Por Eugenio Merino
Socio de Merino y Cía.

  • 15 agosto, 2019

Durante el último tiempo se han detectado cada vez más casos de contaminación medio ambiental relacionados con la actividad productiva de empresas de los más diversos rubros; minería, transporte marítimo, refinerías, acuicultura, servicios sanitarios y energía, entre otros.

Sólo en los últimos meses hemos sido testigos de una serie de desastres medioambientales, como los ocurridos en la bahía de Quintero, y más recientemente, el caso de la salmonera Nova Austral, en la región de Magallanes, y una filial de CAP, en la Isla Guarello, ubicada en las cercanías de Puerto Natales.

Los organismos fiscalizadores han realizado el mejor de sus esfuerzos, pero al parecer no han sido suficientes para evitar que casos como estos se sigan repitiendo. Sin ir más lejos, hace pocas semanas la Corte Suprema confirmó la millonaria multa impuesta por la SEC al centro de esquí La Parva, por el derrame accidental de kerosene (parafina) que contaminó el cauce del río Mapocho el año 2017.

El preocupante incremento de este tipo de incidentes, ha dado lugar a la creación de nuevas leyes -y proyectos de ley- que tienen por objeto establecer sanciones de carácter penal para las personas -y empresas- responsables de estos actos. Una de estas leyes fue publicada en el mes de enero de este año (N°21.132), ley que -entre otras modificaciones- amplió el ya existente delito de contaminación de aguas, a supuestos de imprudencia o mera negligencia, es decir, a casos accidentales de contaminación.

Uno de los aspectos interesantes de esta modificación legal -y que se ha convertido en una tendencia legislativa-, fue que incorporó el delito de contaminación de aguas al catálogo de la ley N°20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar penalmente a la empresa que provocó la contaminación, por el incumplimiento de sus deberes dirección y supervisión respecto de sus empleados y las actividades que ejecutan.

Esta misma solución contempla el proyecto de ley sobre delitos contra el medio ambiente que se está tramitando actualmente en el congreso, proyecto de ley que busca incorporar nuevos delitos para sancionar las actividades de las personas y empresas que afecten al medio ambiente, fijando penas que puedan llegar hasta los cinco años de cárcel, en el evento que se ponga en peligro la salud de las personas.

Sin embargo, la verdadera novedad de este proyecto de ley es otra. El texto aprobado -a la fecha- por la Comisión de Medio Ambiente del Senado establece que, salvo prueba en contrario, se considerarán como autores de estos delitos a los representantes legales, gerentes o directores, y en general, todos quienes tengan o compartan de hecho o jurídicamente facultades de administración de la empresa que provocó la contaminación, invirtiendo la carga de la prueba en materia de participación, a través de esta regla de atribución de responsabilidad penal.

El mismo proyecto se encarga de establecer que para eximirse de responsabilidad penal, estas personas deberán demostrar su falta de participación mediante hechos concretos que den cuenta de su oposición al acto u omisión constitutivo de delito, específicamente, mediante el establecimiento previo de medidas de control administrativo que sus subordinados hubiesen infringido, sin su conocimiento o sin que les fuese posible evitarlo.

Más allá de las diferentes críticas e indicaciones que se han formulado a este proyecto de ley, no cabe duda que, de aprobarse en definitiva este texto, implicará un cambio de paradigma en la regulación medio ambiental, y un enorme desafío para las empresas, definir -e implementar- medidas de control idóneas para prevenir posibles accidentes que terminen afectando al medio ambiente y a la salud de las personas.