Por: Natalia Saavedra M. En la casa hay silencio. De fondo, sólo se escucha el llanto de la pequeña Josefa, de dos meses, que aparece cubierta por una manta rosada en los brazos de su papá, Marcos Torres. Viene de una semana internada en el Hospital Luis Calvo Mackenna, por un virus sincicial que marcó […]

  • 26 mayo, 2016

Por: Natalia Saavedra M.

adopcion

En la casa hay silencio. De fondo, sólo se escucha el llanto de la pequeña Josefa, de dos meses, que aparece cubierta por una manta rosada en los brazos de su papá, Marcos Torres. Viene de una semana internada en el Hospital Luis Calvo Mackenna, por un virus sincicial que marcó para ella un antes y un después. No por su estado de salud, sino porque fue ahí, en la sala donde estuvo con otros lactantes, donde conoció a su mamá, Marcela Valdebenito. La misma que 24 horas antes se enteraba por un llamado telefónico de la Fundación Chilena de la Adopción (Fadop) que volvería a ser madre, esta vez de una niña que había sido entregada voluntariamente para ser adoptada por otra familia.

Josefa no es la primera hija adoptada de los Valdebenito Torres, sino la tercera. La diferencia, es que por primera vez el matrimonio se hace cargo de un recién nacido. Su primogénito, Esteban, llegó a su casa en Macul cuando tenía casi cuatro años y a los seis meses, su hermano biológico, Alejandro, se unió al clan con casi tres.

Fue en 2011 cuando Marcos y Marcela supieron que no podrían concebir hijos y decidieron que armarían su familia a como diera lugar. “Renuncié a la idea de estar embarazada y no me costó tomar la decisión porque quería formar una familia. Nos faltaba la niñita, pero jamás pensamos que íbamos a tener la oportunidad de vivir esta etapa con ella”, recuerda Marcela.

Lo dice porque los dos, trabajadores sociales, saben lo difícil que es en Chile que una adopción se gestione tan rápido. El caso de Josefa es el mejor de los escenarios. Luego de que su madre biológica decidiera darla en adopción pasó a manos de una de las guardadoras de la Fadop. Tras ello, la organización consideró que lo mejor, mientras se terminaba de definir su situación judicial, era que estuviera con sus futuros padres y aprovechara momentos claves para el apego temprano. Así, los Valdebenito Torres sólo esperaron cuatro meses desde la fecha de su solicitud de adopción.

El caso es excepcional. Por un lado, explican las instituciones que gestionan adopciones, las sesiones voluntarias de menores –una de las tres causales para declarar a un niño susceptible de adopción– son escasas (por el control de natalidad y el apoyo a las madres, entre otros factores) y además que se gestione una adopción antes de los seis meses, es casi imposible.

El caso de Lizette, una niña de 11 años que murió en una de las casas de acogida del Sename, abrió una discusión que en Chile todavía está pendiente: cómo garantizar los derechos de los niños y su dignidad cuando éstos no cuentan con una familia estable y, a la vez, cómo abordar de mejor manera los procesos de adopción.

La discusión busca determinar si promover la adopción como una solución para los menores de edad vulnerados, mejoraría sus condiciones de vida o si bien, es mejor privilegiar que se críen con sus familias biológicas, muchas veces bajo el riesgo de entrar y salir constantemente de instituciones de resguardo.

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La cifra de adopciones en Chile es baja si se considera que actualmente hay cerca de 18 mil menores, entre 0 y 18 años, que transitan por centros de protección: de éstos, sólo 510 niños fueron entregados en adopción durante el año pasado. Y pese a que este año 161 menores fueron declarados en condiciones para ser adoptados, hasta marzo, sólo 51 de ellos estaban en un proceso judicial cierto para ser entregados a una familia definitiva. El resto deberá seguir esperando que se defina su futuro, lejos de su casa y más lejos de unos padres.

 

El tiempo de los niños

Cuando se constata que los derechos de un niño o adolescente han sido vulnerados de forma grave en sus familias de origen, éstos son separados de sus padres. Es ahí cuando entran en la red de protección del Sename donde viven hasta que, si tienen suerte, logran ser adoptados por alguna familia.

Pero antes de que eso suceda, su paso por las instituciones que los asisten puede ser muy largo. Y ése es el gran problema con la legislación actual. De acuerdo a la directora ejecutiva de la Fundación San José, Ximena Calcagni, en Chile existe una disyuntiva en torno a priorizar los vínculos con la familia de origen de los niños vulnerados. “No está claro, por ejemplo, qué plazo tiene una mamá que está ligada a las drogas para rehabilitarse o cuánto tiempo debe dársele para poder restablecer el vínculo con su hijo, recordando que un niño que es separado de su familia sufrió atentados gravísimos de sus derechos como violencia, abusos, desnutrición o mendigación”, explica.

Cuando la posibilidad de un niño de restablecer el vínculo con sus papás o familia se descarta, el menor, mediante un proceso judicial, es declarado susceptible de adopción. Pero para que eso pase debe cumplir muchas etapas. Primero, descartar que a falta de su madre y su padre, parientes de hasta en tercer grado puedan hacerse cargo del menor. El solo trámite de empadronar a esas personas puede tardar dos o tres meses. Luego, hay que notificarlos. Tras ello viene el proceso judicial. “Al momento de presentar el caso, pueden pedirnos revisar muchos de esos antecedentes de nuevo. El año pasado tuvimos el caso de un menor que entró a una residencia a las 48 horas de vida y cuando lo conocimos ya tenía cinco años”, recuerda Calcagni.

Desde la Fundación Chilena de la Adopción coinciden en que los plazos son demasiado largos, pues hoy la prioridad está puesta en el círculo familiar y no en la salud emocional del niño. “Es evidente que tenemos que poner el foco en el menor. Por ejemplo, el sistema de elaboración de redes es muy precario. Lo elabora a mano el Registro Civil, porque no existe un sistema que lo soporte. En ocasiones, hemos llegado donde un juez que nos pide revisar toda esa red de nuevo. “¿Qué pasa con ese menor que sigue en un hogar teniendo la chance de estar con una familia?”, señala la directora ejecutiva de Fadop, María Eugenia González.

En el caso de su fundación, como respuesta a lo anterior, sólo trabajan con familias guardadoras que se hacen cargo de los niños mientras están en esa etapa. “Esteban llegó al hogar de menores al año. Lo recibimos con mi marido como nuestro hijo cuando tenía tres años siete meses. Pese a que para nosotros el proceso de adopción fue rápido, esperamos sólo un par de meses, él vivió todo ese tiempo en espera”, recuerda Marcela.

 

Contrarreloj y sin estigmas

A la par de estos cuellos de botella, algunos parlamentarios han planteado una posible modificación a la Ley 19.620 que rige la materia. La propuesta de reforma, en todo caso, no cuenta con el respaldo del Sename ni de las fundaciones de adopción. Argumentan que los cambios ponen el foco en ampliar las opciones del menor para permanecer con su familia biológica, vinculándolo hasta el sexto grado de parentesco familiar, lo que para ellos no tiene sentido. “Sería buscar un vínculo sanguíneo lejano, asegurando que netamente por un tema biológico se garantiza el cuidado del menor”, dice la encargada de Adopciones del Sename, María Fernanda Galleguillos.
La representante del organismo agrega que conocen los baches del proceso de adopción, pero que hay que ser en extremo cuidadoso para que no exista una interpretación de que “el Estado le quita los hijos a la gente pobre”.

Desde la Fundación San José consideran que si el objetivo país es que cada vez más niños regresen con sus familias de origen, debe haber un sistema que soporte a esos padres. “No podemos confundir la pobreza con condiciones deficientes del cuidado de los hijos, con violencia o abuso. Hay familias pobres que cuidan excelentemente a sus hijos. Lo importante es mostrarles a aquellos progenitores que entienden que la paternidad implica pasar a llevar los derechos del menor, que hay otro camino”, añade Calcagni. Pero esas definiciones, asegura, “deben darse en tiempos acotados, no a costa del menor”.

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Desde el Sename detallan que desde 2014 se trabaja aceleradamente en protocolos e instrucciones que tienen como objetivo que el sistema de protección y de adopción opere de forma integrada y con ello se acelere el trabajo. “No debería pasar más de un año en ningún caso para que la situación de un menor vulnerable de adopción esté definida. Tras ello, viene el procedimiento judicial, eso debería tomar en torno a ocho meses. Aunque parecen plazos exagerados, se han acotado muchísimo en relación al pasado”, asegura Galleguillos.

Para acortar la espera, han tenido diversas reuniones con el Registro Civil, con el fin de reducir los plazos de empadronamiento de las redes de un menor. Sí falta, reconocen, que primen criterios universales con el Poder Judicial, de modo de no realizar dos veces rastreos o análisis técnicos que muchas veces se repiten bajo supervisión de los juzgados y que sólo extienden el tiempo que el niño está en la red de protección.

 

Una nueva mirada

Ad portas de realizar su Cuenta Pública, el Sename se ha planteado darle una nueva mirada a la adopción en Chile. Dentro del diagnóstico que han hecho, se dieron cuenta de que la adopción se trataba de forma aislada al resto de los derechos y deberes de los niños y que eso los entrampaba en una serie de deficiencias. Entre ellas, no prestar apoyo a las familias luego de adoptar y no responder a las nuevas demandas sociales de las que habla la adopción.

“Antes predominaban las sesiones voluntarias de niños, pero ahora ese patrón cambió. Hay más niños mayores, que principalmente son adoptados por matrimonios extranjeros. Además, ya no se puede pensar en sólo priorizar a la estructura tradicional de matrimonio porque el estado civil no garantiza por sí solo el bienestar del menor”, dice Galleguillos. Dentro de los cambios, de acuerdo a sus estadísticas, entre 2005 y 2015 se logró doblar la adopción de niños de hasta cuatro años, pasando de 63 a 122 niños.

Junto con ello, la autoridad está ejecutando un plan que tiene como fin estructurar un Sistema Nacional de Adopciones (Sisna). El proyecto pretende contar con un sistema diseñado con un enfoque especial en los derechos de la niñez. “El Sisna debe ser capaz de acompañar la trayectoria de los puntos o hitos significativos desde que el niño está en una residencia de protección y se determina iniciar una causa de susceptibilidad de adopción, hasta su inserción en una familia adoptiva. Y se propone instalar un sistema de acompañamiento post adoptivo que actualmente no existe en el país, ni en ningún otro de Latinoamérica”, señala el Sename.

Con todo, mientras eso se define, en las causas en tribunales y acumuladas en decenas de carpetas de los juzgados de familia, seguirá escribiéndose la historia de los menores, que sin conocer la trayectoria de estos cambios, deambulan en un limbo regulatorio que regirá en lo inmediato su vínculo más básico: el derecho a crecer en una familia. •••