Chile ha sido, sin duda alguna, el país más exitoso de América Latina en los últimos 30 años. Tanto es así que, por paradójico que parezca, en la última elección presidencial, el tema de la pobreza no fue siquiera tocado, y pasamos a discutir la desigualdad que tiene otro tenor, otra urgencia y otros parámetros. Somos hoy, de acuerdo a lo anterior, un país de clase media emergente y dominante. Es cierto entonces que Chile cambió, pero lo hizo para bien, lo hizo excelente, alejándose de la triste realidad de muchos países en desarrollo con círculos viciosos de pobreza e inestabilidad.

Entonces, lo que corresponde en nuestro país no es un borrón y cuenta nueva (que uno de los ideólogos del Gobierno, y muy poco clever, designa como la retroexcavadora), sino reforzar aquellas cosas que funcionan, ir corrigendo los temas pendientes, y abordar aquellos asuntos propios del siglo XXI que antes no se conocían, especialmente los derivados de la ciencia y tecnología, la globalización, el medio ambiente, la mujer y otros.

Lo que lamentablemente vemos es un gobierno que desconoce todo lo previo a éste, que denosta a sus adversarios, y que quiere hacer grandes reformas estructurales en muy poco tiempo, como si todo estuviera mal. Bachelet desconoce así 20 años de exitosos gobiernos de la Concertación a la que ella misma pertenece y a su propio gobierno anterior. Insólito por decir lo menos.

Nada hay peor en el desarrollo de un país que leyes exprés, improvisadas, no debatidas adecuadamente. Esto hace que se cambie la razón por la ideología, el diálogo por las pasiones, la prudencia por el impulso. Así empieza la polarización. Eso genera un muy mal pronóstico.

En la manera de gobernar con aplanadora, se solicitan recursos adicionales pero sin explicar exactamente cómo se utilizaran, sólo ideas generales. Pero, ¿serán gasto o inversión? Nadie lo sabe, no se ha documentado, no se han mostrado estudios ni justificaciones, menos criterios de evaluación posterior. El gasto nuevo anunciado es simplemente impresionante: US$500 millones en bonos comprometidos a perpetuidad, US$50 millones en transporte escolar de vacaciones a perpetuidad, unos US$100 a 120 millones en dos universidades que salen del sombrero sin estudios que la respalden, así como 5 centros técnicos que podría costar otros US$100 millones, antes de empezar a operar. US$450 millones le llegan al Banco Estado, y US$400 millones a la ENAP, así como varios miles de millones de dólares a Codelco. También hay nuevos ministerios, miles de nuevos funcionarios públicos, carabineros y policías. Se han comprometido US$1.500 millones para una agenda de productividad, US$4.000 millones para hospitales (sin indicar cuánto costará y cómo se financiará la operación). Se estima que unos US$5.000 millones se ocuparán en comprar los edificios de colegios existentes, un error garrafal de política educacional. Unos US$2.000 o más millones podría costar la gratuidad escolar, y quizás unos US$3.500 a US$5.000 millones la gratuidad universitaria. Los colegios municipales pasarán al gobierno central, pagando o asumiendo las deudas de estos municipios que son decenas, quizás centenas, de millones de dólares. Para su administración a nivel nacional, se hará una especie de segundo ministerio de educación con oficinas centrales, regionales y provinciales, para controlar estos miles de colegios, y que costará decenas o centenas de millones de dólares al año que no llegan a la sala de clases; pero no sabemos cuánto, ya que no se ha entregado estudio ni estimación alguna. Cuando ello ocurra habrá que financiar todo eso, sí o sí. Se construirán también cientos de salas cunas por cientos de millones de dólares. También se hará una AFP estatal que serán varias decenas de millones de dólares, una entidad absolutamente innecesaria, de la que no se conoce estudio alguno de viabilidad. Asimismo, se ofreció un nuevo puerto estatal que costará otros cientos de millones de dólares.

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Por si todo lo anterior fuera poco, se anuncian US$1.000 millones adicionales al Transantiago, un plan de mejoras del transporte en las tres ciudades siguientes que no podrían costar menos de unos U$1.500 millones. Si costara menos, sería sólo demagogia. Además, se anunciaron planes de desarrollo estatales para las regiones extremas, cifra que para tener seriedad debiera andar en miles de millones de dólares. También se duplica el fondo de pesca artesanal, los fondos de desarrollo regional, y así hay muchas otras iniciativas largas de detallar. Todas estas son “ideas” generales, ninguna detallada, sin estudios que las respalden.  No por nada la diputada Girardi señaló en la Cámara que ésta era sólo la primera reforma tributaria, porque no sería suficiente.

Curiosamente, no hay una sola palabra sobre calidad de educación, tampoco sobre ciencia y tecnología, menos de modernización del Estado. A la par se castiga el ahorro y la inversión privada, sin que nadie entienda exactamente cómo se van a producir los recursos para financiar esta verdadera hemorragia de gastos.

Tenemos algún precedente de esta manera de gastar. Todos los gobiernos de la Concertación fueron prudentes en el ejercicio fiscal, menos Bachelet y Velasco. La dupla aumentó el gasto año tras año mucho más allá del crecimiento, llegando a un promedio de aumento del 10.5% anual, con una tasa de crecimiento del 3% promedio. Ésas son las cifras. Gastaron más de tres veces lo que produjeron, se gastaron la mitad del fondo del cobre de la época, y entregaron el país con un déficit fiscal de más del 3.3% del PIB. ¡Qué tal!

Todo esto ocurre en una economía que se desacelera, apuntando quizás incluso a menos del 3% de crecimiento el 2014. El impuesto a las empresas pasará del 20% al 35%, lo que es simplemente brutal, aunque sea gradual en tres años. Los empresarios, de acuerdo a las expectativas racionales, ya se empiezan a ajustar parando proyectos, desvinculando personas, bajando costos, apretando los contratos, todo lo cual llega a la PYME. A esa economía se le quiere sacar US$8.200 millones por año, y el ministro dice que no afecta el crecimiento ni el empleo. Se equivoca de pleno. Lo han criticado los ex ministros de la propia Concertación. Lo más probable es que nunca logre recaudar esa cifra, pues el proyecto es muy voluntarista. Eso significa que empezará a aumentar el déficit fiscal sistemáticamente, ya que el gasto ya habrá sido aprobado. Volverá a aparecer la pobreza, lo que demandará nuevos recursos y así empieza el ciclo negativo, propio de los países mal administrados. El Gobierno, sin argumentos y sin querer discutir, rechaza toda crítica como política del terror. Recuerdan que en el período de Aylwin se hizo una reforma de similar magnitud y no pasó nada. La verdad es diferente. Aylwin creció al 7.7% anual por el impulso. Frei sólo lo hizo al 5.4%, Lagos al 4.4%, y Bachelet al magro 3%. ¿No pasó nada? •••