Como si se tratara de una contraofensiva ante las denuncias que pesan sobre su fundador, los muchachos de Wikileaks se lanzaron a publicar un montón de cables nada de diplomáticos provenientes del Departamento de Estado Norteamericano. La disonancia entre el decir y el actuar hizo saltar los tapones. ¿Cómo andamos por casa? Por Guillermo Turner

  • 30 noviembre, 2010

Como si se tratara de una contraofensiva ante las denuncias que pesan sobre su fundador, los muchachos de Wikileaks se lanzaron a publicar un montón de cables nada de diplomáticos provenientes del Departamento de Estado Norteamericano. La disonancia entre el decir y el actuar hizo saltar los tapones. ¿Cómo andamos por casa? Por Guillermo Turner

 

Como si se tratara de una contraofensiva ante las denuncias que pesan sobre su fundador, los muchachos de Wikileaks se lanzaron a publicar un montón de cables nada de diplomáticos provenientes del Departamento de Estado Norteamericano. La disonancia entre el decir y el actuar hizo saltar los tapones. ¿Cómo andamos por casa? Por Guillermo Turner.

 

Si, como decía Zhou Enlai, “toda diplomacia es una guerra continua por otros medios”, entonces el contenido de los 251.287 documentos revelados por Wikileaks la semana pasada no debiera sorprendernos. Pero ocurre que la sensación a nivel de opinión pública es algo más incómoda.

“La publicación de los documentos revela las contradicciones entre la imagen de Estados Unidos y lo que se dice realmente tras puertas cerradas”, puntualizó el portavoz de Wikileaks, Julian Assange, poniendo énfasis en la cuestión de fondo que estos cables dejaron en evidencia. Porque, más allá de algunos datos valiosos, una cierta dosis de añeja guerra fría y una buena cantidad de “pelambres” diplomáticos, lo que Wiki confirmó es lo que todos sabemos o, al menos, sospechamos: que la consecuencia no lidera el ranking de los principios más aplicados por nuestras autoridades.

Y el asunto es que en democracia esas autoridades no son otra cosa que representantes del poder popular, lo que obliga a tener en cuenta a la opinión ciudadana al momento de comportarse. ¿Quieren los estadounidenses que sus diplomáticos sean vistos como espías? Probablemente, no. “Si los ciudadanos en una democracia quieren que su gobierno refleje sus deseos, entonces deberían tener la oportunidad de pedir que se les muestre qué pasa en realidad detrás del escenario”, sentenció Assange.

Tiene razón. El mundo ha avanzando notablemente en materia de acceso a la información pública, pero siempre a codazos con esa potente liga de funcionarios de primer, segundo y hasta tercer orden que se suponen depositarios de información restringida con presuntos beneficios soberanos. ¿Quién lo determina? Sabe Moya. Pero si la clasificación de documentos es necesaria, entonces el electorado debiera tener suficiente confianza en el comportamiento y en la consecuencia de sus autoridades: entre lo que dicen y hacen, entre anuncios y resultados, entre los valores que defienden y su accionar diario.

“Pero no es posible estar en un gobierno y que todo el mundo conozca tu debilidad”, reclama el historiador británico Hugh Thomas y solicita, al menos, unos 20 años de reserva antes de que los documentos públicos puedan ser revelados. Ello supone, por lo pronto, una política al respecto, la misma que Chile no posee. La aplaudida norma de acceso a la información pública con que cuenta el país incorporó algunas excepciones en la publicidad de documentos, cuya privacidad puede variar desde cinco años hasta en forma indefinida cuando esté de por medio la seguridad nacional. ¿Sistema de desclasificación? No existe.

Dicho sea de paso, todo hace sospechar que el comportamiento revelado de Estados Unidos no debe ser muy distinto del de los otros países, incluido el nuestro. Con mayores o menores recursos, el doble discurso no es monopolio de las potencias. Las relaciones entre Chile y Perú –curiosa combinación de tallas presidenciales, inversiones empresariales, aumento del gasto militar y demandas limítrofes- resultan, para estos efectos, un más que ilustrativo ejemplo.

El problema tampoco se limita a los terrenos diplomáticos. Basta leer la prensa chilena para comprobar el extendido uso del off the record como mecanismo de acceso y publicación de informaciones. El doble discurso de las fuentes tiene mucho que decir al respecto. “La cosa es así, pero no lo pongas con mi nombre” es la típica solicitud que reciben a diario los periodistas. La confianza absoluta –y bien merecida– en el respeto del anonimato de la fuente por parte de los periodistas se ha constituido, a fin de cuentas, en la llave maestra para decir lo que, en público, algunos prefieren callar. Como uno de los tres mecanismos más efectivos para obtener información pública, el off the record recibe el 38% de las preferencias de los periodistas encuestados por el Barómetro de Acceso a la Información 2010 que elabora la Fundación de la Prensa.

Habrá que dejarle espacio a la política, dirán algunos. Pero valga, entonces, un par de exigencias mínimas: una política de desclasificación de documentos, para que tarde o temprano la ciudadanía pueda conocer el comportamiento de sus autoridades, y algún grado de concordancia entre el decir y el actuar.