Que algunos actores de esta industria hayan evidenciado prácticas desde abusivas hasta derechamente ilegales no significa que se deba acabar con todo. Hay acciones de la autoridad que, a fin de cuentas, cerrarán el acceso al crédito de muchas personas o lo encarecerán. Por Guillermo Turner

  • 29 julio, 2011

Que algunos actores de esta industria hayan evidenciado prácticas desde abusivas hasta derechamente ilegales no significa que se deba acabar con todo. Hay acciones de la autoridad que, a fin de cuentas, cerrarán el acceso al crédito de muchas personas o lo encarecerán. Por Guillermo Turner

Que algunos actores de esta industria hayan evidenciado prácticas desde abusivas hasta derechamente ilegales no significa que se deba acabar con todo. Hay acciones de la autoridad que, a fin de cuentas, cerrarán el acceso al crédito de muchas personas o lo encarecerán. Por Guillermo Turner.

El retail está en la mira de las autoridades y así lo han asumido hasta los inversionistas del mercado, como refleja ese castigo en la transacción de las acciones de las empresas del rubro que bordea el 15% en lo que va corrido del año. No son las ventas ni las perspectivas de menores utilidades, sino el resultado de los reiterados llamados de atención de funcionarios advirtiendo sobre nuevos ajustes en las carteras de morosos o prácticas de algunas casas comerciales reñidas con la legislación y, por lo mismo, objetivo de próximas denuncias o regulaciones.

En otras palabras, las confianzas debilitadas. Y aunque las responsabilidades puedan ser compartidas, es difícil no reconocer cierto criterio político primando en las acciones del Ejecutivo. El asunto es que las decisiones que en adelante se tomen pueden tener un efecto directo no sólo sobre el negocio del retail, sino sobre el acceso al crédito de miles de personas.

Claro, dirá usted, si se trata de evitar los préstamos con intereses y condiciones abusivas, entonces en buena hora que se termine. Pero la economía responde a incentivos más simples. El mercado de créditos de consumo en Chile se estima en unos 36 mil millones de dólares, de los cuales el 54% es manejado por la banca. Según el Banco Central, el 10,4% de los compromisos financieros de los hogares está vinculado a casas comerciales. Se trata, por lo general, de segmentos de la sociedad más riesgosos y menos cubiertos por la banca tradicional, que han podido adelantar consumo gracias al desarrollo de un modelo de retail que, precisamente, encontró en el acceso a la información la fórmula más eficiente para reducir ese riesgo.

Hacemos referencia, por cierto, al impopular Dicom, que permite a personas y empresas conocer el grado de morosidad de un cliente. Que se prestaba –y se sigue prestando– para abusos, es cierto. Pero varios de ellos han sido abordados por el regulador, como la suspensión del sistema para trabajadores que se encuentren buscando empleo.

Ahora la autoridad le exige a Walmart Chile que retire de Dicom a los consumidores que renegociaron su deuda morosa. No se trata de deudores cualesquiera, sino de pasivos que la empresa castigó después de seis meses sin tener idea de esos clientes y que posteriormente se acercaron a evaluar su situación. En términos simples, el Sernac plantea que la renegociación supone un nuevo crédito y que, por lo mismo, no corresponde que esa persona siga apareciendo en Dicom como morosa. La empresa retruca que mientras no pague el 100%, mantiene su morosidad por el mismo crédito inicial.

Pero, independiente de esa discusión, hay algo que no cambia: la persona no pagó su compromiso en el tiempo inicialmente acordado y eso también debería formar parte del discurso de la autoridad. Porque, por el contrario, cualquier posición que debilite esa responsabilidad terminará elevando el riesgo de esos consumidores y mermando su acceso al crédito. Algo parecido ocurre al limitar la posibilidad de que las casas comerciales intercambien información sobre el riesgo de las personas. Walmart acordó retirar a esos clientes del Dicom. A la empresa no le afecta, porque ya conoce el perfil de pago de esos consumidores y, seguramente, allí no volverán a ser objeto de crédito. Pero el resto del retail no lo sabrá y ocurre que, en promedio, esa persona suele tener unos 9 préstamos adicionales. Conclusión: las políticas se volverán más restrictivas, tanto en acceso como en costos.