• 8 abril, 2011



El carácter rimbombante de los anuncios limita una discusión más en serio respecto de cómo avanzar desde el asistencialismo hacia una acción estatal de promoción social efectiva por la vía del empleo; que, paradójicamente, creció con fuerza en el último año, pero que no se ve, en términos conceptuales, asociado a ningún punto de esta agenda.


El 21 de mayo pasado, el presidente Piñera en su mensaje anual esbozó las ideas principales de su agenda social: extensión del posnatal, salario mínimo ético y reducción del 7% de cotización de salud para los pensionados. Ya han pasado 10 meses desde los anuncios y ninguno se ha materializado; pero la inminencia del aniversario del mensaje le puso ruedas a un intento por cumplir.

El proyecto de ley que extiende el posnatal ya se encuentra en el Senado para comenzar su trámite durante estos días; el que inicia la reducción de la cotización de salud (que en la práctica significa un reajuste de pensiones) fue firmado recién el 31 de marzo y anunció su estrategia gradual de implementación. En el caso del ingreso ético familiar, el ministro de Mideplan ha esbozado aspectos de la iniciativa, cuyo eje es una asignación social de tipo monetario para 130 mil familias pobres.

El parto de estos anuncios al interior del Ejecutivo ha sido complicado. La tensión entre los que promueven estas iniciativas prescindiendo o subordinando su impacto fiscal duradero y que sólo miden su efecto positivo en las encuestas –en el contexto de un presidente con más rechazo que aprobación– versus los “técnicos” que plantean la prudencia fiscal y que enfatizan la certeza del impacto redistributivo ha sido fuerte y ha retrasado la salida a público de estas promesas.

El carácter muy gradual o restrictivo de algunas iniciativas motiva a la oposición a hablar reiteradamente de una letra chica implícita. La exuberancia de los anuncios presidenciales, sin gradualidades ni matices, probablemente provoca irritación en la oposición. Nadie podría cuestionar que se avance en etapas, ya sea por costos fiscales o por exigencias de verificación de beneficiarios. Pero aquello hubiese requerido que el gobierno atenuara la majestuosidad de sus anuncios para no profundizar las dificultades de credibilidad que acompañan a su gestión.

A propósito de esta agenda, hay tres aspectos que vale la pena mencionar. Primero, es muy positivo que los gobernantes cumplan lo que prometen en las campañas. Segundo, no necesariamente esa fidelidad con sus dichos electorales los transforma en buenas políticas públicas. Y tercero, siempre se espera una evolución en los contenidos y en los diseños de estas políticas, porque hay más recursos, más experiencia y más información.

Y, sin embargo, en este último punto, nos encontramos hablando más de lo mismo. En el caso del ingreso ético familiar, estamos reiterando las típicas transferencias condicionadas –monetarias y no monetarias– que se aplican en Chile desde hace varios años. Lo mismo ocurre en casi toda América latina por recomendación de las instituciones multilaterales (BID, Banco Mundial, CEPAL) y las agencias de cooperación. No se trata de criticar por criticar, ni de darle a la novedad un valor en sí mismo. De partida, es muy bienvenido el aumento de las pensiones. Y se entiende con claridad que el país tiene hoy recursos para hacerlo. Pero el nuevo gobierno manifestó que habría una nueva manera de hacer las cosas. ¿Son las transferencias condicionadas una manera 2.0 de encarar el combate a la pobreza en un país como Chile? En política social, esa es literatura muy antigua.

La extensión del posnatal a quienes gozan del beneficio –con un crecimiento marginal de la cobertura– sin aumentar la oferta de salas cunas, manteniendo la actual discriminación por tamaños de empresas y sin otorgar derechos paternales efectivos (la verdadera y efectiva reforma) no es el símbolo de una revolución de las políticas sociales en el país.

El carácter rimbombante de los anuncios limita una discusión más en serio respecto de cómo avanzar desde el asistencialismo hacia una acción estatal de promoción social efectiva por la vía del empleo, que, paradójicamente, creció con fuerza en el último año, pero que no se ve, en términos conceptuales, asociado a ningún punto de esta agenda. Por ejemplo, se requiere de una vigorosa reforma al sistema nacional de capacitación, asunto respecto del cual nadie habla y que estaba entre las propuestas estrella de la comisión Meller.

En resumen: estas son medidas puntualmente benévolas, pero que no significan una ruptura con el modelo de trato a la pobreza que se justificaba en el Chile de los 90 y 2000, pero que no representa necesariamente lo que hay que hacer hoy día. Y menos aún significa aquel gran cambio de paradigma de que nos hablaron.