• 30 abril, 2008

 

Las elecciones legislativas de noviembre de 2006 condujeron al control demócrata en ambas cámaras. Ello les permitió promover una “Nueva Política Comercial para América” 1 que, en lo básico, establecía que en tales acuerdos los países deberían comprometerse a aplicar estándares laborales internacionales básicos y no sólo a “observar sus propias leyes”, como expresa, or  ejemplo, el TLC de Estados Unidos con Chile. Se definió también un nuevo balanceentre el acceso a las medicinas y la protección de la innovación, privilegiando al primero. Por Osvaldo Rosales

 

 

En mayo de 2007, los presidentes de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del Comité de Medios y Arbitrios, Charles Rangel, ambos demócratas, anunciaron un acuerdo conceptual al respecto con la Representante Comercial de los Estados Unidos, USTR, Susan chwab. El entendimiento, aplicable a  los acuerdos pendientes de aprobación por parte del Congreso, contemplaba que los países deben mantener en sus legislaciones y prácticas las obligaciones de la Declaración sobre Principios Fundamentales y Derechos del Trabajo de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esos derechos son: (a) la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Adicionalmente, sólo los gobiernos podrán plantear reclamos respecto de eventuales incumplimientos y sólo las leyes federales, no las estaduales, podrán ser objeto de controversias. Las controversias deberán estar relacionadas con cuestiones relativas a comercio o inversión. En materia medioambiental, se incorporaron la obligación de suscribir 7 acuerdos internacionales2 que se considera no contradicen las disposiciones de los acuerdos de libre comercio y el compromiso de implementar los acuerdos multilaterales que cada país haya suscrito. En ambos casos, el tema laboral y medio ambiental estarían sujetos a un mecanismo de solución de diferencias similar al del resto de las disposiciones de los acuerdos de libre comercio, lo que ya acontecía en los acuerdos con Chile, Singapur y Centroamérica.

Este acuerdo bipartito contempló varias flexibilidades que favorecen a los países en desarrollo en lo referente al acceso a medicinas y en la protección de los datos de prueba. En particular, se elimina el requisito de que el otorgamiento de un permiso de comercialización de un medicamento genérico esté condicionado a la certificación de la no existencia de una patente vigente. También elimina el requisito de extender la duración de una patente por demoras en el proceso de aprobación y, en compensación, hace más expedito ese proceso. En compras públicas, subordina los contratos al cumplimiento de los cinco principios laborales básicos descritos. En materia de inversión, reitera un principio contenido en la TPA (Trade Promotion Authority) acordado en 2002, en el sentido de que a los inversionistas extranjeros no se les otorguen derechos sustantivos superiores a los que concede la legislación americana.

La primera prueba práctica de implementación del nuevo entendimiento bipartito se expresó en los acuerdos con Colombia y Perú, los que se modificaron en sus capítulos de propiedad intelectual, laboral y medio ambiental. Esto, una vez que ya habían concluido las negociaciones. Adicionalmente, Perú debió implementar anticipadamente sus obligaciones en materia laboral, buscando asegurar el voto favorable en el Congreso de los Estados Unidos, lo que fue conseguido.

El segundo tiempo de esta negociación interna se vivió a mediados de abril, una vez que el presidente Bush envió al Congreso la iniciativa para votar el TLC con Colombia. En el marco del TPA vigente, el Congreso tendría 90 días (60 en la Cámara y 30 en el Senado) para aprobarlo o rechazarlo, sin poder introducirle enmiendas. Alegando que el momento político era inoportuno y que el envío se realizó sin consulta al Congreso, Nancy Pelosi, hizo funcionar la mayoría demócrata y consiguió modificar el  TPA, aboliendo la regla de los 90días. En otras palabras, y en términos prácticos, ya no hay fast track o TPA, que era su nuevo nombre. No lo hay porque ahora el Congreso no tiene ninguna obligación temporal para tratar los acuerdos de libre comercio que haya negociado la administración, la que además lo hace siguiendo literalmente las instrucciones que le otorga el Congreso: las mismas que están claramente explicitadas en el TPA y en el nuevo acuerdo bipartito de mayo del 2007. Se rompen así 4 décadas de TPA y su predecesor, el fast track.
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Para ser rigurosos, el TPA se violó dos veces. La primera, cuando el Congreso presionó para renegociar los acuerdos ya concluidos con CAFTA, Corea, Panamá, Colombia y Perú. Sea para incorporar un mejor trato a la carne norteamericana, llevando a la mesa de negociaciones temas que no lo son, como las exigencias sanitarias; o intentando renegociar el acceso de automóviles norteamericanos al mercado coreano, lo concreto es que el Congreso, antes que los TLCs llegasen para su consideración, consiguió modificarlos. La segunda, cuando se elimina el requisito de no demorar más de 90 días su trato legislativo.

No corresponde opinar sobre los vaivenes de la política doméstica norteamericana, pero sí sobre sus repercusiones internacionales. Desde ese punto de vista, el efecto es lamentable. Estados Unidos pierde credibilidad negociadora, una vez que el sistema político norteamericano ha cambiado unilateralmente las reglas del juego mientras el juego estaba en curso. El juego, por cierto, no es sólo Colombia. Se trata de todas las negociaciones en curso: las bilaterales concluidas (Corea y Panamá) y las bilaterales en curso, como Malasia y las 10 economías de ASEAN, por ahora al nivel de un TIFA (Trade and Investment Framework Arrengement), la misma fi gura que en Chile precedió al TLC, a través de una Comisión de Comercio e Inversión. Pero lo más importante es que, sin TPA, se reduce la posibilidad de éxito de la Ronda Doha, ya que cualquier oferta de Estados Unidos será menos creíble, pues el Congreso podría revisarla o demorarla, sin límite aparente.

El momento económico en Estados Unidos es delicado: recesión, crisis inmobiliaria, restricción del crédito, mayor desempleo y un inesperado rebrote infl acionario. De allí que Pelosi señale que mientras no se supere esta coyuntura, no habrá espacio para temas comerciales. La lista de temas previos que levanta es extensa: infraestructura, educación, rebajas tributarias en energía, empleo, seguro de desempleo y un segundo paquete de estímulo a la economía. Es algo muy parecido a un programa de gobierno, pero que no considera al comercio. La economía más grande del mundo parece creer que puede abordar la crisis económica más seria probablemente en casi 80 años con menos comercio y abriendo paso a las presiones proteccionistas, siempre alertas a ganar posiciones en los momentos electorales.

Los senadores Clinton y Obama critican los acuerdos comerciales por sus supuestos efectos sobre el empleo en Estados Unidos y hablan de modificar el NAFTA. Obama promete reforzar las cláusulas laborales en los acuerdos comerciales, incorporándolos incluso a las actuales negociaciones de la OMC. Clinton considera impone aranceles de 27,5% a todas las importaciones provenientes de China… En fin, la lista es larga La mayoría de estas propuestas, si no todas ellas, no resisten un somero análisis técnico y carecen de viabilidad política.

Por ahora, no hay TPA ni acuerdos comerciales a la vista. La dureza del enfrentamiento institucional y del debate electoral, en un contexto en que la economía puede seguir débil hasta fines de 2009, pueden dar curso a un nuevo escenario comercial más restrictivo en Estados Unidos.

El salto en los precios de la energía y los alimentos revive la amenaza inflacionaria en todo el mundo, justo cuando la crisis financiera reclama bajas tasas de interés. La economía mundial enfrenta una difícil encrucijada, no tanto en 2008 –porque opera el efecto inercial– sino en 2009, si es que Estados Unidos no se reactiva con solidez. Lo que hoy se requiere es liderazgo político para aprovechar el ciclo alcista de los alimentos y eliminar los subsidios agrícolas en Europa y en Estados Unidos. Lamentablemente, esos liderazgos escasean y lo más probable  es que concluya el ciclo expansivo más largo de la economía mundial en 40 años –de 2003 a 2008, con la economía mundial creciendo sobre 4%– sin haber concluido la Ronda Doha y sin eliminar los subsidios agrícolas. Ojalá que las novedades del Capitolio no sigan agregando malas noticias.
 

 

1. Ver documento preparado por el Staff del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Congreso, clickea aqui.
2. Para consultarlos, ver aqui

 

El autor es presidente de Cimagroup Investigaciones de Mercado.