Aunque la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se mantiene en el más estricto sigilo, en el mercado comienzan a trascender algunos detalles de la formalización judicial de nueve personas por eventual uso de información privilegiada en la frustrada fusión de D&S y Falabella.

  • 18 marzo, 2008


Aunque la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se mantiene en el más estricto sigilo, en el mercado comienzan a trascender algunos detalles de la formalización judicial de nueve personas por eventual uso de información privilegiada en la frustrada fusión de D&S y Falabella.

Aunque la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se mantiene en el más estricto sigilo, en el mercado comienzan a trascender algunos detalles de la formalización judicial de nueve personas por eventual uso de información privilegiada en la frustrada fusión de D&S y Falabella. Fuentes cercanas al caso indicaron queuna parte de los involucrados estaría trabajando con dos importantes bufetes de la plaza: el Estudio Barros&Errázuriz y la oficina de Alfredo Alcaíno. Las mismas fuentes dijeron que la mayoría de los involucrados fueron formalizados por infringir el “deber de abstención” consignado en el artículo 165 de la Ley de Valores.

En la SVS, sin embargo, revelaron que “al menos uno” de los afectados estaría siendo investigado por uso de información privilegiada. Hay que destacar que sólo en 2007, la superintendencia que encabeza Guillermo Larraín sancionó a 12 personas, cifra superior a los cuatro casos de 2006 y al único caso de 1997, lo que prueba que el rol de fiscalizador es un sello que el economista concertacionista quiere imprimir a su cargo. Como prueba de esto en la Superintendencia anticiparon que de aquí a junio la Unidad de Investigación aumentará de siete a 11 sus integrantes.