El coronavirus puso en evidencia que la supuesta modernización legal del último decenio, que nos llevaría hacia un “país digital” y legalmente moderno, es mas decorativa que operativa. El país no puede seguir funcionando legalmente sin un sistema presencial. Un ejemplo es la ley que instauró la tramitación digital en los Tribunales Tributarios y Aduaneros […]

  • 26 marzo, 2020

El coronavirus puso en evidencia que la supuesta modernización legal del último decenio, que nos llevaría hacia un “país digital” y legalmente moderno, es mas decorativa que operativa. El país no puede seguir funcionando legalmente sin un sistema presencial.

Un ejemplo es la ley que instauró la tramitación digital en los Tribunales Tributarios y Aduaneros el 2017, cuyos requisitos serían fijados mediante un Auto Acordado de la Corte Suprema, instrucción que se dictó recién el pasado 19 de marzo.

La tramitación digital civil, por su parte, tiene serios problemas de estabilidad, interrumpiendo su servicio constantemente; y con contradicciones en su procedimiento. La calidad de abogado en teoría se acredita automáticamente al ingresar el RUT de quien tramita, el que se contrasta con la base del datos del poder judicial; pero no sucede así, y los tribunales exigen se acredite personalmente.

La falta de control de la generación misma de la ley ha llegado a tanto que incluso dictamos leyes que nunca se implementan. El Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados el año 2019 revisó las normas publicadas en el periodo marzo 2012 a 2017 y detectó que 17 leyes no cuentan con su reglamento respectivo.

El denominador común en todas estas situaciones es la falta de control de la gestión legislativa, de la ausencia de eficiencia en su implementación, de la eficacia de las leyes que se generan, de los ajustes necesarios para su aplicación real, de la “bajada” de la norma. Teóricamente este control recae en los propios ciudadanos, quienes debieran representar a los gobernantes los errores de implementación o la faltan de ejecución, pero aparentemente son estos canales de expresión los que han fallado, o no han sido expeditos o claros. ¿Será que esta falta de “servicio al cliente” es lo que lleva a explicar que estas falencias e inclusos fallas absurdas sigan existiendo y hayan llevado al descontento general?

 

Isabel Véliz, abogada tributaria y socia de FM02