Por: Francisco Orrego B, Abogado y director de empresas.

  • 21 noviembre, 2019

Debo confesar que cuando pienso en el espacio, me acuerdo inevitablemente de que los chilenos padecemos el síndrome del agujero negro tratándose de las empresas estatales, entendido este como un sector del Estado (empresarial) donde hay una ausencia de luz o transparencia en su gestión y donde muchas veces parece existir un agujero sin fondo.

“No hay diferencia de color político en el despilfarro del dinero público”, nos recuerda un catedrático español. Y cuánta razón tiene. En el caso de Chile, nos sobran los casos de empresas públicas con malos resultados, escándalos y malos ejecutivos y directorios. Quién no recuerda los emblemáticos casos “davilazo” e “indemnizaciones” en el caso de Codelco, o del caso “desmalezamiento” de la refinería ENAP, o los casos de corrupción en EFE, entre muchos otros. Más recientemente, nos enteramos de los conflictos de interés del ex presidente ejecutivo de Codelco y de los millonarios beneficios de su círculo de hierro. A ello se suman los contratos irregulares de algunos de los principales ejecutivos de TVN. En fin, la lista de casos puede resultar interminable. Y si a lo anterior le sumamos la incontenible inclinación de algunos sectores por crear más empresas públicas, la patología del síndrome solo puede empeorar.

A raíz del “acuerdo” sobre la reforma tributaria recientemente logrado entre el Ejecutivo y el Congreso, el ministro de Hacienda declaró en redes sociales que “si estamos pidiendo a los chilenos dinero a través de impuestos, es un deber moral asegurar que ese gasto se haga bien y con las prioridades que correspondan. Mi compromiso es revisar en profundidad la forma en que estamos gastando”. Por su parte, el asesor tributario de la oposición, Claudio Agostini, señaló en un medio radial que “si uno suma todos los escándalos y los programas sociales mal evaluados, hay plata. No tiene sentido seguir aumentando los ingresos del Estado si no pueden asegurar que los gastan bien”. A partir de estas declaraciones, veo una luz de esperanza en cuanto a incorporar al sistema de empresas públicas en la revisión sobre la eficiencia en el uso de los recursos de todos los chilenos. Solo espero que esta vez este tipo de declaraciones no se transformen en una estrella fugaz.

A diferencia de las empresas privadas, donde en los últimos años ha existido una verdadera marea legislativa para incrementar los niveles de regulación, en el caso de las empresas públicas, el actual marco normativo sobre transparencia aplicable tiene más de 10 años de vigencia y se encuentra obsoleto. Al punto que el Consejo para la Transparencia ha formulado recomendaciones voluntarias de mejores prácticas en gobierno corporativo, probidad y transparencia, para suplir las debilidades de la ley, pero con un decepcionante y escaso nivel de cumplimiento de las empresas, revelando así un alto grado de resistencia. Hoy tenemos una gran oportunidad para incrementar los niveles de transparencia en las empresas públicas, así como para mejorar la gestión de las mismas. Los chilenos lo agradeceríamos.

Necesitamos transparencia en el gasto público. Qué duda cabe. Pero también necesitamos más transparencia en la gestión de las empresas públicas. Junto con avanzar con mejoras a la legislación vigente, sería un gran acierto que existiera un observatorio en alguna universidad, centro de estudio o entidad de la sociedad civil, que pudiera revisar prolijamente e informar periódicamente la situación de cada empresa pública a todos los chilenos. ¿Alguien recoge el guante?