• 2 abril, 2009

Me resultó algo bochornoso que el diputado Mulet se quejara por la vulneración a la soberanía popular que, a su juicio, significaron las designaciones de Tohá y Harboe. Porque él no sólo renunció al partido por el cual fue electo, sino que se fue a la oposición.


Las recientes designaciones de Carolina Tohá como ministra vocera de gobierno y de Felipe Harboe como
diputado por el distrito 22 han revitalizado un debate en torno a la independencia de los poderes del Estado. Uno podrá convenir en que la fórmula utilizada no fue especialmente elegante, más todavía cuando se privó a la corporación de una de sus mejores diputadas y, de paso, se facilitó la carrera parlamentaria del ex subsecretario del Interior. Pero más allá de las bondades estéticas de este movimiento, me interesa reparar en el origen y motivación que hubo detrás de la última reforma constitucional que trasladó a los partidos políticos la decisión de reemplazar a un diputado cuando, por las razones descritas en nuestra carta fundamental, se encuentra impedido de ejercer su cargo.

No es un hecho desconocido para nadie que los precursores de esta modificación fueron los propios dirigentes de la UDI que, con motivo del asesinato de Jaime Guzmán, nunca vieron con buenos ojos que en su reemplazo asumiera su compañero de lista, el militante de RN Miguel Otero. Lo que en su oportunidad se discutió, y que finalmente prevaleció, fue el implícito reconocimiento de que en la elección de un diputado o senador juega un rol gravitante la pertenencia a un partido político específico y, por lo tanto, las ideas que representa.

Se trata de una afirmación no exenta de polémica. En un contexto de creciente desprestigio de la actividad política, los detractores de esta idea suelen citar prestigiosos sondeos de opinión –la encuesta CEP del año 2004 es un buen ejemplo– para afirmar que sólo un poco más del 10% del electorado reconoce que la afiliación política del candidato es un factor determinante para decidir su voto. Sin embargo, cuando se miran más reposadamente los datos y, en particular, se revisan las otras motivaciones que tendrían los ciudadanos para emitir sus preferencias –por ejemplo, los planteamientos, carisma o carácter de los postulantes–, la gran mayoría de las veces la alta valoración de las mismas suele coincidir con la propia orientación ideológica de los electores.

Si efectivamente la afiliación política resulta central en la confianza que los ciudadanos depositan en uno u otro candidato, no sólo parece razonable que sean los propios partidos quienes designen a los reemplazantes en caso de vacancia, sino que también se abre un interesante debate para aquellos que, vulnerando dicho mandato, permanecen en sus cargos.

Por eso me resultó algo bochornoso que el diputado Jaime Mulet se quejara tan amargamente por lo que él consideraba una vulneración al principio de la soberanía popular, en condiciones de que hace muy poco, y junto a otros parlamentarios, no sólo renunciaron al partido político por el cual fueron electos, sino además se fueron derechamente a la oposición.

Por supuesto que toda persona tiene el derecho a cambiar de opinión, más todavía cuando apela a razones de principios. Mi punto es que cuando se representa a otros –esa, me parece, es la esencia de todo mandato– o se culmina con lo originalmente pactado o, en casos de extrema urgencia, es simplemente mejor dar un paso al lado. De igual manera sucede con los directores de empresas o los administradores de bienes ajenos y, sin embargo, a diferencia de éstos últimos, no disponemos de mecanismos que permitan corregir las distorsiones al mandato popular.

Piense usted, por ejemplo, que frente a una demanda interpuesta en su contra decide contratar los servicios de un prestigioso abogado para que lo represente ante la justicia. En el camino, sin embargo, el profesional le hace ver –por razones muy loables, tal vez– que le es imposible cumplir con las directrices y criterios que usted originalmente le transmitió. Peor aún, supongamos que unilateralmente le notifica que ha decidido modificar su estrategia judicial, lo que inevitablemente significará allanarse sin más a las pretensiones de la parte demandante. ¿Le resultaría razonable que ese abogado siguiera representándolo y, de paso, continuara cobrándole sus honorarios?

Ahora, nuevamente pregúntese, ¿qué ciudadano debería sentirse más violentado?, ¿el que eligió a Tohá y hoy tiene a Harboe como parlamentario de su distrito o los miles de electores que eligieron a Fernando Flores como senador por Arica, quien después de asumir renunció a su partido, se sumó a la oposición y acaba de dar un voto decisivo para que Jovino Novoa fuera presidente de dicha corporación?

Efectivamente se trata de un problema de compleja resolución, que apunta a un rasgo algo ausente de nuestra arquitectura constitucional: me refiero al principio de la confianza. En el marco de las candidaturas presidenciales se han hecho propuestas concretas a este respecto. Quizás esta sea una buena oportunidad para generar un amplio acuerdo que permita resolver este y otros déficit que presenta nuestro sistema de representación política