Por Carla Sánchez Mutis y Lourdes Gómez A 400 millas de Rapa Nui hay otra isla que no aparece en los mapas. Tiene 80 kilómetros de extensión y día a día sigue creciendo. Se trata de una masa de plástico acumulada por las corrientes oceánicas del hemisferio sur. Kilos de bolsas, plumavit, botellas y redes […]

  • 15 octubre, 2015

Por Carla Sánchez Mutis y Lourdes Gómez

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A 400 millas de Rapa Nui hay otra isla que no aparece en los mapas. Tiene 80 kilómetros de extensión y día a día sigue creciendo. Se trata de una masa de plástico acumulada por las corrientes oceánicas del hemisferio sur. Kilos de bolsas, plumavit, botellas y redes –entre otras cosas– que viajaron miles de kilómetros y, aglutinados por remolinos, hoy flotan amenazando la biodiversidad.

“Los propios pescadores de la isla nos han mostrado cómo el plástico viene en la guata de los pescados”, alerta preocupado Pedro “Petero” Edmunds, el alcalde de Rapa Nui, pese a que la municipalidad retira día a día kilos de plástico que llegan a las costas.

Por siglos, los océanos han sido tratados como un vertedero, en el que incluso se han arrojado desechos nucleares. “¿Cómo podemos tratar la piscina de nuestra casa como si fuera un basurero?”, reclama José Graziano, el director general de la FAO.

En las últimas décadas, la lucha contra el cambio climático ha puesto especial énfasis en la protección de bosques y áreas verdes para contrarrestar las emisiones de CO2. “La gente ve lo que tiene más cerca, los árboles, y al mirar el océano sólo ve agua. Hay una ignorancia total sobre el hecho de que el océano cubre casi tres cuartas partes de la Tierra, que es un motor gigantesco de vida y que más de la mitad del oxígeno que respiramos se genera en él”, explica Miriam Fernández, directora del Centro de Conservación Marina de la Universidad Católica.

La situación de los mares es crítica y los expertos coinciden en que estamos en un punto de inflexión: si no se toman medidas ahora, la suerte del mayor ecosistema de la Tierra corre grave peligro. Según estimaciones científicas, ya hay más de 500 “zonas muertas”, enormes manchas como la del golfo de México donde producto de la contaminación, los derrames de petróleo y el aumento de la temperatura del mar, el oxígeno se ha agotado y la vida marina ha desaparecido.

Las olas de “Our Oceans”

El calentamiento global ha aumentado la temperatura de los océanos, produciendo cambios en la química del agua. El proceso se denomina acidificación y como explica el profesor Guillermo Martínez, de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, “con las emisiones de CO2 presentes en la atmósfera, cuando llueve el mar se va acidificando. Esto provoca que los organismos con superficie calcaria (que tienen concha) se vayan degradando y los corales también”.

La acidificación fue uno de los principales temas que se trató en la segunda conferencia mundial de Our Oceans, que se realizó en Valparaíso el 5 y 6 de octubre pasado. Una iniciativa liderada por el secretario de estado norteamericano John Kerry y que reunió a más de 400 científicos, filántropos y políticos que discutieron sobre futuro de los mares y se comprometieron a realizar acciones concretas.

Algunas de ellas, por ejemplo, son las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet que triplicarán la superficie marina protegida por Chile. Se trata de la creación del parque marino Nazca-Desventuradas en las islas de San Félix y San Ambrosio, que tendrá una extensión de casi 300 mil kilómetros, una reserva donde habitan especies únicas destacadas por la revista National Geographic como el pez neón, el cangrejo decorador, la babosa de mar o el pez sapo, que se confunde con esponjas. En este lugar quedará estrictamente prohibido la explotación de recursos, tengan o no interés comercial.

Otro de los anuncios es un área marina costera protegida y una red de parques marinos en Juan Fernández, las cuales tendrán una extensión de 12 mil kilómetros cuadrados para conservar la biodiversidad. Estas acciones se suman a la firma de un protocolo para la creación de un área marina protegida en la zona económica exclusiva de Isla de Pascua, que entre otras cosas permitirá mantener la pesca ancestral de la comunidad. Hace más de un año se creó una mesa de trabajo con más de 20 organizaciones representativas de la isla para elaborar una propuesta de preservación de la biodiversidad, la cual ahora debe formalizarse.

“Toda la vida en Rapa Nui hemos recibido misiones de agentes de Estado que han venido con iniciativas nacionales, pero al final, ellos terminan decidiendo. Pasó con el parque marino de la isla Sala-Gómez, que está en nuestra comuna, y que se aprobó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera sin consultarnos. Esta iniciativa, en cambio, nace de la inquietud de los isleños”, destaca Petero Edmunds, el acalde de Isla de Pascua. Y va más lejos: “Hasta ayer los gobiernos mandaban, nos decían cómo hacer las cosas. Hoy se ha dado vuelta la torta: la comunidad decide porque es la que está viviendo el problema y sabe cómo solucionarlo. El Estado debe ayudar”. El alcalde de Rapa Nui está muy conforme con el anuncio, pero a la vez consciente que el acuerdo tiene que concretarse “de aquí a seis meses” en un proyecto de ley porque la protección de la zona “es urgente”.

 

¿Acuerdos de papel?

“Es muy poco lo que sabemos del mar en Chile, pero está dañado y en serio riesgo de no recuperarse”, admite Alex Muñoz, vicepresidente de Oceana en Latinoamérica, organización internacional dedicada a proteger y recuperar los mares del mundo. Sin ir más lejos, el abogado cuenta que “hace dos años, prácticamente nadie sabía de la existencia de las islas Desventuradas, no había fotos submarinas”. Hoy, existen más de 12 mil imágenes y cientos de horas de investigación. Algo que fue posible tras la expedición de National Geographic y Oceana, cuyo costo alcanzó los 800 mil dólares.

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Tampoco se sabe cuánto ha aumentado la temperatura del agua y el real estado de las costas en Chile. “Hay lugares que son foco de contaminación, como Quintero o Huasco, pero no hay suficiente información para determinar cuál es el estado de los bordes costeros. En estos momentos hay una cantidad de señales que no son buenas. De hecho, se ve basura en todas las playas, la cual, según los datos que se manejan, se produce en un 99% en Chile”, alerta Miriam Fernández, profesora del Centro de Ecología de la UC, quien celebra la creación de los parques marinos anunciados por el Gobierno siempre y cuando se concreten.

“Chile se ha caracterizado por crear áreas de protección de papel. Si uno mira las áreas protegidas, muy pocas tienen una fiscalización efectiva y la minoría cuenta con programas de monitoreo que demuestren que la fiscalización funcionó”, advierte la experta para quien en Chile, “hay una tremenda deuda de pasar del papel a una red de protección demostrablemente efectiva”.

Sernapesca tiene bajo su tutela una red de parques y reservas marinas. Se trata del parque Motu Motiro Hiva en la isla Salas-Gómez y el Francisco Coloane en la isla Carlos III, en el extremo austral. Las reservas son seis e incluyen en el norte la reserva marina Rinconada para la protección del ostión, y las de las islas Chañaral y Choros y Damas, donde vive el delfín nariz de botella, el chungungo y el pingüino de Humboldt. Los otros, como Pullinque y Putemún, están en la Décima Región y buscan potenciar las áreas como reserva genética y centro productor de semillas.

“Nosotros fiscalizamos los parques y reservas costeras, pero con algunas de ellas nos ha ido mal. La Décima Región es un área difícil de fiscalizar y ha sido muy compleja la instalación de personal e equipamiento”, admite José Miguel Burgos, director de Sernapesca.

 

¿Cuánto cuesta crear un parque marino?

Según los entendidos, crear un parque marino tiene costo cero. Lo caro –y difícil– es monitorearlo. Lo dijo el propio John Kerry en el discurso inaugural de Our Oceans: “Tenemos que asegurarnos de que las áreas marinas protegidas sean más que una línea dibujada en un mapa. Es, por supuesto, un desafío detectar actividades ilegales en esos lugares, porque muchos de ellos están en zonas remotas. Pero hoy existe la tecnología que permite hacerlo y es más accesible”.

“El mar siempre ha sido difícil de custodiar. Los costos de monitorear estos parques dependen del tipo de vigilancia, porque estamos hablando de distancias largas”, explica Alex Muñoz.

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, cree que Chile, en términos generales, tiene costas y ecosistemas de buena salud. Y asegura que sí contarán con los recursos para fiscalizar. “Por lo que hemos aprendido son áreas grandes, pero hay distintas tecnologías, como el control satelital que ha sido efectivo en países como Nueva Zelandia”, explica. A ello se suman boyas que pueden detectar movimiento de los barcos e incluso drones que pueden sobrevolar las zonas protegidas.
Los costos de protección son significativos y difíciles de calcular. El alcalde de Rapa Nui estima que proteger “una zona tan vasta como la que estamos hablando en la isla, va a requerir una inversión de alrededor de 100 millones de dólares anuales”.

En la literatura científica hay diversos estudios sobre cuánto cuesta mantener un parque marino. Un equipo de investigadores ingleses liderados por el profesor Callum Roberts, de la Universidad de York, estimó que una red de protección que cubra el 30% de los océanos costaría entre 12 y 14 billones de dólares al año. Pero es difícil calcular en detalle el valor de cada iniciativa en particular. Algunos piensan que el costo está asociado a cuánto quiere gastar cada gobierno.
Donde sí hay consenso es en que la vigilancia es clave para la conservación, que la tecnología digital está abaratando los costos de monitoreo y que el esfuerzo debe ser global e incluir a diversos actores.

Por ejemplo, la ONG Pew Charitable Trusts lanzó este año el proyecto “Eyes on the seas”, una innovadora tecnología por satélite que puede utilizarse en forma remota para monitorear las reservas marinas y detectar actividades sospechosas casi en tiempo real. Una verdadera sala de observación virtual que vigilará las aguas que rodean a las islas de Pascua y Palau.

 

El fantasma de la pesca ilegal

En julio de 2015, la Armada detectó a una veintena de pesqueros chinos dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva chilena a la altura de Coronel, Octava Región. Tras una fiscalización no encontraron evidencias de pesca ilegal, por lo que las embarcaciones quedaron en libertad de acción. No es primera vez que las autoridades chilenas se enfrentan a esta situación.

Entre enero y septiembre de 2015, Sernapesca detectó 1.198 casos de pesca ilegal, en total más de 1.460 toneladas incautadas. En el mismo período del año anterior, los casos fueron 1.146 totalizando más de 1.381 toneladas. Dentro de las principales especies afectadas están la reineta, la sardina, el erizo, la almeja y la merluza, cuya incautación pasó de 146 casos en 2014 a 225 este año.

A fines de septiembre, Sernapesca detectó un mercado negro de harina de pescado. Más de cinco mil toneladas no declaradas de la empresa Salmones de Chile Alimentos S.A., ligada a Francisco Javier Errázuriz. Según los primeros análisis, para producir este enorme volumen se redujeron más de 31 mil toneladas de sardina común y anchoveta, “decenas de miles de toneladas que habrían sido pescadas ilegalmente”, señalaron en la institución.

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La amenaza de la pesca ilegal se mueve por los mares silenciosamente. Para John Kerry, ha crecido al punto de transformarse en una industria que mueve en el mundo “al menos 10 billones de dólares”. Y en Chile, con ocho mil kilómetros de costa –sumando a las islas– se vuelve una labor compleja. El alcalde de Rapa Nui estima que “en promedio, hay 20 barcos industriales al día sacando con redes gigantes nuestros peces”. Una acción que al país, según sus cálculos, le significan pérdidas de varios millones de dólares. Dineros que, a su juicio, si se convierten en una utilidad para la industria nacional se pueden reinvertir en la protección de los mares.

“Los pescadores artesanales de Isla de Pascua nos dicen que cada vez que hay un ejercicio de fiscalización por parte de la Armada, los barcos que pescan ilegalmente escapan y vuelve la riqueza a la zona. Ahí hay un beneficio inmediato”, explica el canciller Heraldo Muñoz.

Hoy, todas las embarcaciones de más de 15 metros –independiente de que sean artesanales o industriales– tienen obligación de tener un posicionador satelital y están monitoreadas por Sernapesca. “Tenemos un control bastante efectivo de la flota nacional, que son cerca de tres mil embarcaciones”, detalla Burgos. La operación de la flota extranjera corresponde a la Armada.
La vigilancia es una de las herramientas para combatir la pesca ilegal. Otra es la educación. Generar un cambio cultural que genere la conservación de los recursos.

“Los consumidores podemos hacer mucho. Tenemos que entender que encontrar una sierra a dos mil pesos claramente proviene de una pesca ilegal. Los retailers también pueden hacer un aporte con la trazabilidad del producto”, agrega Ricardo Bosshard, director de la WWF en Chile.

 

La sobreexplotación

Chile cuenta con uno de los mares más productivos del mundo, pero a juicio de los expertos, “se ha pescado más de la cuenta y los ejemplares que se capturan cada vez son de menor tamaño, sin alcanzar a reproducirse”.

Un ejemplo concreto es el caso del jurel. “Hace 20 años, se pescaban 4,5 millones de toneladas. Hoy, con suerte llegamos a las 3.300 toneladas, un 90% menos de producción”, advierte Alex Muñoz.
Miriam Fernández comparte el diagnóstico del vicepresidente de Oceana. “Hay un número creciente de pesquerías que están agotadas, más allá del nivel de sobreexplotación y hay serias dudas de si van a poder recuperarse”, advierte.

Según el informe del estado de las principales pesquerías chilenas del año 2014, la anchoveta, el congrio dorado, la sardina española y la merluza están agotados, pese a ser pesquerías en régimen de plena explotación administradas con licencias. Llama la atención el caso de la merluza austral, la cual, pese a estar en una situación crítica, este año se aumentó su cuota global de captura en un 25%, pasando de 12.120 toneladas a 16.219.

¿Cómo se explica que se haya elevado la cuota de captura, considerando que la merluza está despareciendo de los mares chilenos?

“No es un aumento significativo y el ajuste responde a modelos matemáticos, pero sin perjuicio de que hay un aumento en la cuota, las toneladas de extracción son 50% menores a las cuotas históricas”, responde Burgos.

Pero la razón de fondo tiene un componente político. Burgos reconoce que en el caso de los pescadores artesanales, “cuando te reducen la cuota y te bajan el sueldo a la mitad, no es fácil”.

En julio pasado, los parlamentarios Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS), ingresaron una moción parlamentaria para modificar la Ley de Pesca y Acuicultura, aprobada en 2012 y conocida como “ley Longueira” la cual, a su juicio, “afecta a la pesca artesanal”.

Burgos no piensa lo mismo. “A pesar de todo lo que se dice, la participación de la pesca artesanal ha ido aumentando año a año y hoy ocupa más del 50% del total de volumen del desembarco del país”, explica.

¿Acuicultura al debe?

La sustentabilidad pesquera va más allá de un sueño de los ambientalistas. Es también un factor clave para la economía. A nivel mundial, se calcula que 600 millones de personas dependen económicamente del mar, que el 90% del comercio viaja por los océanos y que el 40% de la población mundial vive en las costas.

“La reserva alimenticia más importante a nivel mundial está en el mar. Cada vez hay menos praderas arables para la producción agrícola, por lo que hay que mirar el océano. La pesca tampoco va a crecer más, por lo que la acuicultura es el camino”, sostiene Juan Carlos Sánchez, científico de la Fundación Chile que está trabajando en un proyecto de recuperación de bancos naturales de almeja.
Otro de los proyectos en los que ha participado la fundación es en el repoblamiento de lenguados en Tongoy, para promover un stock para el manejo y la explotación por parte de pescadores locales. En total, se han liberado más de 120 mil peces, pero el problema es que muchos de éstos fueron capturados antes de alcanzar la talla de primera madurez.

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Al hablar de acuicultura, las miradas inevitablemente las acapara la industria salmonera, que en Chile cosecha entre 750 y 800 mil toneladas al año, ventas que bordean los cuatro mil millones de dólares.

“La salmonicultura ha sido un factor agravante de la situación de las pesquerías en Chile”, se queja Alex Muñoz, de Oceana. Y agrega: “En la Patagonia, el daño ha sido gravísimo. La industria salmonera chilena es la más sucia del mundo. En Chile, en 2014 utilizó 536 mil kilos de antibióticos mientras que Noruega, que es el principal productor del mundo, usa menos de mil kilos”.

Felipe Sandoval, presidente de Salmon Chile, opina lo contrario. “Nosotros estamos regidos por una normativa muy estricta tanto ambiental como sanitaria. Si fuera una situación tan desmedrada, se reflejaría en las multas o sanciones”, dice.

Respecto al mayor uso de antibióticos, la explicación de Sandoval es que “aquí tenemos enfermedades bacterianas, en otros países se trata de virus, por lo que allá no hay necesidad de usar antibióticos. Además, los antibióticos que se usan en Chile son todos autorizados por el SAG y no tienen efecto para la salud humana, ya que el pez que se consume finalmente no tiene antibiótico”. A ello agrega que “las concesiones marinas de la salmonicultura se ubican en lugares donde los fondos marinos están muertos, por lo que los desechos de los peces –y el antibiótico que se deposita ahí– son mínimos.

La tendencia mundial indica que en los próximos años, el consumo de carnes blancas va a aumentar: comer pescado es más sano y desde el punto de vista de la producción, la acuicultura es más eficiente que otras proteínas. El desafío, coinciden los entendidos, está en lograr que sea amigable con el medioambiente. Que gane la industria con una producción más sustentable y que gane el mar con una menor contaminación. •••

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El drama de los derrames

En la última década, más de 2,5 millones de litros de petróleo y otros combustibles han sido derramados en el mar chileno. La mayoría de los eventos responden a accidentes, pero sus efectos en las aguas son fatales y la recuperación de los ecosistemas puede tardar muchos años.

Al producirse el derrame, se crea una película sobre el mar que impide la entrada de luz, lo que causa que muchas algas mueran. La contaminación puede causar la desaparición de varias especies y, a más largo plazo, provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación del ecosistema.

Uno de los más recientes y graves derrames fue el del 24 de septiembre de 2014 en la bahía de Quintero, en la cual se vertieron 22 mil litros de combustible tras una fallida descarga de crudo en el terminal de Enap.

A casi un año de este desastre, una nueva emergencia afectó a la zona. El 13 de agosto pasado se produjo una fisura en la embarcación “Doña Carmela”, mientras cargaba combustible en el terminal Barcaza de la refinería Enap. El derrame fue clasificado como “menor” por tratarse de 500 litros de combustible.

Según cifras de la Directemar, en lo que va del 2015 se han producido cinco derrames. En total, 3.630 litros de combustibles vertidos a las costas de Chile.