El pago de una multa millonaria es lo que arriesga Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, luego de que el Tribunal Constitucional declarara  inadmisible la revisión de una norma de la Ley General de Servicios Sanitarios que aplica la Superintendencia del ramo. Todo empezó en marzo pasado cuando la SISS, luego de numerosos reclamos por presencia de malos olores en el agua, hizo una visita inspectiva a la planta desaladora de esta compañía y constató en terreno las denuncias.

  • 2 diciembre, 2011

El pago de una multa millonaria es lo que arriesga Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, luego de que el Tribunal Constitucional declarara  inadmisible la revisión de una norma de la Ley General de Servicios Sanitarios que aplica la Superintendencia del ramo. Todo empezó en marzo pasado cuando la SISS, luego de numerosos reclamos por presencia de malos olores en el agua, hizo una visita inspectiva a la planta desaladora de esta compañía y constató en terreno las denuncias.

El pago de una multa millonaria es lo que arriesga Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, luego de que el Tribunal Constitucional declarara  inadmisible la revisión de una norma de la Ley General de Servicios Sanitarios que aplica la Superintendencia del ramo. Todo empezó en marzo pasado cuando la SISS, luego de numerosos reclamos por presencia de malos olores en el agua, hizo una visita inspectiva a la planta desaladora de esta compañía y constató en terreno las denuncias.

La SISS decidió entonces iniciar un procedimiento administrativo contra la empresa por deficiencia en la continuidad del servicio de distribución en la ciudad de Antofagasta y falta de respuesta oportuna a la emergencia.

Aguas Antofagasta presentó sus descargos, argumentando que la falta de continuidad en el servicio fue ocasionada por razones de fuerza mayor y que habría obrado con la debida diligencia para mitigar la emergencia. Sin embargo, la autoridad sanitaria desechó la explicación y multó a la compañía con el pago de 50 UTA (22,5 millones de pesos aprox.) por el incumpliendo de la obligación de mantener la continuidad del servicio; de 400 UTA (cerca de 180 millones de pesos) por infracciones cometidas al no dar respuesta oportuna a la emergencia y con 100 UTA (45 millones de pesos aprox.) más por no haber acatado la recurrente obligación y los plazos establecidos en la ley e incumplir las órdenes de la superintendencia.

Tras esto, Aguas Antofagasta decidió interponer una reclamación contra la decisión de la Superintendencia, la que se tramita actualmente en el 20º Juzgado Civil de Santiago. Y, en forma paralela y con la asesoría del abogado Jorge Correa Sutil, la empresa recurrió al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que estaba siendo multadas doblemente por la misma infracción, lo que sería inconstitucional.

Sin embargo, a principios de noviembre pasado, el TC declaró inadmisible el recurso presentado por la compañía, dando la razón a la SISS, representada por Rodrigo Díaz de Valdés de Baker & Mackenzie. Así, dejó abierta la puerta para que la autoridad pueda cursar las multas, si los tribunales así lo deciden.