Nadie discute que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo a la ley de su lado –o al menos las atribuciones– cuando tomó la decisión de no renovar la concesión al canal privado de televisión RCTV (Radio Caracas Televisión). El tema se torna más peliagudo, cuando se analiza que Fundación Televisora Venezolana Social, el canal […]

  • 1 junio, 2007

Nadie discute que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo a la ley de su lado –o al menos las atribuciones– cuando tomó la decisión de no renovar la concesión al canal privado de televisión RCTV (Radio Caracas Televisión). El tema se torna más peliagudo, cuando se analiza que Fundación Televisora Venezolana Social, el canal creado por el gobierno venezolano y que emitirá en la frecuencia que ocupaba RCTV, podrá utilizar sus repetidores y tener así cobertura nacional. En la práctica, el gobierno terminó estatizando un canal que le incomodaba profundamente en su línea editorial y aquí radica el quid del problema. ¿Puede un gobierno terminar con un medio por razones ideológicas? El hecho es que el propio Chávez ha defendido su impopular medida diciendo que RCTV era un canal “fascista” y “golpista” y no le viene nada de mal contar con él para sus propios fines. Mal que mal, RCTV –de propiedad del grupo 1BC, controlado por el empresario Marcel Granier– es el canal más antiguo de Venezuela y uno de los dos más populares del país. Su audiencia promedio bordea el 30% del total y es muy fuerte en los sectores populares.

El caso de RCTV no es el primero –y, seguramente, tampoco será el último– en intervenciones de los gobiernos en los medios de comunicación. En las antípodas políticas del régimen chavista, cabe recordar que durante el gobierno del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, el control de la prensa fue inmenso. Por las oficinas de Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori, pasaron prácticamente todos los dueños de los canales de televisión y hay videos donde se ve a Montesinos entregar dinero en efectivo a cambio de poder decidir sobre la información que se emitía en un canal. Tal era su poder sobre los medios que incluso las pautas de los noticieros eran enviadas al servicio de inteligencia para que él mismo las revisara. El empresario peruano de origen israelí, Baruch Ivcher, propietario de canal 2 (Frecuencia Latina), fue uno de los blancos más atacados por Montesinos, pero se negó a caer en su red. La negativa de Ivcher fue tomada por Montesinos como una declaración de guerra, tras lo cual el gobierno le quitó la nacionalidad peruana, lo que le impidió seguir por ley como propietario del canal. Frecuencia Latina pasó a manos de los accionistas minoritarios, los cuales de inmediato hicieron un contrato millonario con Montesinos. Ivcher solo recuperó el control del medio el año 2000, cuando Fujimori fue destituido de la presidencia de la República.