El “modelo” chileno ha dado lugar a un efecto descollante: las clases medias en el país son, por primera vez en su historia, mayoritarias. La tasa de pobreza relativa se halla en un 16,1% en 2015. La OCDE dice que, aunque “ella sigue siendo alta”, acusa una “tendencia descendente”.

Es difícil exagerar la importancia de este hecho. Las clases medias traen moderación a la vida de los países. Pese a sus problemas, ellas coinciden con la expansión de una cierta plenitud existencial, distante ya del hambre, la desnutrición y el frío.

Esos nuevos grupos plantean también una exigencia relevante, que pone bajo presión a los sistemas políticos y económicos. Pasa que, junto con el mejoramiento de sus condiciones vitales, se intensifica y expande con los nuevos sectores medios eso que Osvaldo Rodríguez llamó elocuentemente el “miedo inconcebible a la pobreza”, la angustia por el riesgo de retornar a una condición no solo de precariedad, sino, una vez alcanzado el estatus mesocrático, vergonzante.

Además, el mismo mercado que hace posible la masificación de las clases medias opera como mecanismo de desintegración, en la medida en que socava vínculos tradicionales y de pertenencia y los vuelve crecientemente fluidos e inestables. El dinero, junto con su poder emancipatorio, divide, convierte la existencia paisana en el reino de la cantidad.

Las inquietudes que producen la incertidumbre, la precariedad, y la atomización social se revisten del carácter inconmensurable que adquieren los asuntos humanos cuando se ha traspasado la dimensión de lo necesario y se ha comenzado a respirar el aire de la distancia y la dignidad social del que gozan los grupos medios en sus diversas variantes, incluso las menos favorecidas. La angustia mesocrática solo es superable por medio del aseguramiento de ciertas condiciones comunes y razonables de existencia, que doten a los individuos y sus familias de los recursos, los lazos y contextos requeridos para vivir vidas plenas de sentido.

El adelgazamiento de los vínculos comunitarios y el debilitamiento de los grupos de pertenencia estables, lo mismo que la angustia de los sectores emergentes y los postergados son probablemente factores que explican la extensión de los problemas de salud mental en la población, que detecta, entre nosotros, el informe de 2017 de la OMS.

Frente a esta situación, cobra especial relevancia la cuestión de la productividad. En los últimos días, recibimos la noticia de que Chile nuevamente sufrió una severa caída en el índice de competitividad elaborado por el Institute for Management Development en colaboración con la FEN de la Universidad de Chile. Desde hace tiempo se viene advirtiendo sobre el descenso de la productividad en el país. En un texto del año 2014, Raphael Bergoeing, del CEP, constataba que la eficiencia agregada se ha desacelerado en Chile desde 1998 en adelante. Ella está muy por debajo de la que tienen países más desarrollados. Mientras el producto por hora trabajada en Estados Unidos, por ejemplo, era cercano a los 70 dólares y en Finlandia se encumbraba a los 50 dólares, en Chile apenas superaba los 20 dólares. En 2018, la OCDE indicaba que tenemos una economía con un “crecimiento tendencial de la productividad” “en descenso”, y “una dependencia persistente de las exportaciones de, sobre todo, recursos naturales, y en particular del cobre, de la agricultura y pesca, y de la fabricación de productos de baja tecnología”; que, además, hay escasa vinculación entre la ciencia y la tecnología con la actividad productiva.

Ante ese complejo escenario, se observan a la derecha y la izquierda discursos inadecuados para ofrecer salida a la crisis. A la derecha todavía predomina un sector que concibe la realidad con un marcado énfasis económico, a partir de un pensamiento de la despolitización y la subsidiariedad negativa, que se tiende a apegar al statu quo. Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo, podía decir livianamente que las movilizaciones de 2011 eran simplemente por “más del modelo”. A la izquierda, Fernando Atria postula a la deliberación pública como forma emancipatoria de praxis, el desplazamiento total del mercado en áreas enteras de la vida social como manera de asegurarla, y un avance que debiese conducir, en último trámite, a un estadio postinstitucional. Entre ambos grupos, con mayor o menor énfasis, constan posiciones socialdemócratas, liberales igualitarias, nacionales y socialcristianas, ninguna de las cuales cuenta, empero, aún con un pensamiento y una influencia suficientes. El país queda a la espera.

No será ni “más del modelo”, ni “otro modelo” por donde se hallará salida a la actual crisis. La salida requiere distanciarse de los discursos abstractos, reparar en la situación concreta. Lo que parece necesario no es demoler para construir, ni persistir porfiadamente en lo que existe. Es preciso algo así como superar al modelo desde el modelo mismo: que se avance hacia grandes reformas que permitan el paso desde una economía preponderantemente extractiva y rentista a una economía que siga siendo libre, pero que agregue decisivamente valor a sus productos, capaz de transformar claramente la materia sobre la cual opera.

Para eso es necesario llevar a cabo grandes reformas, pensar a la economía también desde la política. Si la derecha tiende a reducir la política a la economía, la izquierda enfatiza la política al punto que se ha inclinado a soslayar la cuestión del crecimiento económico. Se necesita, en cambio, pensar a ambos sistemas, el político y el económico, conjuntamente.

Porque se requiere fortalecer la institucionalidad científica y tecnológica; mejorar claramente la educación básica y media, acentuando el desarrollo de capacidades de transformar la realidad antes que las aptitudes especulativas; establecer una institucionalidad territorial robusta, que le otorgue poder político a macro-regiones, de tal suerte que el poder político, social y económico se distribuya eficazmente; fomentar, a partir de una colaboración público-privada, la investigación y el despliegue tecnológico en áreas estratégicas, como los recursos naturales (especialmente el agua), la industria naval, la minería; vigorizar nítidamente a las universidades regionales, vinculando su investigación a tareas productivas zonales. Todos estos asuntos, si bien tienen relevancia económica fundamental, son, también, cuestiones político-institucionales. Además, son cuestiones políticas por una segunda razón: en este momento de las nuevas clases medias y de sectores postergados que ven a su alrededor la abundancia, la recuperación de la legitimidad del sistema político depende del incremento en la productividad.

Urge, entonces, dejar de lado el extremismo economicista de la derecha y el politizante de la izquierda, para que el país pueda contar con dirigencias capaces de impulsar y ejecutar las complejas y graves reformas –políticas– que exige la época presente. Además de eso, por cierto, se necesita todavía coraje y destreza suficientes como para hacerlo.