• 17 junio, 2011



No es sano que en una democracia se pierda el respeto cívico. El peso principal de esta prueba lo tiene el gobierno. Lo que menos necesita Chile en estos momentos son acuerdos insuficientes o, peor aún, acuerdos con letra chica.

El año 2011 ha sido un año difícil para el gobierno. “El país está bien, pero la política está mal” ha reiterado en varias ocasiones el presidente Piñera desde que regresó de sus vacaciones en Italia. Entre paréntesis, no deja de ser preocupante que la máxima autoridad política del país sea la que dice que la política está mal; entre otras cosas, porque es precisamente la autoridad presidencial la principal llamada a velar por una política de calidad. Pero más allá de aquello, es evidente que existe un clima de crispación política y social, que se une a un acelerado proceso de descrédito ciudadano hacia la política y las autoridades. ¿Cómo superar este escenario?


Se han generado dos tesis al respecto. La primera indica que la solución pasa por volver al espíritu de la “democracia de los acuerdos” de comienzos de los años noventa. Esta tesis es defendida por el gobierno actual y por algunos connotados concertacionistas.


La segunda tesis sostiene que sencillamente no hay solución: el país está maduro y es hora de que comience a debatir sin tapujos –y con la gente en la calle– todos los temas, aunque ello implique, por ejemplo, confrontación e inmovilismo legislativo. Esta tesis es defendida por gran parte de los partidos políticos de la oposición; y en cierta medida es practicada (aunque no completamente asumida) por la bancada de la UDI. Y, además, cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales.


¿Es tan cierto ese dilema? ¿Son todos los acuerdos elitistas y excluyentes? ¿Son todos los disensos perniciosos para el desarrollo del país y su democracia?


El dilema así planteado es dañino para la política. Por un lado, es un hecho que las democracias necesitan de ciertos grados de acuerdo o, al menos, acuerdo en lo que no se está de acuerdo. Más aún: las grandes transformaciones que se han dado en el Chile democrático han tenido, casi siempre, una gran mayoría política y social detrás. Desde la reforma agraria y la nacionalización del cobre hasta la transición y la consolidación de las instituciones democráticas.


Por otro lado, también es cierto que los acuerdos, para ser efectivos, deben gozar de amplitud política y social. Los pactos excluyentes y sin legitimidad ciudadana terminan haciendo un peor favor a la política, porque la afectan en su credibilidad. No se trata del acuerdo por el acuerdo, sino que de trabajar grandes acuerdos. El gobierno no puede pretender convocar a sólo parte de la oposición para dialogar salidas a la crisis política. Es un hecho que la oposición hoy va algo más allá de los partidos políticos de la Concertación. Se debe, por tanto, ser políticamente hábil para llegar a todo ese mundo político y social que no se siente necesariamente representado por los partidos.


Es cierto: se hace más dificultoso trabajar convenios en espacios amplios y heterogéneos. Pero no hay que menospreciar el efecto positivo de mostrar real voluntad de diálogo. Las inicialmente menospreciadas “comisiones ciudadanas” de Bachelet –desde la reforma previsional hasta la educacional, pasando por la comisión Meller– tuvieron ese efecto. Hubo deserciones, hubo desencuentros, incluso hubo decepción de parte de muchos respecto de sus resultados. Pero nadie podrá negar que fueron instancias privilegiadas de diálogo y de trabajo efectivo, que elaboraron buenos diagnósticos y que generaron, en algunos casos, contundentes reformas. No es sano que en una democracia se pierda el respeto cívico. El peso principal de esta prueba lo tiene el gobierno. Lo que menos necesita Chile en estos momentos son acuerdos insuficientes o, peor aún, acuerdos con letra chica.


Por una parte, se requiere urgentemente abordar los temas de la calidad de la política, porque los reducidos espacios de participación no están dando abasto a la demanda ciudadana de incidir en la marcha del país. Si hay algo que molesta a los ciudadanos es la sensación de votar y votar, pero que las cosas no cambien y los elegidos sigan siendo los mismos. Es lo que está ocurriendo en nuestro sistema a raíz, por ejemplo, del sistema binominal o de la escasa descentralización.


Pero, por otra parte, el llamado al diálogo no se agota en los temas políticos. Se requiere, también, debate abierto y constructivo en otra serie de asuntos de relevancia: desde el desarrollo energético y el cuidado ambiental hasta la educación superior, o el tema laboral.


Para todo eso se necesitan una hábil conducción política y una genuina disposición de diálogo. El actual gobierno ya equivocó gravemente en esta materia, al desaprovechar el sentido de unidad nacional que pudo haber impreso en el proceso de reconstrucción a raíz del terremoto, y optó por la política de trinchera. Ahora tiene que ser distinto, y para eso se requieren muestras inequívocas de buena fe de parte de la autoridad; y, particularmente, del presidente de la República.