• 6 mayo, 2011



Toda esta legislación, que no tiene nada de moderna, es candidata segura a la liposucción legislativa. Pero pareciera que a muchos conspicuos legisladores y colegisladores pareciera no importarles.


El proyecto de ley sobre rotulación de alimentos –que terminó siendo el proyecto de su prohibición- da como para cuestionarse cómo andamos por casa. Nos referimos a cómo se encuentra ese tejido adiposo del que suele estar recubierto nuestro Estado, y que le impide desplazarse con agilidad o peor, tener un riesgo serio de infarto al miocardio institucional.

En efecto, nos remitimos a aquellas áreas donde se ha ido acumulando materia grasa –a veces de manera inconsciente, otras, a vista y paciencia de los ciudadanos- que se reparte en distintas secciones de nuestro aparato estatal. Se trata de ver más allá del evidente “rollo abdominal” del Estado, en particular su burocracia: es necesario escudriñar zonas menos evidentes pero que igualmente hacen vulnerable al paciente.

Partamos por nuestra justicia. No nos me referimos a la manifiesta falta de vigencia de nuestra institucionalidad jurisdiccional, sino más bien a si el poderoso Estado está en igualdad de condiciones –al menos desde el punto de vista del debido proceso– en relación al ciudadano cuando litigan el uno contra el otro. Aquí hay un categórico no. ¿Sabía usted que el fisco tiene más de medio centenar de privilegios procesales que cualquier persona? Tal como lo lee, y son de todo tipo: en materia probatoria, a los recursos y acciones, etcétera, consagrados expresamente en nuestras leyes hace ya decenas de años. Necesitamos extirpación de estos nódulos. Urgente.

En materia de institucionalidad laboral administrativa, los quistes parecen venir del siglo XVII, porque nuestra Dirección del Trabajo inspira la mejor realidad monárquica pre – Montesquieu. Así, ella reúne las tres funciones estatales: dicta normas; las aplica sancionatoriamente y luego pretende resolver (¿imparcialmente?) las contiendas entre dos partes, siendo que una de ellas –el empleador– es precisamente a la que norma y sanciona. Aquí requerimos una incisión rápida que separe la tres cabezas de este monstruo siamés: dividiendo sus poderes, como sabiamente los hicieron las naciones… ¡hace más de dos siglos!

Algunas empresas del Estado no escapan a estas patologías. ¿De verdad no existe mejor alternativa para los dineros de todos los chilenos que invertir en riesgosas inversiones de “exploración” de reservas de hidrocarburos en el extranjero? No han pasado más de dos años desde que todos tuvimos que pagar más de 1.000 millones de dólares por pérdidas de Enap, pero no se ven signos de subsidiariedad: esta que nos dice no solo lo que el Estado debe intervenir -cuando los particulares no pueden o no quieren asumir un actividad (que, convengamos en el mercado de los hidrocarburos ya hay muchos que los hacen y muy bien)- sino también que el Estado debe agotar todos los medios necesarios para devolver esa actividad a quien pueda hacerlo mejor –y más barato–, y centrar sus energías y recursos en focalizar la lucha contra la pobreza o la delicuencia. No por nada, incluso en países que fueron seudo socialistas –que ya vienen de vueltacomo Suecia, el Estado nunca se involucró con fuerza en aventuras empresariales.

Por último, nuestro estatuto administrativo deja bastante que desear. Fue el propio ministro de Hacienda del gobierno pasado el que reconoció que tenían contratada en el ministerio a una persona para comprar el diario. Enhorabuena se rechazó recientemente en el Senado una moción que les permitía el derecho a huelga a quienes no pueden ser despedidos sino por un sumario administrativo, ya que es el derecho propio de quien tiene la amenaza del despido, como sucede con el resto de los trabajadores del sector privado.

Toda esta legislación, que no tiene nada de moderna, es candidata segura a la liposucción legislativa. Pero pareciera que a muchos conspicuos legisladores y colegisladores pareciera no importarles. ¿Será que muchos de ellos la necesitan también? En realidad, no gracias: preferimos la dieta responsable –no esa impuesta en leyes- y el buen ejercicio intelectual, físico y espiritual que permitan a nuestro Estado gozar de mejor salud para servir con energía al ciudadano y no asfixiarlo sin que a veces nos demos cuenta. ¿Será por eso que el mejor gobierno es el que menos gobierna?