicios para el mercado del petróleo y gas) como gerente de ventas y gerente comercial. En noviembre de 2016 aterrizó en Copiaport-E, según da cuenta su LinkedIn. Quienes lo conocen aseguran que vive en Río de Janeiro, pero viaja a Chile permanentemente a supervisar el proyecto. La mayor parte de las veces vuela por el día a la Tercera Región para ver en terreno el avance de la iniciativa.

Quienes han conocido sobre el proyecto dicen que quien está detrás del puerto no es Eike, sino su hijo Thor (27 años), quien entró como director de EBX en septiembre de 2012, y que ha visitado Chile en varias oportunidades en los últimos años. Por eso, apenas la comunidad se enteró de que el proyecto portuario estaba ligado a los Batista, que antes impulsaron la termoeléctrica Castilla, encararon a Vinicius Racca. “Le preguntamos si Thor pensaba como su padre –lo que implicaba que eventualmente podría desarrollar una central en la zona–, él nos confirmó que este proyecto es del hijo, y que Thor no piensa como Eike”, relata la alcaldesa de Caldera.

Con él trabajaba hasta hace poco el brasileño Fabio Malensek, quien según su LinkedIn se desempeñaba como senior Project Manager desde mayo de 2016. A pesar de que en esa red social señala que sigue en el cargo, fuentes cercanas a la compañía aseguran que desde hace al menos un año ya no es parte del equipo.

De acuerdo al registro del portal de lobby, Vinicius Racca ha participado en ocho reuniones para presentar el proyecto a diversas autoridades nacionales: la Subsecretaría para las FF.AA., SEA, Sernapesca, Subsecretaría de Bienes Nacionales y la Dirección de Vialidad del MOP. En todas ellas ha estado acompañado de Alexandre Hendzel, Rodrigo Bascuñán y Julio Masso. Y en algunas con el abogado experto en medioambiente y concesiones marítimas, Julio Lavín, socio de la firma Lavín Abogados.

Amenaza medioambiental

En la reunión del martes estaban presentes representantes de las municipalidades de Caldera y  Copiapó, Codemaa, las comunidades de Pajonales y Barranquilla, y pescadores a favor de la conservación del lugar. “Solo los vecinos de Bahía Chascos quieren los proyectos. Ellos ya han negociado con las empresas”, asegura un locatario que prefiere mantenerse en el anonimato. Dice que la compañía les ofrece dinero, becas para estudios superiores de sus hijos y nietos y mejorías en sus casas. En la compañía, en tanto, han reconocido que existen “convenios de colaboración con las comunidades que consisten en apoyo a sus actividades y mejoras de calidad de vida”.

“Todas las empresas dialogan”, dice la alcaldesa de Caldera, “pero este EIA no entregaba ninguna compensación para las comunidades aledañas. Si lo están haciendo por fuera es delicado, porque en el estudio no había medidas de mitigación, las comunidades ni siquiera habían sido consideradas”.

El resto de los presentes ese día argumenta que, de implementarse el proyecto, el impacto será mayor dado que la zona es considerada “virgen”, donde conviven especies únicas. “Además de la comunidad de tortugas verdes más austral del mundo hay cetáceos, ballenas, comunidades de calderones (delfines), ballenas fin, ballenas jorobadas. Eso no se ve en Caldera. Todas ellas llegan a la bahía a descansar para luego continuar sus procesos migratorios”, asegura Andrés Pérez, veraneante del sector, gerente de la cervecería La Montaña y director del Santuario de la Naturaleza El Ajial.

Además, frente a Punta Cachos hay dos islas donde habitan pingüinos de Humboldt. “Copiaport-E  no ha medido el impacto de la planta desalinizadora. La descarga del agua, que altera la salinidad del mar, cae justo frente a la isla Cima Cuadrada”, señala Herrera, de Codemaa.

Hacia adentro de la Hacienda, está la quebrada de los Tiburones, un “paraíso paleontológico”, de acuerdo con las personas que transitan por ahí. Si bien no hay ninguna construcción específica sobre ese lugar, los opositores al proyecto critican que se generará un impacto negativo por la llegada de una gran masa humana. El puerto plantea una mano de obra de entre 1.000 y 1.500 personas en la etapa de construcción y entre 1.200 y 1.600 en su fase de operación. Eso implicaría basura, casas, perros –que podrían depredar la comunidad de guanacos existente–, entre otras cosas, señalan los detractores.

“Está el puerto de Caldera a 70 km al norte de Punta Cachos y el de Huasco a 90 km hacia el sur. Creemos que es ridículo que se desarrolle una nueva área portuaria en la región”, agrega Pérez.

“Lo peligroso que tiene un puerto, aparte de la construcción, son las excavaciones marinas”, advierte Aicardi. “Para hacer los pilotes van a tener que mover sedimento del mar. Y eso afectaría de inmediato al alga marina, que permite la existencia de las tortugas y el cultivo de abalones. Si llegase a sobrevivir, las embarcaciones en sí tienen descargas que la van a afectar: de petróleo, aceite, los baños. Y dado que son dos terminales, constantemente va a haber dos o tres barcos, y cuando haya marejada pueden juntarse hasta cinco”, añade.

Según el surfista, la desalinizadora además afectaría directamente la generación de la ola para practicar ese deporte. “Al norte de la isla se haría la descarga, al sur la succión, y al medio está la ola. Pero ellos no la tienen identificada, no aparece en el estudio. Y esta es la mejor ola de la región, incluso, la mejor de la Tercera, Cuarta y Quinta región”, agrega.

Brunilda González también pone el ojo en la planta desalinizadora que incluye el proyecto. A su juicio, no está claro para qué utilizarán esas aguas. “Son 100 litros por segundo, lo que permitiría abastecer a una población de 35 mil habitantes”, dice. Además, es enfática en señalar que para cualquier proyecto que quiera insertarse en Chascos, la mirada de Caldera siempre va a ser muy acuiciosa. “No bastan una o dos campañas de estudio –como hizo Copiaport-E–, sino por lo menos dos años de análisis. Por eso nos pronunciamos desfavorablemente”. 

Contra el tiempo

“Al proyecto CopiaPort-E se le dio término anticipado en el proceso de evaluación ambiental, puesto que se consideró que faltaban antecedentes necesarios respecto de algunas materias esenciales para evaluar debidamente la generación de impactos de carácter significativo. Y, en consecuencia, tampoco resultaba posible determinar si las medidas de mitigación, reparación o compensación propuestas eran adecuadas. Esas cuestiones omitidas no eran susceptibles de ser subsanados mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones durante el proceso”, asegura el director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher.

De acuerdo con el EIA, participaron 56 profesionales en la elaboración del informe rechazado. La mayoría de la consultora Inerco, quienes no quisieron hacer declaraciones al respecto. Los ejecutivos de Copiaport-E, Rodrigo Bascuñán y Alexandre Hendzel, en tanto, pese a ser consultados por diferentes vías, también optaron por no colaborar con este reportaje.

Pese a que no hay un plazo para que la empresa pueda volver a presentar su EIA, entre los vecinos aseguran que esto no sucederá antes de seis meses. “Los dueños de la Hacienda tienen la propiedad hace 30 años. Agrícolamente no les da plata, y tampoco están en el negocio minero. La única forma de hacerlo rentable es a través de un puerto”, advierte Pérez.

Con eso en mente, la alcaldesa de Caldera no pierde el tiempo. Junto con la Municipalidad de Copiapó está solicitando al Ministerio del Medio Ambiente que declare Bahía Chascos “Área Marítima Costera Protegida de Múltiples Usos”. De esa forma, la zona quedaría bajo conservación y gestión sustentable, lo que limitaría sus actividades económicas.

Los Domínguez esta vez no quieren hacer ruido

Uno de los principales opositores a la Central Castilla fue la familia Domínguez, propietarios de un terreno de 140 hectáreas de nombre Las Gaviotas, en el sector de Bahía Salada. Esta vez, comentan vecinos de la zona, pese a que en privado la mayoría de ellos se manifiesta contraria al desarrollo de los proyectos, públicamente no tomarán un rol preponderante como sí lo hicieron en 2012: con la Central Castilla lideraron la oposición, pero luego negociaron con la empresa de Batista, lo que hizo que muchos los calificaran de traidores. El sector Las Gaviotas no estuvo incluido en el estudio de impacto ambiental de Copiaport-E.

La otra amenaza

Sin hacer ruido, el pasado 30 de mayo, el Sistema de Evaluación Ambiental visó otro proyecto en la misma bahía. Se trata de Andes LNG, una iniciativa de 650 millones de dólares ligada a Shell, Miysui y Wästsilä, que contempla la construcción, operación y cierre de una estación flotante de gas y una central que alimentará 30 motores para generar 540 MW que se conectarán al SIC. Implica además la construcción de un ducto subterráneo de 90 km hasta la estación el Algarrobal, a 40 km al norte de Vallenar.

La iniciativa se gestiona desde 2016. Sin embargo, recién ahora la alcadesa de Caldera se habría enterado de su existencia. “Se aprobó sin que convocaran a la votación y nos avisaran. Podríamos haber hablado antes de que el gobierno votara”, asegura.

El municipio se pronunció desfavorable desde el punto de vista técnico porque “se pretende instalar un gaseoducto, que para licuar el gas y proyectarlo a Vallenar debe aplicar crioterapia. Ese cambio en la temperatura del mar va a afectar toda la biodiversidad. No entendemos cómo el gobierno de Atacama, el intendente y sus seremis lo votaron positivamente”. Además, señala Brunilda González, el diseño no hace alusión a cómo afectará el desierto florido que sería atravesado por el ducto. “Aprobaron el proyecto desarrollado sobre la nada: no son dueños del terreno, no tienen la concesión marítima –que la vamos a rechazar–, y esperamos que la familia Batista no le venda ese terreno a Andes”, agrega.

La iniciativa está en etapa de reclamación y vence a fines de julio. “Haremos las reclamaciones formales en el Consejo de Ministros y después recurriremos al Tribunal Ambiental si no son acogidas”, advierte Eduardo Herrera, y agrega que están contactando a los abogados de OLCA –que participaron en la oposición a la termoeléctrica Castilla– para que los asesore.