Por Tomás Vio Lyon, especialista en Derecho Tributario Araya & Cía.  Mucho  se  ha  hablado de la reforma tributaria y de sus efectos sobre el ahorro y la inversión en nuestro país. Sin embargo, poco se ha hablado, a nivel legal, sobre cuál será el impacto específico que tendrá en el sector agroindustrial. En tal […]

  • 11 julio, 2014

Por Tomás Vio Lyon, especialista en Derecho Tributario Araya & Cía. 

Mucho  se  ha  hablado de la reforma tributaria y de sus efectos sobre el ahorro y la inversión en nuestro país. Sin embargo, poco se ha hablado, a nivel legal, sobre cuál será el impacto específico que tendrá en el sector agroindustrial. En tal sentido, pasamos a señalar algunas consideraciones que nos parecen relevantes.

El sector agroindustrial debe ser tratado con especial cuidado, debido a los diferentes factores externos que lo afectan. Al analizar el proyecto de reforma, nos percatamos de la prohibición expresa a los agricultores que se dediquen exclusivamente a dicho rubro, para acogerse al régimen simplificado del artículo 14 Ter. No se entendía tal prohibición. Sólo una vez llegado el 14 de abril de 2014 se efectuó una indicación por parte del Ejecutivo corrigiéndola. Lo  anterior, dejó  planteada la siguiente duda: ¿la agroindustria fue debidamente tomada en consideración al momento de confeccionar el proyecto de reforma?

Por otra parte, las empresas acogidas al régimen de renta presunta que deban pasar a un régimen de renta efectiva deberán confeccionar un balance inicial al 1 de enero de 2015. El proyecto establece que se registrarán los bienes raíces tomando el avalúo fiscal de los mismos o su costo de adquisición debidamente reajustado. En nuestra opinión, hace falta una norma de transición adecuada que resguarde los derechos del agricultor sujeto al régimen de renta presunta que deba pasar a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, en relación a la futura venta de los predios incluidos en su activo. En tal sentido, la reforma tributaria implementada en nuestro país en 1989, que restringió la aplicación de la renta presunta, estableció una norma transitoria que permite a los agricultores que tuvieron que pasar a declarar su renta efectiva, a revalorizar, sólo para efectos tributarios, el costo de adquisición de los referidos bienes, mediante la tasación comercial efectuada por un tasador autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. Dicha revalorización ha permitido a los referidos agricultores disminuir el impacto tributario respecto a la ganancia de capital generada por la venta de sus predios adquiridos antes de 1990.

En el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo, no se ha tenido a la vista una norma de transición similar a la antes indicada. Actualmente, para la actividad agrícola, la renta presunta se calcula sobre la base del 10% del avalúo fiscal para los propietarios de los bienes raíces y sobre el 4% para los arrendatarios. Lo anterior, se explica tomando en consideración el hecho de que el arrendatario debe pagar una renta de arrendamiento que el legislador calcula aproximadamente en el 6%.

En el proyecto de reforma, la presunción de renta es del 10% del avalúo fiscal tanto para propietarios como para arrendatarios. Lo anterior, perjudicará al microempresario agrícola arrendatario, que deberá pagar impuesto sobre una renta presunta más alta de la que tiene bajo la actual normativa.

Los agricultores requieren de financiamiento para cultivar sus predios. Para tal efecto, suelen solicitar  financiamiento a los exportadores o recibidores en el extranjero. Para garantizar dichos préstamos, deben emitir pagarés dando cuenta de las deudas.

Desde 2001, existe una exención del impuesto de timbres y estampillas aplicable a los contribuyentes que requieran de financiamiento para la exportación. Tomando en consideración lo anterior, frente al alza de la tasa del impuesto de timbres y estampillas, los productores que exporten sus productos no se verán afectados, pero en cambio, sí lo harán quienes venden internamente, que suelen ser los más pequeños.