La periodista Alejandra Matus, directora de comunicaciones del Ministerio del Trabajo hizo llegar a la revista la siguiente nota: Dado que he sido injusta y falsamente aludida en una columna publicada en la revista que usted dirige, en la edición que va del 23 de marzo al 5 de abril del 2007, le solicito publique […]

  • 4 mayo, 2007

La periodista Alejandra Matus, directora de comunicaciones del Ministerio del Trabajo hizo llegar a la revista la siguiente nota:

Dado que he sido injusta y falsamente aludida en una columna publicada en la revista que usted dirige, en la edición que va del 23 de marzo al 5 de abril del 2007, le solicito publique la siguiente carta, sobre la base de lo establecido en la ley 19.733: En la edición No. 200, bajo el título, “Nuevo Libro de Alejandra Matus”, página 20, una información sin autor alude a mi vida personal y profesional en términos esencialmente falsos y, por lo tanto, lesivos a mi honor.

Es desconcertante leer en su revista –a la que tenía en alta consideración, tanto por su calidad, como por la seriedad de sus profesionales– una nota de discutible valor, desde el punto de vista del interés público, y disonante, en su estilo, con la línea editorial que representa su medio. Pero, ciertamente, no es mi interés reprocharle que dé los giros editoriales que estime convenientes.

Sin embargo, estimo necesario manifestar que la publicación de dichas falsedades traspasa límites del ejercicio profesional que ni las jurisprudencias más liberales en materia de libertad de expresión amparan. En el conocido caso “New York Times vs. Sullivan”, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció la doctrina de la “real malicia”, que hoy es aceptada internacionalmente por las democracias occidentales, y según la cual los periodistas y los medios tienen incluso el derecho de equivocarse en las informaciones que difunden, respecto de asuntos y personajes de interés público, siempre y cuando no lo hagan a sabiendas de la falsedad de lo publicado, o con evidente desprecio por averiguar la verdad de lo que se informa.

Esto implica, por ejemplo, que el informador –por muy alta o influyente que sea la fuente de origen de sus informaciones– tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone, mediante oportunas averiguaciones, y empleando la diligencia exigible a un profesional. En este caso en particular, esta diligencia podría haberse demostrado pidiendo a alguno de los periodistas de su medio que tiene mi teléfono, que me llamara y preguntara si esos hechos eran ciertos.