• 22 febrero, 2011


Afecta a la calidad de la política que la vara con que se mide a la autoridad quede a un nivel tan bajo. La señal que se entrega es que en materia ética el estándar es sencillamente no cometer delito, aunque a todas luces la conducta sea inapropiada.


Es probable que en caso de no prosperar una acusación constitucional en contra de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, ésta logre ser elegida senadora por la circunscripción de la VIII Región Costa en las elecciones parlamentarias de 2013. Posee ella un altísimo nivel de conocimiento en la zona y es líder indiscutida dentro del principal partido de gobierno en la región (la UDI). De esa manera, la Alianza podría romper el doblaje senatorial que le pesa desde las parlamentarias de 1997 y equiparar fuerzas en el Senado. Ahora, lograr ese escaño tampoco es una epopeya del otro mundo para quien ha sido dos veces alcaldesa de Concepción y ahora, cabeza del gobierno regional: basta que su lista obtenga el 33% de los votos y que, dentro de ese tercio, la intendenta aventaje a su compañero de lista. Y es probable, también, que un eventual triunfo de Van Rysselberghe sea presentado por ella y por quienes la apoyaron en la controversia con la ministra de Vivienda como un blanqueo, como una suerte de demostración de que el pueblo no tiene reproches acerca de su accionar. A simple vista, entonces, apoyarla es una buena apuesta.

¿Le hace bien todo esto a la democracia? Claramente, no. El episodio de la intendenta con sus probables secuelas (elección como senadora incluida) es altamente desafortunado no sólo para el gobierno, sino para la calidad de la política en general. En el fondo, la sensación de que todo vale en la arena pública hace que se potencien los liderazgos equivocados; y cuando eso ocurre, gana cualquiera.

La Contraloría determinará en última instancia si hubo falta administrativa y los tribunales dirán si además se cometió algún ilícito. Si se presenta una acusación constitucional, la Cámara verá si procede acusar a la autoridad y el Senado será el juez definitivo. Pero más allá de estas instancias, de los tecnicismos legales y de los vericuetos políticos que puedan suscitarse, lo concreto es que la intendenta mintió públicamente, en pleno ejercicio de su investidura, acerca de funciones propias de su cargo, jactándose de poder torcer la legalidad para entregar beneficios sociales; todo ello, con el fin de obtener dividendos políticos –en este caso, generar apoyo a su gestión por parte de un grupo de pobladores. O sea, una conducta completamente reprochable.

Afecta a la calidad de la política que la vara con que se mide a la autoridad quede a un nivel tan bajo. El precedente que se entrega va mucho más allá de una razonable presunción de inocencia; la señal que se emite es que en materia ética el estándar es sencillamente no cometer delito, aunque a todas luces la conducta sea inapropiada. Afecta, asimismo, que la vara sea tan distinta en tan poco tiempo: hace unas semanas se pedía la renuncia a una autoridad que calificaba su sueldo de “reguleque”, declaración evidentemente desafortunada, pero que parece juego de niños al lado de este embuste. Y afecta a la calidad de la política, también, que las decisiones de gobierno sean tomadas esperando las encuestas y contando al milímetro los votos, aceptando presiones partidistas y no haciendo sencillamente lo que corresponde hacer. Es claro que el gobierno en esta vuelta esperó los sondeos, a la vez que calculó cuántos votos PRI-PRO-independientes puede obtener en la Cámara para evitar que la acusación llegue al Senado.

Pero hay cuestiones más de fondo. La calidad de la política no se ve favorecida con el sistema electoral vigente, que mezcla lo peor de los sistemas que entregan a los partidos la facultad de conformar las listas con lo peor de los sistemas que privilegian la personalidad de los candidatos. Así, el poco competitivo régimen binominal se transforma en un sistema en el que los caudillos presionan a los partidos para ser nominados. Ello deriva en que los partidos políticos terminen privilegiando popularidades locales antes que proyectos nacionales, transformándose ellos en una suerte de federación de caudillos regionales.

Nada de eso es bueno para la democracia, y el affaire de la intendenta pone una vez más de relieve las falencias de nuestro sistema. La democracia es mucho más que ganar elecciones; requiere una mínima calidad para que no se transforme en un juego de populismos. Es cierto: lo anterior afecta a derechas e izquierdas por igual. Todos deben velar por el fair play. Pero es el actual gobierno el que enfrentó uno de estos dilemas, y no pasó la prueba. El peligro va más allá de perder elecciones o de bajar puntos en las encuestas. El peligro es que si se sigue así, gana cualquiera.