Los boliches terminaban de servir el almuerzo en el centro de Valparaíso cuando comenzaron a sonar los balazos. Emilio José Díaz Labra, de 22 años, se enfrascó en una riña y con su escopeta calibre 12 dejó a ocho personas heridas. Así, sin más. Fue el pasado lunes 7 de enero. A plena luz del […]

  • 28 enero, 2013
Ilustración armas

Ilustración armas

Los boliches terminaban de servir el almuerzo en el centro de Valparaíso cuando comenzaron a sonar los balazos. Emilio José Díaz Labra, de 22 años, se enfrascó en una riña y con su escopeta calibre 12 dejó a ocho personas heridas. Así, sin más.

Fue el pasado lunes 7 de enero. A plena luz del día, a pocos metros del Congreso y a escasas cuadras de un cuartel de la PDI.

No fue al estilo de Newtown, el último del prontuario de masacres en escuelas públicas de Estados Unidos, pero el episodio claro que alarmó a ciudadanos y autoridades. Porque en Chile hay más de un millón y medio de armas de fuego en manos privadas. Poco más de la mitad –755.725– está inscrito y fiscalizado. Del resto, como la de Díaz Labra, se sabe muy poco.

Por estos días, el gobierno trabaja en una serie de cambios a la ley vigente con el objetivo de hacer más restrictivo el porte y tenencia de armas. Se busca terminar con varios vacíos y malas prácticas, que permiten a los delincuentes caminar armados por las calles, o que personas que no están mental o físicamente aptas para ello puedan manejar pistolas.

Aunque las cifras de delincuencia mostraron una baja en el último semestre de 2012, tanto en La Moneda como en las policías y en los tribunales existe preocupación por el alto grado de violencia que denuncian las víctimas. Según los datos del Índice Paz Ciudadana-Adimark, prácticamente uno de cada tres robos que se produce en Chile lleva la marca de la violencia, y hay barrios donde el 90% de los delitos incluye fuerza desmedida o uso de armas.

De acuerdo con los datos de la subsecretaría de Prevención del Delito –dependiente de Interior–, el 25% de los robos con intimidación registrados en el país tuvieron a un arma de fuego como protagonista estelar en 2012. La cifra es tan alta, que se estima que existen entre 700 mil y 1,2 millones de pistolas ilegales circulando libremente en el territorio nacional. Cualquier criminal puede construir su arsenal.

El jefe del OS-10 de Carabineros, general Christian Fuenzalida, dice que “es muy difícil precisar las cifras, porque tenemos que pensar también que hay un número importante de armas hechizas y, por otra parte, hay armas de fantasía que han sido reacondicionadas como armas de fuego. Pero, lo que sí se dice, es que en el mercado hay disponible una gran cantidad de armas, muchas veces por negligencia de los mismos propietarios”.

Con el “fierro” en el cajón

Sólo en 2012, el Estado destruyó 5.554 armas. Todas fueron requisadas por tribunales o entregadas voluntariamente por gente que no quiso seguir manteniendo estas máquinas de matar dentro de sus hogares. Además, hubo 138 denuncias por robo y 108 por extravío de armamento.

Según relatan algunos fiscales, uno de los problemas más frecuentes con las armas legalmente inscritas en Chile es que los delincuentes suelen apoderarse de éstas cuando sus propias víctimas las están usando para tratar –infructuosamente– de defenderse. Así, una vez en su poder, las venden a bandas de narcotraficantes, donde la cultura del “fierro” está fuertemente asentada.

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En esos grupos, al menos uno de cada cuatro individuos anda armado. Algunos fuertemente armados. Como si se tratara de una película del Oeste, normalmente en un cajón de sus casas siempre hay un arma escondida. Y en algunas zonas de Santiago, “los fierros” se venden por montos que fluctúan entre 50 mil y 200 mil pesos.

“En general, desde la experiencia de la Fiscalía en investigaciones y juicios, se ha podido constatar que son las organizaciones criminales aquellas que ostentan la mayor cantidad de armas de fuego, de distinto calibre, incluyendo en algunos casos armamento de uso bélico o de tipo militar. En particular, hay un relevante contingente armado relacionado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y a robos violentos. Los decomisos de armas luego de juicios por asociación ilícita, robos, tráfico de drogas y lavado, dan cuenta de lo anterior”, afirma el director de la unidad de lavado, delitos económicos y crimen organizado del Ministerio Público, Mauricio Fernández.

Sólo 13

Hoy todas las armas legales que se compran en Chile están sujetas a limitaciones. Sólo se venden en tiendas especializadas y hay que cumplir con una serie de requisitos e identificaciones para poder acceder a ellas. Existen varios modelos y componentes que no se pueden adquirir porque son ilegales. Armas como las semiautomáticas de asalto de uso militar con que disparó el joven Adam Lanza en Newtown, están prohibidas en el país.

Casi todas las armerías están ubicadas en el paseo Bulnes en pleno centro de Santiago y a sólo un par de cuadras de La Moneda. No son más de 30 tiendas en total, donde nombres como Inmaval, Tec Harseim y Millenium, son los que la llevan en este negocio que vende unas 5 mil unidades por año. Poco, si se considera que en los 90 la industria colocaba fácilmente unas 25 mil armas anuales. De hecho, el año 93 se inscribieron 23.151 armas, mientras que en 2012 sólo fueron 5.338.

¿Las más famosas? Smith & Wesson, Magnum y Glock.

“La inscripción de armas ha ido disminuyendo paulatinamente, producto de que se han normado los requisitos para su tenencia y de las campañas comunicacionales, que hacen a la gente pensar un poco más antes de comprar una arma”, sostiene el general Roberto Ziegele, jefe de la Dirección General de Movilización Nacional, una entidad dependiente del Ejército que está encargada de dar el permiso para la compra.

Según el uniformado, las armas entran en las casas de los chilenos principalmente como apuesta por la seguridad personal, afición deportiva, coleccionismo o para las prácticas de caza de fin de semana (ver gráficos).

Todas las armas que se venden en el país deben pasar primero, eso sí, por el banco de pruebas del Ejército para su homologación.

Según la ley, cualquier ciudadano chileno está autorizado para adquirir un arma o recibirla como regalo, pero debe ser mayor de edad y no tener antecedentes penales. Además, se exige un examen de conocimientos específicos y otro siquiátrico. Ambos, deben ser actualizados cada cinco años.

Además, los compradores no pueden adquirir todas las armas que se les venga en gana: como máximo son dos por persona, aunque hay casos de coleccionistas o cazadores que pueden llegar a tener hasta 50, o incluso 100.

Y las armas deben tener domicilio. Es decir, si consigue el permiso para tener un arma no significa que pueda llevarla donde quiera o trasladarla al lugar de veraneo. Claro, que hay personas que sí están autorizadas para portar su armamento: son sólo 13 los civiles chilenos facultados para andar con la pistola al cinto. ¿Quiénes? Un par de empresarios, fiscales que han sido amenazados de muerte y algunas autoridades que lo han solicitado. Legalmente, nadie más.

Siquiatras en la mira

Desde 2005 –cuando se hicieron las primeras modificaciones a la ley con el fin de acabar con el libre mercado de arsenales–, que el control de las armas se maneja por dos carriles: el Ejército autoriza y Carabineros fiscaliza.

Pero ello ha generado problemas y suspicacias, sobre todo, por la relativa “facilidad” con que se puede comprar el arma, ya que el examen siquiátrico no estaría actuando como el filtro para el que fue creado. De acuerdo a la ley, esta prueba debe ser realizada exclusivamente por un especialista que acredite que la persona no sólo es apta para poseer un arma, sino que también para manipularla. En círculos policiales se dice que este paso de la compra generalmente está arreglado. Vale decir, el siquiatra que da el visto bueno es muchas veces un empleado de la armería. Y hasta el mismísimo subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, reconoció a Capital la existencia de este problema.

Se critica, además, la aparente superficialidad de la prueba ya que no permite rastrear la biografía de las personas desequilibradas, ni revelar sus cargas de frustración, problemas mentales, afición a las armas o cualquier patología que pueda dar señales de algún riesgo.

A eso se suma la falta de un test físico, que complemente la prueba de conocimientos específicos de mantenimiento, manejo y conservación de las armas. En la mayoría de los casos de robo de pistolas dentro de las casas, se ha constatado que los titulares del permiso ni siquiera tenían en sus brazos la fuerza necesaria para desmontar el arma, defenderse o incluso correr, si es que hubiera sido preciso.

Pero la mayor dificultad es la base de datos. Hoy existe un fichero de antecedentes que está en manos del Ejército, otro que maneja Carabineros y un tercero en manos de la PDI. “Están tan dispersos y conseguirlos demora tanto que cualquier investigación se rezaga”, se queja un fiscal. La esperanza de todos los sectores es que el recientemente anunciado Banco Unificado de Datos Criminales solucione este problema.

Fin al libre mercado

La forma de armarse fácil, al parecer, tiene sus días contados. El gobierno elabora una reforma legal que endurecerá los permisos y el derecho a la posesión de armas. Se trata de una de las ofensivas más ambiciosas en varias décadas que dificultarán la transferencia, importación y posesión, adelanta el subsecretario Lira.

Aunque la posibilidad de una total prohibición está lejos de convertirse en realidad, la idea del gobierno es que este esfuerzo concluya con menos armas en la calle. “Lo lógico sería que este contexto de baja de la delincuencia nos debiese llevar a que la gente no tenga por qué armarse, porque finalmente las armas traen violencia y no hay nada peor que eso”, sostiene paradójicamente el mismo día en que un asalto a balazos afectó a un camión de transporte de valores dejando tres heridos.

Lira asegura que las indicaciones serán enviadas en los próximos meses. Algunas de las propuestas son poner en práctica una revisión de antecedentes universal de los compradores de armas, un examen siquiátrico anual e independiente, reducir el número de balas permitidas por arma y por persona, y reformar las pruebas de todo tipo.

Siempre, con la idea eje de sacar las armas de la calle. “Ahora el imputado va a tener que explicar por qué anda trayendo un arma, sin estar autorizado para ello”, ejemplifica.

Si el Congreso aprueba todo el paquete, se podría reducir la venta, espantar a los criminales y facilitar el trabajo de persecución de los delitos. “Hay que proteger a aquellos que no consideran necesario andar con una pistola para caminar por la calle. Hay que recordar el asesinato de un carabinero el 11 de septiembre, en que los agresores salieron impunes porque, por su edad, eran inimputables. Y eso lo sabe la delincuencia”, enfatiza Lira.

El proyecto, además, considera convertir en un delito grave la entrega de armas a menores. Las penas podrían llegar hasta los 10 años de presidio.

Y en esta cruzada por reducir el porte de armas, el gobierno ha buscado innovar. Inspirados en la alcaldía de Los Angeles, EE.UU., el plan es que el Estado compre las armas sin preguntar de dónde salieron. La idea se aplica anualmente en esa localidad de California, que abre un poder comprador que paga entre 100 y 200 dólares por rifle o pistola. Desde que el programa se puso en marcha en 2009, los crímenes perpetrados por las bandas bajaron 39% y las llamadas de emergencia por impactos de bala, retrocedieron en 33%, según consigna la página web de la alcaldía de esa ciudad.

El control total del sistema quedará en manos de Carabineros. Desde las autorizaciones, la destrucción de arsenales cuando corresponda, hasta los ingresos generados por los permisos pasarán completamente a esta institución. “Es fundamental que pase a una sola mano para perfeccionar el control”, explica Lira.

Sin embargo, para el investigador de la Universidad de Chile, Andrés Gómez Lobo, la solución va por un lado mucho más radical. “Una vez que se permite la venta de armas, es imposible su fiscalización. La única respuesta de política pública efectiva es avanzar hacia legislaciones como la de países desarrollados (con excepción de Estados Unidos). La prohibición es la única solución efectiva para prevenir tragedias”, puntualiza.

La bodega

En todo caso, es fácil aventurar que la iniciativa encontrará fuertes resistencias en el Congreso. Desde 2008 que indicaciones más suaves se tramitan en Valparaíso y recién a mediados de enero de este año los senadores aprobaron la idea de legislar, pero anticipando una serie de modificaciones a las que habrá que sumar las anunciadas por Lira.

Entre algunos parlamentaros, sobre todo de la zona sur del país, existe un fuerte rechazo a las restricciones, debido a la costumbre del campo por defender la propiedad frente a múltiples peligros. Una idea que, probablemente, tomará más fuerza tras el terrible asesinato de Walter Luchsinger y su esposa en Vilcún.

Mientras se abre esta discusión, hay algunas medidas que supuestamente no debiesen tener mayores obstáculos para su aprobación, como el traspaso de toda la función a Carabineros y la reforma al sistema de depósito central de armas, donde va a dar todo el arsenal confiscado. En este punto, recuerdan que hace unos meses se terminó de construir una nueva y moderna bodega en el sector de Vivaceta –en la zona norte de Santiago– para garantizar la mantención de unas 50 mil armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, que hoy están bajo custodia del Ejército. Muchas de las cuales, se ignora su dueño. •••