• 8 marzo, 2011


Para el gobierno, el año que se inicia es clave. En 2012 comienza el ciclo electoral, con las elecciones municipales y el inicio de las precandidaturas y definiciones presidenciales en las coaliciones.


A juzgar por los incidentes preliminares del verano, este puede ser un año horrible para la política chilena. Ni terrible ni trágico, como han sido otros que quedaron atrás. Horrible en el sentido de ordinario, enredoso, menor. La dividida y peleada conmemoración del 27F del terremoto, con la señora Van Rysselberghe en medio de la escena, es la antítesis de la unidad que la recordación de estos eventos producía en el pasado.

El gobierno, el presidente y las dos coaliciones están cada vez más castigados, según registran las encuestas. En la opinión pública hay un consolidado juicio negativo. Y si agregamos los avatares del caso Karadima, tampoco los tribunales y la Iglesia han salido bien parados en este tsunami de sólida incredulidad.

Y eso que la economía está bien desplegada, aunque arrecian riesgos inflacionarios derivados del complicado escenario internacional. La capacidad de la economía para crecer y crear empleos y para permitir un sostenido aumento del gasto fiscal, en el fondo, actúa como bálsamo para una población molesta con sus gobernantes y políticos, irritada por las alzas y crecientemente endeudada. Pero todo este crecimiento económico está respaldado por un precio del cobre que se ha mantenido en alza ya por buen tiempo. Alto precio que no es eterno y que, por su efecto sobre el tipo de cambio, genera evidentes complicaciones.

Para el gobierno, el año que se inicia es clave. Porque en 2012 comienza el ciclo electoral, con las elecciones municipales y el inicio de las precandidaturas y definiciones presidenciales en las coaliciones.

El Ejecutivo debe aprovechar el tiempo, porque las complicadas relaciones entre la UDI y RN auguran que la decisión sobre la opción 2014 no será nada de fácil. De alguna manera este lío se puede proyectar en el funcionamiento del gobierno y acentuar su desgaste. Para Piñera, este es el último año en que puede poner sobre la mesa reformas significativas o promover acuerdos sobre temas relevantes que, de paso, modifiquen el cuadro de confrontación que se ha vivido en los últimos meses y reemplace al actual antagonismo por la cooperación.

Para la Concertación el año es todavía más complicado, porque tiene que tomar decisiones no sólo coyunturales, sino, definitivamente, de fondo. En algún momento tendrá que abandonar el espejismo de solazarse con las malas encuestas del gobierno.

Sus siguientes desafíos electorales le exigirán definiciones sobre la naturaleza misma de la coalición, sus componentes y sus fronteras, tanto políticas como ideológicas, así como sus formas de articulación interna. Si aprendió la lección, debe incorporar, además, nuevos y transparentes mecanismos para sus definiciones internas.

La tesis de unir desde el PRI al PRO para juntar a toda la oposición enfrenta las interrogantes de varios de los socios fundadores de la coalición; en particular, de la DC, que se ve amenazada con dicha configuración. Adicionalmente, el carácter puramente electoral de esta hipotética coalición puede resistir las elecciones municipales –a lo más–, pero es difícil que sobreviva más allá, porque la idea de un acuerdo programático es en la actualidad totalmente descartable entre tan diversos e hipotéticos socios.

La falta de legitimidad y respaldo de las instituciones contrasta con las nuevas formas de acción política en defensa de los derechos de comunidades y consumidores. Los ejemplos de la gente de Magallanes y la relevante acción de Conadecus para llevar al Tribunal de la Libre Competencia la fusión Lan-Tam hablan de otros modelos, que utilizan vías alternativas para representar el interés ciudadano. Recurren a las redes sociales u otros vehículos que substituyen a un sistema político que pierde capacidad para representar a la ciudadanía y que, según el juicio público, vive enfrascado en internas interminables y consagrado a la exacerbación de proyectos y ambiciones personales enteramente irrelevantes para el pensamiento común.

Mientras tanto, el trámite de las reformas políticas está paralizado en el Congreso, incluyendo la ampliación del padrón electoral, las que promueven la descentralización y las que permiten incorporar más participación en los procesos de elección de candidatos. Como si nuestra elite política estuviese esperando una nueva crisis para hacer estos cambios urgentes.

Probablemente, la justificación de tanto cortoplacismo de nuestros políticos radique en que tienen la convicción de que, como sostiene la tradición maya, el fin del mundo ocurrirá en 2012.