GONZALO LUNA NEGRETE INDEPENDIENTES EN RED La última década del siglo XX fue testigo, junto con la caída de los socialismos reales y los procesos de redemocratización en América latina, de una profunda revisión acerca del papel de sus Estados. Chile no fue ajeno al ciclo de avances y retrocesos sobre el papel de […]

  • 15 septiembre, 2008

 

GONZALO LUNA NEGRETE
INDEPENDIENTES EN RED

La última década del siglo XX fue testigo, junto con la caída de los socialismos reales y los procesos de redemocratización en América latina, de una profunda revisión acerca del papel de sus Estados. Chile no fue ajeno al ciclo de avances y retrocesos sobre el papel de lo público. En menos de cincuenta años pasamos de un Estado centralista en lo económico y social, a un modelo en donde lo público se encuentra crecientemente en entredicho.

A pesar de esfuerzos como la fi rma en 2003 de un paquete de acuerdos político-legislativos tendientes a su modernización, gran parte de los actores nacionales ha continuado percibiendo lo público a la zaga de las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena. La “marca Estado” ha terminado por convertirse en sinónimo de burocracia y favoritismo. Si no recuperamos los vínculos de confi anza entre éste y sus ciudadanos, el llamado del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en pos de su modernización no será sino un eslabón más de una serie de intentos fallidos de reforma.

Lo primero que debemos abordar es el logro de los mayores grados de consenso posible en torno al tamaño y estructura de las instituciones públicas. Sin ello, cualquier reforma, sin perjuicio de su efi ciencia, no será más que un gasto inútil de recursos. En segundo lugar, debemos preguntarnos si no ha existido históricamente un excesivo celo en implementar reformas tendientes a mejorar la estructura administrativa del Estado, dejando de lado al verdadero factor de cambio, el cual es encarnado por los funcionarios públicos que componen la administración del Estado y que están llamados a desempeñar un papel de liderazgo en cualquier proceso de modernización.

De la anterior premisa podemos deducir que no basta con diseñar reformas, también se requiere la voluntad política para emprenderlas. Experiencias como el Transantiago son un testimonio de ello. Debe considerarse que una cosa es reformar la estructura del Estado pero otra, muy distinta, es cambiar visiones, en especial de sus liderazgos. Casos como la creación de la Alta Dirección Pública nos hablan de que sí es posible contar con un Estado moderno, pero casos como Chilededeportes expresan la imposibilidad de lograr un proceso de transformación integral del aparato estatal en ausencia de un adecuado recurso humano.

Si el liderazgo es clave a la hora de entender cualquier proceso exitoso de cambio al interior de la administración pública, esto sólo será posible con funcionarios altamente capacitados y regidos por una estructura que sea capaz de romper la actual inercia administrativa. Esta estructura debe generar los incentivos y promover los ascensos de un capital humano de calidad. Sólo así podremos contar con un aparato público efi ciente, al servicio de las personas y de un Estado que confíe en su capital humano y, por ende, en los ciudadanos.

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JUAN CARLOS EICHHOLZ
INDEPENDIENTES EN RED

El ministro Pérez ha sido valiente. ¿Voluntarista, también? Tal vez. Lo cierto es que la reforma del Estado no era parte de la agenda de este gobierno. Lo había sido tímidamente durante la administración Frei y forzadamente durante el sexenio de Lagos, cuando el presidente tuvo que pactar aquel famoso acuerdo de gobernabilidad con la Alianza. Pero, como resultaba esperable, el tema fue diluyéndose hasta quedar reducido al nombramiento esporádico de gerentes públicos.

Pese a ello, y poco tiempo después de asumir, Pérez levantó nuevamente el tema, y todo indica que se lanzó sin la venia explícita de la presidenta. En otras palabras, se atrevió. El hombre no es un novato en estas lides –recordemos que fue el articulador de la Mesa de Diálogo–, y partió por poner al frente la reforma política, proponiendo el fi nanciamiento público de carácter permanente para los partidos. Esa sería la moneda de cambio para avanzar en los temas más difíciles. Pero, ¿qué se puede decir acerca de un año de que el tema fuera puesto en la agenda? Que ha habido un esfuerzo sincero por avanzar, pero no mucho más.

De hecho, es interesante ver el patrón que se produce cada vez que la reforma del Estado se levanta como tema: los centros de estudio y organismos de la sociedad civil se movilizan; los partidos hablan a favor, pero actúan en contra; y los funcionarios públicos se oponen abiertamente. Si la presión es muy fuerte y se logran ciertos cambios, legales o administrativos, los partidos y los funcionarios acatan, pero sólo por un rato, haciendo que pronto se retroceda a un lugar parecido a aquel desde el que se partió. Los ejemplos sobran: los sistemas de evaluación, con incentivos asociados, terminaron siendo neutralizados, porque los funcionarios acordaron el reparto “equitativo” de los bonos; los gerentes públicos llegan con entusiasmo y terminan cayendo en el inmovilismo de siempre; ChileCompras es burlado vía múltiples mecanismos; la obligación de publicar información en los sitios web se cumplió por unos pocos meses; y para qué seguir.

Quizás lo que haya que preguntarse no es qué tiene que cambiar, sino quiénes tienen que cambiar. En otras palabras, nada va a ser muy distinto si los políticos no están más dispuestos a ceder poder; si los gerentes públicos no se atreven a liderar en lugar de sólo administrar; y si los funcionarios no se muestran en lugar de esconderse en la masa. Y, por supuesto, una buena muestra de este cambio en las personas sería tener respaldo para cambiar el Estatuto Administrativo.

Pero, ¿cuánto se habla de esto públicamente? Casi nada, y mientras no se haga, nos seguiremos quedando en la retórica, pese a que este es uno de los grandes cuellos de botella que enfrentamos como país.