La crisis financiera terminó por desnudar las debilidades del modelo económico europeo. Ante la imposibilidad de solventar los costosos sistemas de seguridad social, los dirigentes del Viejo Continente cierran el año con la insostenible presión de cambiar el Estado benefactor por uno que traslade la responsabilidad del bienestar futuro a cada habitante. Aunque no quieran. Por Marcela Corvalán.

  • 29 diciembre, 2010

 

La crisis financiera terminó por desnudar las debilidades del modelo económico europeo. Ante la imposibilidad de solventar los costosos sistemas de seguridad social, los dirigentes del Viejo Continente cierran el año con la insostenible presión de cambiar el Estado benefactor por uno que traslade la responsabilidad del bienestar futuro a cada habitante. Aunque no quieran. Por Marcela Corvalán.

La anécdota pertenece a Felipe González, el mediático ex presidente del gobierno español. Cuenta que en un restaurante de la costa ibérica, estando en compañía del ex canciller alemán Helmut Kohl, coincidieron hace unos años con un pequeño grupo de amigos germanos que cenaban en el lugar. Kohl supuso que eran veraneantes, pero cuál sería su sorpresa cuando le contaron que vivían en este fantástico lugar, sin más trabajo que viajar una vez al mes a Alemania para cobrar su seguro de desempleo.

González dice que Kohl quedó atónito y que tardó varias horas en meditar el asunto hasta concluir en que los felices desempleados estaban tirando por la borda años de esfuerzo en la implementación de todo ese engranaje social que llenó de fama y orgullo a la vieja y querida Europa. En otras palabras, el Estado benefactor convertido en botín de oportunistas y, con el paso de los años y el peso de los abultados déficit fiscales, en destino preferente de los recortes de gastos por parte de reticentes autoridades germanas, griegas, irlandesas, españolas, británicas y un largo etcétera.

Europa defendió por largo tiempo las bondades de su sistema social de mercado, o Estado de bienestar, en oposición a lo que consideraba el capitalismo salvaje e individualista de Estados Unidos.

El sistema se creó en los 40, después de la guerra, con la idea de compartir la riqueza y evitar que hubiera nuevas contiendas. En esos días, la población crecía a tasas aceleradas y la necesidad de reconstruir un continente devastado hizo que la economía se expandiera a tasas de 5% anual. Por años, los estados hicieron grandes promesas a sus ciudadanos: seis semanas de vacaciones al año, jubilación con pensiones completas a los 60 años, subsidios de cesantía y salud gratuita eran la norma. Conseguir un empleo público era asegurarse una vida tranquila, hasta el punto de convertirse en la aspiración de 75% de los jóvenes franceses. Pero no hicieron planes para pagar por ello. Y las condiciones económicas cambiaron. La demografía, también: las mujeres salieron a trabajar, las familias tuvieron menos hijos, la población envejeció. Los gobiernos, conscientes de la imposibilidad de que cada vez menos trabajadores jóvenes se hicieran cargo de las pensiones de más y más retirados con mayor expectativa de vida, comenzaron a ofrecer miles de euros a quienes tuvieran hijos, en efectivo o a través de créditos tributarios. Los avances científicos hicieron que las personas vivieran más años, con pensiones pagadas por el Estado. Mantener a todas esas personas se hizo cada vez más caro. Prohibitivo.

Según datos del Programa Económico Internacional del Carnegie Endowment, el gasto del gobierno se acerca a la mitad del PIB en la mayoría de los países industriales (es más en Europa y algo menos en EEUU y Japón) y el grueso de ese monto va a lo que llamamos gasto social. El gasto en pensiones absorbe entre 10% y 15% del PIB y en salud, entre 5% y 10% del PIB. Según los últimos datos de la OCDE, el promedio del gasto social entre sus países miembros es de 19,3% del PIB. Francia y Alemania suben el nivel, con un gasto social equivalente a 28,4% y 25,2% del PIB, respectivamente. En EEUU la cifra es 16,2%. En 2007, el gasto de Francia y Alemania en beneficios por cesantía era de 1,4% del PIB. En pensiones de vejez, 11,1% del PIB en Francia y 10% del PIB en Alemania.

Los gobiernos saben que esa situación es insostenible. El tema de las pensiones se estudió y discutió largamente, y hasta hubo intentos de reforma. En Italia, por ejemplo, se estima que la creación de un sistema privado de pensiones quitará algo de presión a las arcas fiscales en los próximos años. En Estados Unidos, donde se han hecho promesas parecidas, aunque en una escala algo menor, George W. Bush intentó sin éxito avanzar hacia un sistema previsional de capitalización individual, como el chileno.

La mochila insostenible

Un estudio de Goldman Sachs sobre el envejecimiento de la población publicado en 2006 concluía en que en esta década habría una ventana de oportunidad para hacer cambios antes de que el problema se hiciera crítico hacia 2020. Pero la crisis de la deuda soberana acortó todos los plazos. Con déficit presupuestarios cercanos o superiores al 100% del PIB en la mayoría de los países industrializados para 2014, la presión por recortar el gasto es intensa. Vital.

Mire lo que le pasó a Chrysler y General Motors. Ambas empresas ofrecían empleo vitalicio, sueldos sobre la norma y generosos beneficios en pensiones y salud. Hasta había un programa llamado “job bank” o banco de empleo: GM acordó con los sindicatos que, en vez de despedir trabajadores (a los sindicalizados, claro), los mantendría en sus casas, pagándoles el sueldo. Debía mantener sus plantas operando al 80% de su capacidad, vendiera o no los autos. No hay que decir que la pérdida de competividad frente a los rivales japoneses fue haciéndose cada vez mayor. Al final, los “legacy costs” o costos heredados, como llamaban a lo que había que pagar por pensiones y beneficios de salud, eran de 1.600 dólares por auto producido. Lo mismo pasaba en Chrysler. Datos de la United Auto Workers, el sindicato de la industria automotriz, mostraban que a noviembre de 2008 GM mantenía a 4,61 millones de jubilados y esposas sobrevivientes. La cifra era de 2,11 millones en Ford y de 1,6 millón en Chrisler. No es raro que durante su incursión en el tribunal de quiebras GM y Chrysler hayan tenido bien arriba en la agenda el tema del gasto social. Ahora, extrapole esa situación a los estados. De terror.

Los actuales planes de austeridad en Europa han apuntado primero a los sueldos de los empleados públicos. Es posible que, por una cuestión legal, las pensiones ya concedidas sean intocables. Pero los excesos del sistema –la edad promedio de jubilación en Grecia es de 53 años… no es sorpresa que los alemanes estén furiosos por haber tenido que rescatarlos– han encendido la discusión sobre el sistema. El ensayista y economista francés Guy Sorman planteaba hace algunas semanas en una entrevista con Capital que el sistema social europeo era cómodo y con fuertes incentivos para no trabajar. “Las personas toman decisiones racionales, hemos construido un sistema donde lo racional es no trabajar”, sostuvo.

Alemania, cuya edad de jubilación ya está entre las más altas de la Unión Europea, analiza reducir los subsidios al desempleo, que incluyen dar a los alemanes de menos de 50 años que pierdan su trabajo casi 60% de su último salario antes de impuestos por hasta un año. Y ese beneficio surgió después de recortes a subsidios aún más generosos hace unos cinco años. El ministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble, ha dicho en más de una entrevista y columna de opinión que deben ajustar sus sistemas de seguridad social de modo que motiven a las personas a trabajar y no ofrezcan incentivos contraproducentes.

Cambios en trámite

Reformar un sistema que los europeos sienten que los define nunca iba a ser una tarea fácil; mucho menos, popular. Los gobiernos estiraron la cuerda lo más posible. Pero ahora todos corren al mismo tiempo a cerrar sus déficit para evitar un colapso aún mayor de la confianza en el euro. Las protestas de ciudadanos decepcionados serán cada vez más comunes, trasladando la prueba a la fortaleza de los regímenes políticos.

En vez de la redistribución paternalista de recursos cada vez más limitados hacia una base creciente, los Estados tendrán que ofrecer herramientas que permitan a las personas tomar sus propias decisiones y hacerse coresponsables de su bienestar futuro.

Inglaterra anunció que subirá la edad a la que los ciudadanos pueden recibir una pensión del Estado de 60 a 65 años para las mujeres y de 65 a 66 para los hombres. Además, exigirá a los desempleados que busquen trabajo, como requisito para entregarles un subsidio de cesantía. De sentido común: tratará de dirigir el gasto social a las personas de más bajos ingresos, en vez de crear mecanismos como créditos tributarios por hijo, que beneficien a todos.

Francia elevó la edad de jubilación en dos años –muchos trabajadores aún pueden jubilar a los 60 años con el equivalente a la mitad de su salario promedio, con montos más altos para empleados públicos, quienes tengan tres o más hijos, militares y otros.

En España, además de aumentar la edad de jubilación a los 67 años, algo que debe votarse en estos días, el gobierno socialista congeló los incrementos en las pensiones que buscaban compensar las variaciones en la inflación por al menos dos años. También recortará los subsidios a los discapacitados y eliminará un bono de 2.500 euros por cada nuevo hijo.

Ahora, no es que Europa vaya a dejar a los ciudadanos librados a su suerte. Es más probable que avance hacia un modelo de Estado habilitador, con una red de seguridad social que enfatice la responsabilidad individual y que ofrezca incentivos para volver a trabajar, en el caso de los desempleados, y a seguir trabajando, para los adultos mayores. En vez de la redistribución paternalista de recursos cada vez más limitados hacia una base creciente, los estados tendrán que ofrecer herramientas que permitan a las personas tomar sus propias decisiones y hacerse co-responsables de su bienestar futuro.

Es lo que ya se está viendo en el norte de Europa, donde los gobiernos han avanzado en la reforma del bienestar social y tienen sistemas de desempleo que cambiaron el foco hacia empujar a las personas a trabajar otra vez y no a hacer cómoda su cesantía. Ven los beneficios como inversión social, pero también como una situación temporal.

Dinamarca, por ejemplo, implementó un sistema conocido como “flexicurity”, flexiseguridad, que combina la flexibilidad para contratar y despedir trabajadores con seguridad financiera. Un trabajador que pierde su trabajo pasa de inmediato por un programa de capacitación y debe aceptar el primer empleo que se le ofrezca. En el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo danesa era de 7,5%, por debajo del promedio de 9,6% de la Unión Europea.

Noruega tiene financiadas sus pensiones y subsidios de cesantía con fondos del petróleo. Aun así, tiene también una de las tasas de desempleo más bajas de Europa, con apenas 3% en abril.

Una tendencia notable en los países nórdicos es la de cambiar la edad de jubilación por un número mínimo de años de cotización. En vez de jubilar a los 60 o 65 años, las personas ahora deben cotizar por al menos 40 años para tener derecho a una pensión completa. La edad sí se toma en cuenta para las pensiones solidarias o con garantía estatal: sólo se entregarán a los mayores de 65 años.

En el sur de Europa, en contraste, tienen todo por hacer. Como una manera de reducir el gasto gubernamental para cumplir con las condiciones del rescate, ahora los griegos deben contribuir por 40 años a los fondos de pensiones y la edad mínima para acceder a una pensión anticipada se estableció en 60 años. Los empleados públicos con sueldos superiores a 3 mil euros mensuales perderán dos meses adicionales de sueldo que se les pagaban, uno en Navidad y el otro entre Pascua de Resurrección y las vacaciones de verano.

En Portugal, visto como el próximo candidato a un rescate, el gobierno está optando por subir los impuestos y evitando grandes recortes a los beneficios. De todos modos, bajará un poco el monto del subsidio de cesantía y obligará a los trabajadores a aceptar cualquier empleo que pague 10% más que lo que recibirían como pago por desempleo. Y aumentará los controles sobre quienes pidan beneficios sociales al estado.

La crisis no ha terminado. Y las reformas están apenas comenzando. Pero no hay marcha atrás. Adiós a papá Fisco. Hay que trabajar.