• 16 septiembre, 2008

La pregunta no es qué tan pesimistas estamos; es por qué el desánimo no es mayor. Por Héctor Soto

Luego de que a fines del primer semestre los economistas discutieran sobre si estábamos o no ante una crisis, el derrumbe anímico saltó a la arena política y hoy el eje del debate ya no está en si el fenómeno es real o ficticio. El tema ahora es si estamos frente a la una mera depresión de las elites o a una corriente de pesimismo bastante más extendida que eso. Muchos, por otra parte, se preguntan si acaso no estaremos otra vez entregados a las dinámicas que nos impondrían los rasgos maníaco-depresivos que supuestamente nos caracterizarían desde siempre como sociedad; y no faltan los que creen que todo esto es sólo un anticipo del complicado escenario que el país podría enfrentar a partir del año próximo.

Existiendo muchas puertas de entrada para analizar el tema, tal vez la única pregunta pertinente sobre estas materias al día de hoy sea por qué el desánimo a estas alturas no es mayor.

Porque en realidad no es necesario hacer un recuento pormenorizado y sistemático de todos los pasos que el país ha visto dar en falso. Tenemos una presidenta cuyo estilo de liderazgo nunca sintonizó con la sensibilidad de la elite y que tampoco ha entregado especial confianza y seguridad en la base social. Tenemos un gabinete que, por muchos cambios que se le introduzcan, nunca ha dejado de ser lo que fue desde el primer día: un equipo de trabajo desincronizado y plano. Tenemos una conducción macroeconómica que se farreó a ojos vista las oportunidades de un período en que el entorno internacional fue extremadamente favorable para el país. Tenemos estándares de competitividad que se están deteriorando año a año y mes a mes. Tenemos un Banco Central que primero fue sordo y después ciego a las presiones inflacionarias que se estaban incubando en la economía; no este año, sino también el anterior. Tenemos una clase política desprestigiada y una Cámara de Diputados que, a título de ejemplo solamente, no habiendo sido ni siquiera capaz de evaluar el impacto público que iba tener el reajuste de la asignación para combustible, tampoco supo explicarlo; mucho menos, defenderlo y que, claro, terminó revirtiéndolo. Bueno, también tenemos un plan de transportes en Santiago que desde que se puso en marcha en febrero del 2007 –y a pesar de los hipotéticos aplausos internacionales que estaría cosechando sobre el tema el ex presidente Lagos, como padre del descalabro– no ha dejado ni un solo día de ser una pesadilla para sus pobres usuarios, un incordio para los operadores, una ruina para el erario público y un tema que abiertamente le quedó grande al ministro y a los equipos que lo secundan en la cartera del ramo. Hay pocas iniciativas que hayan partido en Chile con tanta expectativa, complicidad y adhesión por parte de la clase dirigente como el Transantiago. Y curiosamente, lo que más ha costado es reconocer lo que la gente de a pie supo desde el primer día: que el sistema no sirve. Ahora ha surgido la posibilidad de instalar distintas mesas para tratar de avanzar a una solución más enserio del problema y lo peor es que, al margen de algunas generalidades dictadas por el sentido común –corredores segregados, zonas pagas, tecnología para la gestión de flota, competencia entre alimentadores–, ni en la Concertación ni en la Alianza ni en los equipos técnicos, nadie tiene la menor idea acerca de qué puede salir de todo esto y cómo se podría arreglar el entuerto. Todo indica que en este plano vamos a volver a jugar a la ruleta rusa.

Si a estos palos de ciego se suman los reiterados fracasos que el sector público ha estado cosechando en materia de educación, salud, seguridad pública, conflicto mapuche o equidad social –los cuales terminaron por disipar la confianza que existió en los años 90 en cuanto a que la acción del Estado iba a ser capaz de corregir los anacronismos y deserciones existentes en estos planos–, la verdad es que existen pocos motivos para estar entusiasmados y contentos. La encuesta Bicentenario de Adimark y la UC señala que, en general, los chilenos de esta generación no tienen dificultad alguna en reconocer que viven mejor que sus padres y por amplia mayoría son tremendamente optimistas en cuanto a que hijos tendrán un futuro bastante mejor. Pero, afligidos por las deudas y atemorizados por la fragilidad de los empleos, se han vuelto muy pesimistas respecto de la acción del Estado. En su momento, el modelo económico se demostró efectivo en lo suyo para generar crecimiento. Pero el aparato público se quedó atrás y, a pesar del creciente gasto social, los ratings de equidad siguen pegados donde mismo porque las cosas no se han hecho bien.

No deja de ser curioso que, después de cuatro gobiernos seguidos, la Concertación, que tanta confianza depositó siempre en la acción del Estado, haya hecho tan poco para prestigiarla y hacerla algo más eficiente.