No todo son malas noticias para los grandes proyectos de inversión en el país. El pasado 8 de junio, la Corte Suprema emitió un fallo que está cambiando la manera en la que hasta ahora se ha aplicado el polémico Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a pueblos originarios afectados por proyectos que afecten sus territorios.

  • 20 junio, 2012

No todo son malas noticias para los grandes proyectos de inversión en el país. El pasado 8 de junio, la Corte Suprema emitió un fallo que está cambiando la manera en la que hasta ahora se ha aplicado el polémico Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a pueblos originarios afectados por proyectos que afecten sus territorios.

El tribunal supremo falló a favor del proyecto de transmisión eléctrica de la Empresa Brasileña de Generación Eléctrica Caren S.A en la IX Región y rechazó definitivamente el recurso de protección que 6 comunidades indígenas habían presentado contra la iniciativa. Ello, pese a que en primera instancia la Corte de Temuco había acogido el recurso de las comunidades, anulando los permisos ambientales otorgados por la Comisión Evaluadora Ambiental de la Araucanía, y ordenando la paralización del proyecto.

Con esto se marca un punto de inflexión en la manera en que la Corte Suprema había zanjado casos similares. Hasta el presente fallo, el máximo tribunal había acogido, casi sin variación, todos los recursos de protección presentados por comunidades indígenas contra diferentes proyectos, provocando la revocación de permisos ambientales y la suspensión de más de 20 proyectos energéticos, por un total aproximado de 3 mil millones de dólares.
Proyectos mineros como El Morro, para el que fue acogido el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, o la cancelación del parque eólico Chiloé, de la empresa chileno-sueca Ecopower, habían generado un panorama de incertidumbre por la “judicialización” de las iniciativas de inversión en energía y minería, principalmente.

La compañía Caren S.A. fue representada por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés e Ignacio Naudon, del estudio Baker McKenzie.